Extorsión desde la cárcel: presos amenazan y exigen dinero a familia en Neuquén
La Unidad 11 de Neuquén, conocida como la cárcel de máxima seguridad de la provincia, se ha visto sacudida por un escándalo de extorsión que revela graves fallas en la seguridad y posibles complicidades internas. Una mujer denunció haber sido víctima de amenazas y exigencias de dinero por parte de reclusos que se hicieron con el control del celular de su pareja, un interno que cumple condena por un crimen. La historia, que salió a la luz este lunes, expone un sistema de terror dentro de la prisión, donde los presos operan con impunidad, amenazan a las familias y parecen tener acceso a información sensible, incluyendo llaves de celdas y conocimiento de los movimientos de la seguridad. Este caso no solo pone en tela de juicio la gestión de la U11, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de control implementadas para evitar la comunicación de los reclusos con el exterior y la comisión de delitos desde dentro de la cárcel.
El Inicio de la Pesadilla: La Extorsión a Través del Celular
La denuncia de la mujer describe una escalada de amenazas que comenzó con mensajes de texto y audios recibidos desde el número de teléfono de su pareja. Los reclusos, al parecer, lograron acceder al dispositivo y lo utilizaron para intimidar a la víctima, exigiendo una suma inicial de 100 mil pesos a través de una billetera virtual. La crudeza de las amenazas era impactante: no solo amenazaban con agredir físicamente al interno, sino que también extendían las amenazas a su familia, buscando generar un clima de terror que obligara a la víctima a ceder a sus demandas. Los mensajes incluían descripciones explícitas de violencia, como la amenaza de "cortarle la cara" al preso y la afirmación de que estaba siendo golpeado con cuchillos en los pasillos de la cárcel. Esta táctica de presión psicológica, combinada con la aparente capacidad de los reclusos para acceder a información sobre la vida del interno, generó un estado de desesperación en la mujer.
A pesar de la imposibilidad de reunir la suma total exigida, la víctima logró recaudar 50 mil pesos, pero las amenazas no cesaron. Los agresores continuaron insistiendo en el pago, incluso exigiendo "fierro" (armas) en mensajes posteriores. La persistencia de las demandas y la escalada de la violencia verbal evidenciaron el control que los reclusos ejercían sobre la situación y su falta de temor a las consecuencias. La mujer, presa del pánico, decidió contactar a la administración de la U11 en busca de ayuda y confirmación del estado de su pareja.
La Respuesta de la Administración y las Sospechas de Complicidad
La respuesta de la administración de la U11 fue, en palabras de la denunciante, decepcionante. Le informaron que su pareja se encontraba bien, pero evadieron responder a sus preguntas sobre la posible complicidad de personal policial y la circulación de llaves entre los internos. Esta falta de transparencia y la negativa a investigar las acusaciones de la mujer alimentaron sus sospechas de que existía un sistema de corrupción o encubrimiento dentro de la cárcel. La mención de un "trato con la gorra" en los mensajes de los reclusos sugiere que podrían tener contactos dentro del personal penitenciario que les facilitan el acceso a información y recursos prohibidos. La impunidad con la que los presos relataban su dominio sobre la seguridad interna en los audios enviados a la víctima refuerza esta hipótesis.
La falta de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades penitenciarias podría interpretarse como un intento de proteger a los involucrados en el esquema de extorsión o como una incapacidad para controlar la situación dentro de la U11. La circulación de celulares en las cárceles es un problema recurrente en Argentina, pero este caso particular destaca por la audacia de los reclusos y la gravedad de las amenazas dirigidas a la familia del interno. La posesión de llaves de celdas y el conocimiento de los movimientos de la seguridad son indicadores de un nivel de control interno que resulta alarmante y sugiere una falla profunda en el sistema de seguridad.
El Contexto del Crimen y la Posible Venganza
Las fuentes consultadas sugieren que la extorsión podría estar vinculada a un ajuste de cuentas relacionado con el crimen por el cual el preso cumple una condena de 14 años desde 2022. Esta hipótesis plantea la posibilidad de que la extorsión sea una forma de venganza por parte de otros reclusos o de personas externas a la cárcel que buscan perjudicar al interno o a su familia. El tipo de crimen cometido por el preso podría haber generado enemistades dentro de la prisión, lo que explicaría el interés de algunos reclusos en obtener dinero o información a través de la extorsión. La investigación deberá determinar si la extorsión está relacionada con el pasado del interno o si se trata de un caso aislado de delincuencia dentro de la cárcel.
La posibilidad de que la extorsión esté motivada por venganza también plantea interrogantes sobre la seguridad del interno dentro de la U11. Si los reclusos que lo amenazan tienen conexiones con otros presos o con personal penitenciario, podrían representar una amenaza real para su vida. La administración de la U11 deberá tomar medidas para proteger al interno y garantizar su seguridad, especialmente si existen indicios de que está siendo blanco de represalias por parte de otros reclusos. La investigación deberá esclarecer si las amenazas de violencia física fueron reales o si se trataba de una táctica para intimidar a la víctima y obligarla a pagar la suma exigida.
La Problemática de los Celulares en las Cárceles Argentinas
El caso de la U11 pone de manifiesto la persistente problemática de los celulares en las cárceles argentinas. A pesar de los esfuerzos por bloquear las señales y realizar controles exhaustivos, los reclusos siguen encontrando formas de acceder a estos dispositivos, que utilizan para comunicarse con el exterior, coordinar actividades delictivas, extorsionar a familiares y mantener el control sobre sus negocios ilegales. La facilidad con la que los reclusos obtienen acceso a los celulares evidencia la necesidad de implementar medidas más efectivas para combatir este flagelo. La instalación de inhibidores de señal, el aumento de los controles y la capacitación del personal penitenciario son algunas de las medidas que podrían contribuir a reducir la circulación de celulares en las cárceles.
La posesión de un celular en prisión es un delito que puede acarrear sanciones adicionales para el recluso, pero la falta de recursos y la corrupción dificultan la aplicación de estas sanciones. En muchos casos, los reclusos logran evadir los controles y seguir utilizando los celulares sin temor a ser descubiertos. La complicidad de personal penitenciario en la introducción de celulares en las cárceles es un problema grave que debe ser investigado y sancionado. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad del sistema penitenciario y evitar que los reclusos sigan operando con impunidad desde dentro de la cárcel.
Implicaciones para la Seguridad y la Justicia
El escándalo en la U11 tiene implicaciones importantes para la seguridad y la justicia en la provincia de Neuquén. La capacidad de los reclusos para extorsionar a familiares desde dentro de la cárcel demuestra que el sistema penitenciario no está cumpliendo con su función de resocialización y rehabilitación. La falta de control sobre la circulación de celulares y la posible complicidad de personal penitenciario socavan la confianza de la ciudadanía en las instituciones y generan un clima de inseguridad. La investigación del caso deberá esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados y determinar si existen fallas estructurales en el sistema penitenciario que facilitaron la comisión del delito.
La extorsión sufrida por la mujer no solo representa un daño económico y emocional para la víctima, sino que también pone en riesgo la integridad física del interno y de su familia. La impunidad con la que los reclusos operan dentro de la U11 envía un mensaje de permisividad que puede alentar la comisión de otros delitos. Es fundamental que las autoridades tomen medidas urgentes para fortalecer la seguridad en las cárceles, combatir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley. La sociedad exige un sistema penitenciario eficiente y transparente que proteja a las víctimas y contribuya a la construcción de una sociedad más segura y justa.
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