Entrerriano: Procesan a Empresarios por Sobornos y Fraude en Obras Viales

La corrupción en la obra pública argentina vuelve a ser noticia, esta vez con un fuerte golpe a empresarios entrerrianos vinculados a la construcción de rutas nacionales. La Cámara Federal confirmó el procesamiento de once personas y dos empresas constructoras, Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, por presunto pago de sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos. Este caso no solo destaca por la magnitud de los montos involucrados –un embargo total de $632.381.436– sino también por ser una de las primeras aplicaciones de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, abriendo un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción corporativa en el país.

El Escándalo de los Sobornos en la Obra Pública

La investigación, iniciada por el juez Sebastián Casanello, revela un esquema delictivo sofisticado que involucra la declaración de volúmenes de obra mayores a los reales, especialmente en tramos de la Ruta Nacional 19 en Córdoba, y la posterior distribución de los sobreprecios en forma de sobornos a funcionarios públicos. La clave del éxito de esta operatoria residía en la manipulación de la documentación y la intimidación a aquellos que se oponían a la falsificación. La denuncia de un inspector de obra, quien se negó a firmar documentación irregular y denunció presiones de su superior, Guillermo Crisci, excoordinador de la Dirección de Obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), fue crucial para destapar el entramado.

El procesamiento de las empresas Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA, históricamente activas en la obra pública de Entre Ríos y otras provincias, marca un precedente importante. Hasta ahora, la responsabilidad penal se centraba en los individuos involucrados en los actos de corrupción. La Ley 27.401, sancionada en 2017, permite imputar penalmente a las empresas por actos de corrupción cometidos en su beneficio, independientemente de la responsabilidad individual de sus directivos. Esto implica que las empresas pueden ser sancionadas con multas, inhabilitación para participar en licitaciones públicas y, en casos graves, incluso con la disolución de la sociedad.

Los Principales Imputados y su Vínculo con la Obra Pública

Entre los principales procesados figuran Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández, todos ellos vinculados a las constructoras homónimas. Estos empresarios, con una larga trayectoria en la obra pública, habrían sido los principales beneficiarios del esquema de corrupción. La investigación apunta a que la manipulación de los volúmenes de obra y el pago de sobornos les permitieron obtener contratos millonarios y aumentar sus ganancias de manera ilícita. La DNV, responsable de la supervisión de las obras viales, también está bajo escrutinio, ya que se sospecha que funcionarios de la institución facilitaron la operación a cambio de sobornos.

La figura de Guillermo Crisci, excoordinador de la Dirección de Obras de la DNV, es central en la investigación. Se le acusa de ejercer presión sobre el inspector de obra para que falsificara documentación y de encubrir las irregularidades. Su testimonio podría ser clave para esclarecer el alcance del esquema de corrupción y la identidad de otros funcionarios involucrados. La investigación también se extiende a otras personas vinculadas a las empresas constructoras y a la DNV, con el objetivo de identificar a todos los responsables de los delitos cometidos.

La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: Un Nuevo Marco Legal

La aplicación de la Ley 27.401 en este caso representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción en Argentina. Esta ley, inspirada en modelos internacionales, busca responsabilizar a las empresas por los delitos cometidos en su beneficio, incluso si los actos ilícitos fueron realizados por sus empleados o directivos. La ley establece una serie de criterios para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como la falta de controles internos adecuados, la tolerancia a la corrupción y el beneficio económico obtenido a través de la comisión de delitos.

La sanción de la Ley 27.401 fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y por sectores del gobierno que consideraban necesario fortalecer el marco legal para combatir la corrupción corporativa. Hasta entonces, las empresas podían evitar la responsabilidad penal simplemente alegando que los delitos fueron cometidos por sus empleados sin su conocimiento o autorización. La nueva ley elimina esta posibilidad y obliga a las empresas a implementar programas de cumplimiento normativo y a establecer mecanismos de control interno para prevenir la comisión de delitos.

Los Tramos Viales Bajo Investigación: Ruta Nacional 19 y Ruta Nacional 8

La investigación se centra en la manipulación de los volúmenes de obra en al menos tres tramos viales: Ruta Nacional 19 – tramo Cañada Jeanmarie – Arroyito, Ruta Nacional 19 – tramo Arroyito – Río Primero y Ruta Nacional 8 – tramo Pergamino – Fontezuela. En estos tramos, se habría declarado la ejecución de obras mayores a las reales, lo que permitió a las empresas constructoras obtener sobreprecios y repartir sobornos a funcionarios públicos. La reconstrucción de la operatoria a partir de informes técnicos, peritajes y declaraciones de testigos clave ha sido fundamental para avanzar en la investigación.

La Ruta Nacional 19, que atraviesa la provincia de Córdoba, es uno de los principales ejes viales del país. La manipulación de los volúmenes de obra en este tramo habría generado importantes pérdidas para el Estado y habría afectado la calidad de la infraestructura vial. La Ruta Nacional 8, que conecta la provincia de Buenos Aires con el norte del país, también se vio afectada por el esquema de corrupción. La investigación busca determinar el alcance de las irregularidades en cada uno de los tramos viales y cuantificar las pérdidas sufridas por el Estado.

El Rol de la Auditoría Estatal y la Importancia de los Testigos Clave

La detección de las irregularidades en los pagos fue posible gracias a una auditoría estatal que alertó sobre la existencia de inconsistencias en la documentación presentada por las empresas constructoras. La auditora estatal, cuyo testimonio ha sido crucial para la investigación, detectó que los volúmenes de obra declarados no se correspondían con los trabajos realmente realizados. Esta información permitió a la justicia iniciar una investigación más profunda y descubrir el esquema de corrupción.

La declaración del inspector de obra, quien se negó a falsificar documentación y denunció las presiones de su superior, también fue fundamental para destapar el entramado. Su testimonio corroboró las sospechas de la justicia y permitió identificar a otros funcionarios involucrados en el esquema de corrupción. La protección de los testigos clave es esencial para garantizar el éxito de la investigación y para evitar que se repitan casos similares en el futuro.

Implicaciones Futuras y el Impacto en la Confianza en la Obra Pública

Este caso tiene importantes implicaciones para el futuro de la obra pública en Argentina. La aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas envía un mensaje claro a las empresas: la corrupción no quedará impune. La investigación y el procesamiento de los responsables de este esquema de corrupción podrían sentar un precedente importante y disuadir a otras empresas de involucrarse en prácticas ilícitas.

El escándalo también afecta la confianza de la ciudadanía en la obra pública. La manipulación de los volúmenes de obra y el pago de sobornos generan dudas sobre la calidad de la infraestructura vial y sobre la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Es fundamental que el gobierno tome medidas para fortalecer los controles internos, aumentar la transparencia en los procesos de contratación y sancionar a los responsables de actos de corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Fuente: https://www.construar.com.ar/2025/04/procesaron-a-empresarios-entrerrianos/