Golpe a Milei: Justicia suspende decreto que limitaba el derecho a huelga.
La reciente suspensión judicial del decreto 340/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha generado un revés significativo para su agenda de reformas laborales. La decisión, tomada por la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3, responde a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Este fallo no solo pone en pausa la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU, sino que también reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en la modificación de derechos laborales fundamentales y la importancia del derecho a la huelga como herramienta de negociación colectiva. El presente artículo analizará en profundidad los detalles del decreto, los argumentos de la CGT, la fundamentación del fallo judicial y las posibles implicaciones políticas y sociales de esta controversia.
El DNU 340/2025: Ampliación de la Noción de Servicios Esenciales y Niveles Mínimos Obligatorios
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado el 21 de mayo, introdujo modificaciones sustanciales en la regulación del derecho a huelga en Argentina. Su principal objetivo, según el gobierno, era garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población, evitando disrupciones que pudieran afectar la vida cotidiana y la economía. Sin embargo, la amplitud con la que se definieron los servicios esenciales y la imposición de niveles mínimos obligatorios de prestación durante los paros generaron una fuerte oposición por parte de los sindicatos.
El artículo 2° del DNU ampliaba significativamente la lista de actividades consideradas “esenciales”, incluyendo sectores como la producción y distribución de alimentos, energía, agua potable, transporte público, comunicaciones, servicios sanitarios, y una serie de actividades consideradas “necesarias” para el funcionamiento del Estado. Esta ampliación, según la CGT, era excesiva y arbitraria, ya que incluía actividades que no revisten un carácter estrictamente esencial y que podrían ser afectadas por medidas de fuerza sin comprometer la seguridad o la salud pública.
El artículo 3°, por su parte, establecía la obligación de mantener niveles mínimos obligatorios de prestación durante las huelgas en los servicios considerados esenciales. Estos niveles mínimos, definidos por el Poder Ejecutivo, variaban según el tipo de servicio y podían implicar la necesidad de que un porcentaje significativo de trabajadores continuara prestando servicios durante los paros. La CGT argumentó que esta disposición vulneraba el derecho a la huelga, ya que limitaba la capacidad de los trabajadores de ejercer presión sobre los empleadores y el gobierno en las negociaciones colectivas.
El Amparo de la CGT: Argumentos y Fundamentos Legales
Ante la publicación del DNU 340/2025, la CGT, liderada por Carlos Acevedo, presentó un amparo ante la Justicia del Trabajo, solicitando la suspensión de los artículos 2° y 3°. El amparo se basaba en una serie de argumentos legales y constitucionales, entre los que se destacaban la vulneración del derecho a la huelga, la violación del principio de legalidad, la afectación del derecho a la negociación colectiva y el incumplimiento de convenios internacionales de derechos laborales.
La CGT argumentó que el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, y en diversos tratados internacionales ratificados por Argentina, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Según la CGT, el DNU 340/2025, al imponer niveles mínimos obligatorios de prestación durante las huelgas, limitaba de manera desproporcionada el ejercicio de este derecho fundamental.
Además, la CGT denunció que el DNU violaba el principio de legalidad, ya que modificaba la regulación del derecho a huelga sin contar con la aprobación del Congreso Nacional. La CGT argumentó que la materia laboral es de competencia legislativa exclusiva del Congreso y que el Poder Ejecutivo no puede modificarla mediante un DNU, que solo puede utilizarse en situaciones de excepcionalidad y urgencia.
Finalmente, la CGT sostuvo que el DNU afectaba el derecho a la negociación colectiva, ya que debilitaba la capacidad de los sindicatos de negociar condiciones laborales justas y equitativas con los empleadores. La CGT argumentó que la imposición de niveles mínimos obligatorios de prestación durante las huelgas desequilibraba la relación de fuerzas entre los trabajadores y los empleadores, dificultando la consecución de acuerdos beneficiosos para los trabajadores.
El Fallo de la Jueza Fullana: Fundamentación y Alcance
La jueza Moira Fullana, al hacer lugar al amparo presentado por la CGT, dictaminó la suspensión provisional de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025. En su fallo, la jueza Fullana coincidió con los argumentos de la CGT, sosteniendo que el decreto vulneraba derechos garantizados por la Constitución Nacional y convenios internacionales. La jueza Fullana consideró que la ampliación de la noción de servicios esenciales y la imposición de niveles mínimos obligatorios de prestación durante las huelgas eran medidas desproporcionadas y contrarias al derecho a la huelga.
La jueza Fullana argumentó que el derecho a la huelga es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado y que solo puede ser limitado en casos excepcionales y con justificación razonable. La jueza Fullana consideró que el DNU 340/2025 no cumplía con estos requisitos, ya que la ampliación de la noción de servicios esenciales era excesiva y arbitraria, y la imposición de niveles mínimos obligatorios de prestación durante las huelgas era una medida desproporcionada que limitaba el ejercicio de este derecho fundamental.
El fallo de la jueza Fullana tiene un alcance provisional, ya que solo suspende la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU mientras se resuelve la cuestión de fondo. Sin embargo, este fallo representa un importante revés para el gobierno de Javier Milei y una victoria para la CGT y los sindicatos. La suspensión del DNU permite que los trabajadores puedan ejercer el derecho a la huelga sin la limitación impuesta por el decreto.
La jueza Fullana ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar los artículos suspendidos del DNU y a las autoridades competentes de garantizar el ejercicio del derecho a la huelga en los términos establecidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales. El fallo también establece que se debe dar vista a la Procuración del Tesoro de la Nación para que presente su informe al respecto.
La suspensión judicial del DNU 340/2025 ha generado un fuerte impacto en el escenario político y social argentino. El fallo ha sido interpretado como una señal de independencia del Poder Judicial y una defensa de los derechos laborales fundamentales. Por su parte, el gobierno de Javier Milei ha criticado duramente el fallo, acusando a la Justicia de alinearse con los intereses de los sindicatos y de obstaculizar su agenda de reformas.
El gobierno ha anunciado que apelará el fallo de la jueza Fullana ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con el objetivo de que se revoque la suspensión del DNU. El gobierno argumenta que el decreto es necesario para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los sindicatos han reafirmado su oposición al DNU y han anunciado que continuarán defendiendo el derecho a la huelga por todos los medios legales a su alcance.
Este conflicto judicial y político se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos, a raíz de las políticas de ajuste y las reformas laborales impulsadas por Javier Milei. La suspensión del DNU 340/2025 ha fortalecido la posición de los sindicatos y ha debilitado la imagen del gobierno. El futuro de la regulación del derecho a huelga en Argentina dependerá de la resolución del recurso de apelación y de la evolución del debate político y social en torno a esta cuestión.
El fallo también ha generado un debate sobre la necesidad de reformar la legislación laboral argentina, con el objetivo de adaptarla a las nuevas realidades económicas y sociales. Algunos sectores proponen una mayor flexibilidad laboral, mientras que otros defienden la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción del diálogo social. La resolución de este debate requerirá un amplio consenso entre los diferentes actores sociales y políticos.
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