Argentina: Desalojos Masivos y Ataque a los Más Vulnerables – Crisis Social en Aumento
El presente artículo aborda dos problemáticas aparentemente dispares, pero unidas por un hilo conductor: la precarización de la vida y el ejercicio del poder. Por un lado, la propuesta del comentarista político estadounidense Pete Hegseth de recortar el 20% de los altos cargos del liderazgo militar en Estados Unidos, una medida que, aunque presentada como eficiencia, revela una lógica de desmantelamiento de estructuras y concentración de poder. Por otro lado, la brutal represión contra los “manteros” en Buenos Aires, un microcosmos de la guerra declarada contra los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, evidenciando un sistema que prioriza la “limpieza” urbana y la protección de intereses económicos sobre la dignidad humana y el derecho al trabajo. Analizaremos estas situaciones como manifestaciones de un fenómeno global: la erosión del estado de bienestar y el avance de políticas neoliberales que profundizan la desigualdad y la exclusión.
- El Recorte Militar en EE.UU.: Eficiencia o Concentración de Poder
- La Guerra Contra los Pobres en Argentina: Desalojos y Criminalización de la Subsistencia
- Conexiones Transnacionales: Neoliberalismo, Desmantelamiento del Estado y Precarización de la Vida
- El Espacio Público en Disputa: Ciudadanía, Exclusión y Derecho a la Ciudad
El Recorte Militar en EE.UU.: Eficiencia o Concentración de Poder
La propuesta de Pete Hegseth, aunque presentada en el contexto de una supuesta necesidad de optimizar el gasto militar estadounidense, debe ser analizada con cautela. Reducir el 20% de los altos cargos del liderazgo militar podría interpretarse como un intento de “desinflar” la burocracia y agilizar la toma de decisiones. Sin embargo, la historia nos enseña que este tipo de recortes a menudo conducen a una concentración de poder en manos de unos pocos, a una pérdida de transparencia y a una mayor propensión a la toma de decisiones impulsivas y autoritarias. El complejo militar-industrial estadounidense, con su enorme influencia política y económica, no es ajeno a estas dinámicas. Es crucial preguntarse quién se beneficiaría realmente de esta reducción de personal y qué implicaciones tendría para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos.
La estructura del liderazgo militar estadounidense es intrincada y está diseñada para garantizar un equilibrio de poder y una supervisión adecuada. Eliminar una quinta parte de los altos cargos podría desestabilizar este sistema, creando vacíos de poder y abriendo la puerta a la influencia de intereses particulares. Además, es importante considerar el impacto en la moral y la profesionalidad de los militares. Un recorte masivo de personal podría generar incertidumbre y desmotivación, afectando la capacidad de las fuerzas armadas para cumplir con sus funciones. La eficiencia no puede ser el único criterio a considerar; la estabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas son igualmente importantes.
El debate sobre el gasto militar en Estados Unidos es recurrente. El país gasta más en defensa que cualquier otra nación del mundo, y este gasto sigue aumentando a pesar de la falta de amenazas existenciales inmediatas. Los críticos argumentan que estos recursos podrían utilizarse de manera más efectiva para abordar problemas internos, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la atención médica. La propuesta de Hegseth, en este contexto, podría verse como un intento de desviar la atención de los problemas estructurales del sistema militar estadounidense y de justificar la continuación de una política exterior intervencionista.
La Guerra Contra los Pobres en Argentina: Desalojos y Criminalización de la Subsistencia
El desalojo de los 5.000 “manteros” del Parque Ejército de los Andes en Villa Crespo, Buenos Aires, es un ejemplo paradigmático de la guerra contra los pobres que se está librando en Argentina. Esta acción, justificada por argumentos de “competencia desleal”, “suciedad” y “dificultad para el tránsito”, revela una profunda falta de empatía y una visión elitista de la ciudad. Los “manteros” son trabajadores informales que, ante la falta de oportunidades laborales formales, recurren a la venta ambulante como una forma de subsistencia. Criminalizar su actividad es condenarlos a la exclusión y la marginalidad. La acusación de “competencia desleal” ignora el hecho de que estos vendedores no tienen acceso a los mismos recursos y privilegios que los comerciantes formales.
El caso de los “manteros” no es aislado. En todo el país, se están llevando a cabo desalojos similares, afectando a comunidades vulnerables y a familias que luchan por sobrevivir. Estas acciones son a menudo acompañadas de violencia policial y de una estigmatización mediática que refuerza los prejuicios y la discriminación. La lógica subyacente a estas políticas es la de “limpiar” la ciudad, de hacerla más atractiva para el turismo y la inversión, a costa de los derechos y la dignidad de sus habitantes más pobres. Se busca expulsar a los sectores más vulnerables del espacio público, relegándolos a la periferia y dificultando su acceso a los servicios básicos.
La represión contra los “manteros” también puede ser vista como una manifestación de la creciente criminalización de la pobreza en Argentina. En lugar de abordar las causas estructurales de la desigualdad y la exclusión, el gobierno opta por reprimir los síntomas, castigando a quienes luchan por sobrevivir en condiciones precarias. Esta política no solo es injusta e inhumana, sino que también es contraproducente. Al negar a los “manteros” la posibilidad de ganarse la vida de manera digna, se los empuja a la informalidad y a la delincuencia, perpetuando el ciclo de la pobreza y la exclusión.
La respuesta de las autoridades ante las protestas de los “manteros” ha sido, en general, represiva y despectiva. Se han utilizado gases lacrimógenos, balas de goma y arrestos arbitrarios para dispersar las manifestaciones y silenciar las voces de los afectados. La falta de diálogo y de voluntad política para encontrar soluciones alternativas es alarmante. Es necesario un cambio de paradigma que priorice la inclusión social, la protección de los derechos humanos y la promoción del trabajo decente.
Conexiones Transnacionales: Neoliberalismo, Desmantelamiento del Estado y Precarización de la Vida
Aunque aparentemente distantes, la propuesta de recorte militar en Estados Unidos y la represión contra los “manteros” en Argentina están conectadas por una lógica común: el avance del neoliberalismo y el desmantelamiento del estado de bienestar. El neoliberalismo, como doctrina económica y política, promueve la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, con el objetivo de favorecer a las empresas y a los inversores. Esta política, implementada en todo el mundo durante las últimas décadas, ha tenido como consecuencia un aumento de la desigualdad, la precarización del trabajo y la erosión de los derechos sociales.
El recorte militar propuesto por Hegseth puede ser visto como una manifestación de esta lógica neoliberal, un intento de reducir el gasto público y de transferir recursos a manos privadas. De manera similar, la represión contra los “manteros” en Argentina es una consecuencia de la política de ajuste estructural y de la priorización de los intereses económicos sobre las necesidades sociales. Ambos casos revelan una tendencia a la concentración de poder y a la exclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El desmantelamiento del estado de bienestar, impulsado por las políticas neoliberales, ha dejado a millones de personas sin acceso a los servicios básicos, como la educación, la salud y la vivienda. En este contexto, la venta ambulante se convierte en una forma de subsistencia para quienes no tienen otras opciones. Criminalizar esta actividad es negarles el derecho al trabajo y a una vida digna. Es necesario un cambio de rumbo que priorice la inversión en políticas sociales, la creación de empleo decente y la protección de los derechos de los trabajadores.
La lucha contra la precarización de la vida y el ejercicio del poder requiere de una articulación transnacional de las fuerzas sociales que se oponen al neoliberalismo. Es necesario construir alianzas entre movimientos sociales, organizaciones sindicales y partidos políticos comprometidos con la justicia social y la igualdad. La solidaridad internacional es fundamental para enfrentar los desafíos que plantea la globalización neoliberal y para construir un mundo más justo y equitativo.
El Espacio Público en Disputa: Ciudadanía, Exclusión y Derecho a la Ciudad
El caso de los “manteros” pone de manifiesto la disputa por el espacio público en las ciudades contemporáneas. El espacio público, tradicionalmente concebido como un lugar de encuentro, de intercambio y de expresión ciudadana, está siendo cada vez más privatizado y mercantilizado. Las políticas urbanas neoliberales, orientadas a la atracción de inversiones y al turismo, a menudo implican la expulsión de los sectores más vulnerables del espacio público, relegándolos a la periferia y dificultando su acceso a los servicios básicos.
La criminalización de la venta ambulante es una forma de controlar y de regular el espacio público, de hacerlo más “atractivo” para los consumidores y los inversores. Se busca eliminar cualquier elemento que pueda perturbar la “armonía” del paisaje urbano, como la suciedad, el ruido o la presencia de personas en situación de pobreza. Esta política ignora el hecho de que el espacio público pertenece a todos los ciudadanos, y que todos tienen derecho a utilizarlo y a disfrutarlo.
El concepto de “derecho a la ciudad”, acuñado por el sociólogo francés Henri Lefebvre, plantea que todos los habitantes de una ciudad tienen derecho a participar en la producción y en la transformación del espacio urbano. Este derecho implica el acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud y a la cultura, así como la participación en la toma de decisiones que afectan a la vida urbana. La represión contra los “manteros” es una violación de este derecho, una forma de negarles su derecho a la ciudad.
Es necesario repensar el espacio público como un lugar de inclusión, de diversidad y de participación ciudadana. Se deben promover políticas urbanas que prioricen las necesidades de los habitantes, que fomenten la creación de espacios públicos accesibles y seguros, y que garanticen el derecho a la ciudad para todos.
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