Apagón en España: ¿Privatización o Gestión Pública? Causas y Soluciones.
El reciente apagón que afectó a España ha reabierto un debate latente sobre la gestión de la red eléctrica y el papel del sector público y privado en su funcionamiento. La pregunta sobre si una vuelta a la titularidad pública completa de Red Eléctrica de España (REE) podría prevenir futuros incidentes, y si en tal caso la resolución sería más rápida, es compleja y requiere un análisis histórico y técnico profundo. Este artículo explora la evolución de REE, desde su nacionalización inicial hasta su actual configuración como empresa con mayoría de capital privado, examinando las implicaciones de cada modelo en la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico.
- El Origen de Red Eléctrica: Nacionalización y Consenso
- La "Revolución Silenciosa" y la Privatización de REE
- Red Eléctrica en el Siglo XXI: Colaboración Público-Privada y el Apagón de 2024
- El Control de la Red: Regulación, Intervención y la Ley del Sector Eléctrico
- ¿Un Apagón Evitable con una REE 100% Pública?
El Origen de Red Eléctrica: Nacionalización y Consenso
A comienzos de los años 80, el sector eléctrico español se encontraba en una situación de tensión. La coexistencia de diversas compañías, algunas de ellas públicas y otras privadas, generaba disputas y dificultades en la planificación y coordinación de la red. La nacionalización del suministro eléctrico, culminada con la creación de REE en 1985, fue una respuesta a esta problemática. El acuerdo alcanzado con los presidentes de las seis grandes compañías del sector, incluyendo Endesa (también pública en ese momento), estableció que REE sería la única nacionalización programada en el sector, garantizando la propiedad y gestión del resto del sector a las empresas existentes. Este compromiso buscaba un equilibrio entre el control público de la infraestructura crítica y la participación privada en la generación y distribución de energía.
La creación de REE se basó en la idea de que una entidad con participación pública mayoritaria, superior al 50%, aseguraría el control gubernamental sobre la red de alta tensión, esencial para el suministro eléctrico. La sociedad mixta resultante pretendía combinar la eficiencia de la gestión empresarial con la responsabilidad social inherente a un servicio público fundamental. Este modelo inicial, fruto de un consenso entre el gobierno y las empresas del sector, sentó las bases para el desarrollo de la red eléctrica española en las décadas siguientes.
La "Revolución Silenciosa" y la Privatización de REE
Los años 90 y 2000 marcaron un cambio de rumbo en la política energética española. El gobierno de José María Aznar impulsó una profunda privatización de empresas públicas, incluyendo REE. Esta "revolución silenciosa", como se denominó, se justificó con argumentos de eficiencia, modernización y reducción de la deuda pública. En menos de una década, se privatizaron 60 empresas públicas, equivalentes a más del 6% del PIB. Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, describió este proceso como "la mayor transferencia de propiedad realizada desde las desamortizaciones del siglo XIX".
La privatización de REE, completada en 1999, supuso la apertura de su capital en Bolsa y la reducción de la participación pública a niveles mínimos, aunque siempre por encima del 10% según la legislación vigente. Esta transformación cambió radicalmente la estructura de control de la empresa, pasando de una mayoría pública a una mayoría privada. El argumento central de la privatización era que la competencia y la búsqueda de beneficios por parte de los accionistas privados incentivarían la inversión y la innovación en la red eléctrica, mejorando su eficiencia y fiabilidad.
Red Eléctrica en el Siglo XXI: Colaboración Público-Privada y el Apagón de 2024
En la actualidad, REE es una empresa que cotiza en Bolsa, con una estructura accionarial compleja. El Estado español sigue siendo el mayor accionista, con un 20%, seguido por el empresario Amancio Ortega (5%) y el gigante Blackrock (4,64%). Sin embargo, el 70,22% del capital está en manos de capital flotante, es decir, acciones en Bolsa. Esta configuración convierte a REE en una empresa de colaboración público-privada, donde el Estado mantiene una participación significativa pero no tiene el control absoluto.
El reciente apagón de abril de 2024 ha puesto de manifiesto las tensiones inherentes a este modelo. Tras el incidente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de la responsabilidad de los "operadores privados", sin especificar si incluía a REE en esta descripción. Esta declaración refleja la desconfianza de algunos sectores hacia el sector privado en la gestión de un servicio esencial como el suministro eléctrico. La falta de información clara y transparente sobre las causas del apagón también ha generado críticas y ha reforzado la demanda de mayor control público sobre la red.
El Control de la Red: Regulación, Intervención y la Ley del Sector Eléctrico
A pesar de la privatización y la diversificación de su accionariado, la actividad de REE está sujeta a una estricta regulación tanto a nivel nacional como europeo. La Ley del Sector Eléctrico española establece el derecho al acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, y contempla la posibilidad de intervención del Gobierno "para garantizar el suministro" en situaciones de emergencia. El Ejecutivo podría incluso llegar a ejercer la "operación directa de las instalaciones de generación, transporte y distribución" en casos extremos.
Sin embargo, la efectividad de esta regulación y la capacidad del Estado para intervenir de manera rápida y eficiente en caso de crisis son cuestionables. La experiencia pasada, con Endesa para la producción y distribución y con REE para el transporte, demuestra que el control público directo no siempre garantiza la prevención de fallos o la resolución rápida de incidentes. La complejidad de la red eléctrica y la necesidad de una gestión técnica especializada requieren de conocimientos y recursos que no siempre están disponibles en el sector público.
¿Un Apagón Evitable con una REE 100% Pública?
La pregunta de si un apagón como el ocurrido podría haberse evitado con una REE 100% pública es difícil de responder. La propiedad de la empresa no es el único factor determinante en la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico. La inversión en mantenimiento, la modernización de la infraestructura, la planificación a largo plazo y la coordinación entre los diferentes agentes del sector son igualmente importantes. Una empresa pública podría tener una mayor orientación hacia el interés general y una menor presión por maximizar los beneficios a corto plazo, lo que podría traducirse en una mayor inversión en la prevención de fallos.
Por otro lado, una empresa privada, con la presión de los accionistas y la competencia del mercado, podría estar más incentivada a buscar soluciones innovadoras y a optimizar la gestión de la red. La clave podría estar en encontrar un equilibrio entre el control público y la eficiencia privada, garantizando que la regulación sea efectiva y que el Estado tenga la capacidad de intervenir de manera rápida y coordinada en caso de emergencia. La transparencia en la información y la rendición de cuentas de todos los agentes del sector son también fundamentales para generar confianza y prevenir futuros incidentes.
La discusión sobre la titularidad de REE debe ir más allá de la simple dicotomía público-privado. Es necesario analizar en profundidad las causas del apagón, identificar las deficiencias en la gestión de la red y proponer soluciones concretas que garanticen la seguridad y fiabilidad del suministro eléctrico a largo plazo. La inversión en tecnologías inteligentes, la diversificación de las fuentes de energía y la mejora de la coordinación entre los diferentes actores del sector son elementos clave para construir un sistema eléctrico más resiliente y sostenible.
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