**Fallo en el Senado: La Corte Suprema Rechaza a Milei – Análisis Completo**
La reciente derrota del gobierno de Javier Milei en el Senado, al no conseguir la aprobación de sus candidatos para la Corte Suprema, no fue un evento aislado. Fue el resultado de una serie de decisiones estratégicas cuestionables, una falta de lectura del panorama político y una insistencia en métodos que generaron rechazo transversal. Este artículo analiza en profundidad los factores que condujeron a este revés, desde el polémico decreto de nombramiento en comisión hasta los argumentos esgrimidos por los senadores de diferentes bloques, revelando una compleja dinámica de poder y una crisis de legitimidad en la designación de los máximos jueces del país.
El Decreto en Comisión: El Detonante de la Crisis
La decisión de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en comisión a través de un decreto presidencial fue el punto de inflexión que desencadenó la oposición en el Senado. Esta medida, percibida como un intento de eludir el proceso de acuerdo parlamentario, generó una fuerte controversia desde el principio. El nombramiento en comisión, aunque legalmente posible, se considera una práctica excepcional reservada para situaciones de urgencia o vacancia temporal, no para cubrir cargos permanentes en la Corte Suprema. La falta de diálogo previo con los senadores y la imposición unilateral de los candidatos agravaron la situación, creando un clima de desconfianza y resentimiento.
El argumento central del gobierno se basó en la necesidad de agilizar la conformación de la Corte, que se encontraba con un número reducido de miembros. Sin embargo, esta justificación no convenció a la mayoría de los senadores, quienes consideraron que el decreto vulneraba los principios de separación de poderes y control parlamentario. La insistencia en mantener los pliegos a pesar de la falta de apoyo visible en el Senado fue interpretada como una muestra de intransigencia y una falta de voluntad para llegar a un acuerdo.
La Perspectiva de Género: Un Obstáculo Inicial
Uno de los primeros escollos que enfrentó la propuesta de Milei fue la perspectiva de un máximo tribunal integrado exclusivamente por hombres. La senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, fue una de las primeras en expresar su preocupación por esta cuestión. La falta de representación femenina en la Corte Suprema fue vista como un retroceso en materia de igualdad de género y una falta de sensibilidad hacia las demandas de la sociedad civil. Este argumento, aunque no fue el único, contribuyó a generar un clima desfavorable para la aprobación de los pliegos.
La ausencia de mujeres en la Corte Suprema no es un problema nuevo en Argentina. A lo largo de la historia, la representación femenina en los tribunales superiores ha sido históricamente baja. La insistencia del gobierno en presentar dos candidatos masculinos, a pesar de las críticas, reforzó la percepción de que no se estaba dando prioridad a la diversidad de género en la conformación del Poder Judicial.
"La Banquina Constitucional" y las Acusaciones de Engaño
El argumento más contundente planteado por Tagliaferri y Lousteau fue que los candidatos habían aceptado "ir por la banquina constitucional" al aceptar ser nombrados por decreto. Esta expresión se refiere a una vía no convencional y cuestionable para acceder a un cargo público, que implica eludir el proceso de acuerdo parlamentario. La acusación de que García Mansilla había "mentido en la cara" a los senadores, al afirmar que no aceptaría asumir en la Corte por decreto, añadió un elemento de desconfianza personal a la controversia.
La aceptación del nombramiento en comisión por parte de los candidatos fue interpretada como una falta de respeto hacia el Senado y una demostración de sumisión al poder ejecutivo. Esta actitud generó indignación entre los senadores de diferentes bloques, quienes consideraron que se estaba socavando la independencia del Poder Judicial y la legitimidad del proceso de designación.
Las Grietas Internas y las Acusaciones Cruzadas
La derrota de Milei en el Senado también puso de manifiesto las grietas internas dentro del oficialismo y las acusaciones cruzadas entre los diferentes actores políticos. El ex libertario formoseño, Francisco Paoltroni, denunció haber sido expulsado del oficialismo por Santiago Caputo, asesor presidencial, tras anticipar su rechazo a Lijo. Paoltroni también acusó a Lijo de haber "salvado" al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en una causa judicial, lo que alimentó las sospechas sobre su imparcialidad.
Estas acusaciones revelaron la existencia de tensiones y rivalidades dentro del gobierno, así como la influencia de intereses particulares en el proceso de designación de los jueces. La falta de transparencia y la opacidad en la toma de decisiones contribuyeron a generar un clima de desconfianza y sospecha.
Un Rechazo Transversal y las Advertencias sobre la Inversión
Las críticas al decreto las compartieron incluso algunos senadores que intentaron ayudar al gobierno a evitar el quórum. Luis Juez, del PRO, rechazó a Lijo pero acompañó la nominación de Mansilla, advirtiendo que "no es forma designar jueces por decreto". Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR, advirtió que la decisión de Milei de nombrar a los jueces por decreto era una jugada que "gana por un lado y pierde un montón por el otro", ya que afecta la confianza de los inversores en el país.
La preocupación por el impacto de la crisis judicial en la economía fue expresada por varios senadores. La falta de garantías jurídicas y la incertidumbre sobre el funcionamiento del Poder Judicial pueden disuadir a los inversores extranjeros y afectar el crecimiento económico del país. La estabilidad institucional y el respeto por el Estado de Derecho son factores clave para atraer inversiones y generar confianza en el mercado.
La Bancada de Unión por la Patria y las Acusaciones de Distracción
La bancada de Unión por la Patria fue la más dura en sus críticas al plan de Milei. Anabel Fernández Sagasti advirtió que si García Mansilla continúa como juez en la Corte Suprema tras el rechazo del Senado, todos sus fallos "van a ser nulos de nulidad absoluta". José Mayans acusó a Milei de haber nombrado a los dos jueces por decreto para "distraer" a la opinión pública tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que calificó como una "estafa piramidal".
Estas acusaciones sugieren que la crisis judicial fue utilizada por el gobierno como una estrategia para desviar la atención de otros problemas más graves, como el escándalo de la criptomoneda. La falta de credibilidad del gobierno y la percepción de que se estaba utilizando la justicia con fines políticos contribuyeron a agravar la situación.
Voces Aisladas a Favor y los Antecedentes Ignorados
Entre las pocas voces a favor de los pliegos se destacaron Cármen Álvarez Rivero, del PRO, quien defendió a García Mansilla y cuestionó a los opositores por dar quórum a una sesión que, para ella, solo buscaba "desgastar al gobierno", y Carolina Moisés, de Unión por la Patria, quien respaldó al juez federal por su "experiencia" y "carrera". Sin embargo, estas voces fueron minoritarias y no lograron revertir el resultado de la votación.
El gobierno ignoró los antecedentes en este tema, como el caso de Cristina Kirchner en 2015, quien retiró el pliego de Roberto Carlés ante la falta de apoyo en el Senado, y el de Mauricio Macri en 2016, quien designó a Rosatti y Rosenkrantz en comisión pero no les tomó juramento hasta obtener el acuerdo del Senado. La insistencia en repetir errores pasados demostró una falta de aprendizaje y una incapacidad para adaptarse a la realidad política.
“La designación de jueces es un acto de alta responsabilidad institucional que requiere consenso y respeto por las normas constitucionales. El decreto del Presidente Milei vulneró estos principios y generó una crisis de legitimidad en el Poder Judicial.”
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