PAMI Santa Cruz: Denuncian desvío de fondos a LLA y presiones ilegales a empleados y médicos.
La denuncia que sacude a PAMI Santa Cruz y a un referente de La Libertad Avanza revela una presunta trama de desvío de fondos, presiones y exigencias de aportes obligatorios a empleados y médicos para financiar al partido de Milei. El caso, destapado por el ex delegado de Caleta Olivia, Sergio Torres, ha escalado a nivel nacional y pone en tela de juicio la gestión de Jairo Guzmán, titular de PAMI en la provincia y figura clave del espacio político libertario.
El Denunciante y el Corazón de la Acusación
Sergio Torres, ex delegado del PAMI en Caleta Olivia, es la figura central en la denuncia. Su testimonio detalla una “operatoria ilegal” orquestada por Jairo Guzmán, que involucra la exigencia de un aporte obligatorio del 10% de los ingresos en efectivo de empleados y médicos asociados a la obra social. Este dinero, según la acusación, se destinaba directamente a financiar las actividades de La Libertad Avanza. La destitución de Torres por parte de Guzmán, según el denunciante, fue el detonante para exponer las irregularidades ante la justicia.
La denuncia no solo se centra en el desvío de fondos. Torres también acusa a Guzmán y a otros integrantes de LLA, como Lucas Oyarzo y Maximiliano Krueger, de ejercer “aprietes” y amenazas para asegurar el cumplimiento de los aportes. Las pruebas presentadas incluyen audios y capturas de conversaciones de WhatsApp que, según Torres, demuestran la presión ejercida sobre los empleados y la intimidación tras la presentación de la denuncia.
Las Pruebas Presentadas: Audios, Transferencias y Testimonios
La solidez de la denuncia se sustenta en una serie de pruebas documentales y testimoniales. Los audios atribuidos a Jairo Guzmán son cruciales, ya que aparentemente contienen la exigencia directa de los pagos. Las capturas de conversaciones de WhatsApp entre Torres y Lucas Oyarzo revelan una amenaza explícita tras la denuncia penal. Además, se han presentado comprobantes de transferencias por un total de $250.000 realizadas por Torres, no a una cuenta del partido LLA, sino a la cuenta personal de Maximiliano Javier Acuña, también implicado en la denuncia.
El caso no se limita a Torres. Elba Soria, titular del ANSES, también habría sido presionada por Guzmán para realizar un depósito de $250.000 a la misma cuenta personal de Acuña. Las conversaciones de WhatsApp entre Soria y Guzmán, también incluidas en la denuncia, muestran el pedido de Guzmán de recibir el comprobante del depósito y la posterior confirmación de Soria. Esta coincidencia en el destino de los fondos refuerza la acusación de un esquema sistemático de desvío de recursos.
La Escalada Nacional y la Reunión con Leguizamo
La gravedad de las acusaciones llevó a Torres a elevar la denuncia a la máxima autoridad nacional del PAMI, el Dr. Esteban Leguizamo. El 24 de octubre de 2024, Torres se reunió con Leguizamo en la sede de la obra social en Buenos Aires, un viaje autorizado por Guzmán sin que éste supiera el verdadero propósito de la reunión. Durante el encuentro, Torres detalló los “destratos” que sufría por parte de Guzmán, la desatención a empleados y afiliados, la falta de recursos e insumos, e incluso la necesidad de que el propio delegado pagara el servicio de internet.
Torres también relató a Leguizamo cómo fue coaccionado por Guzmán y su equipo cuando se negó a exigirle a una médica recién contratada en Caleta Olivia que pagara una cuota para el partido. Este incidente, según Torres, fue el punto de inflexión que lo llevó a denunciar a Guzmán por corrupción y tentativa de extorsión. La reunión con Leguizamo, documentada en mails institucionales, permitió a Torres exponer la magnitud de las irregularidades y buscar una respuesta a nivel nacional.
El Contexto Político y las Implicaciones para LLA
La denuncia contra Jairo Guzmán adquiere una relevancia particular en el contexto político actual, marcado por la presencia creciente de La Libertad Avanza. Guzmán, como representante del partido en Santa Cruz, es una figura clave en la expansión del espacio libertario en la provincia. Las acusaciones de desvío de fondos y presiones para financiar al partido podrían generar un daño significativo a la imagen de LLA y cuestionar la transparencia de su gestión.
El caso también plantea interrogantes sobre el control interno y la supervisión de los fondos públicos en las delegaciones del PAMI. La falta de recursos e insumos denunciada por Torres, así como la necesidad de que el propio delegado pagara gastos básicos como el servicio de internet, sugieren una gestión deficiente y una posible falta de rendición de cuentas. La investigación judicial deberá determinar si las acusaciones son fundadas y si existen responsabilidades penales por parte de Guzmán y otros implicados.
Detalles Adicionales de la Operativa Ilegal
La denuncia detalla ejemplos concretos de la operativa ilegal. Se menciona el caso de un enfermo grave derivado a Rawson, para el cual se necesitaban materiales descartables. La solicitud de estos materiales se realizó a Río Gallegos por vía de excepción, pero la respuesta fue lenta y deficiente. Esto, según Torres, evidencia la falta de recursos y la desatención a los afiliados del PAMI. La situación se agravaba porque el propio delegado debía asumir los costos de la gestión, mientras que Guzmán no enviaba los fondos necesarios.
Otro aspecto relevante de la denuncia es la exigencia de “retornos” a los médicos asociados al PAMI. Guzmán, según Torres, presionaba a los médicos para que le entregaran una parte de sus ingresos en efectivo a cambio de mantener sus convenios con la obra social. Esta práctica, además de ser ilegal, generaba un clima de temor y desconfianza entre los profesionales de la salud. La denuncia de Torres busca poner fin a estas prácticas abusivas y garantizar la transparencia en la gestión del PAMI.
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