Obra Pública: Empresas Constructoras Argentinas en Alerta por Competencia Extranjera y Cambios Regulatorios
La industria de la construcción en Argentina se encuentra en un punto de inflexión. La reciente apertura del mercado de obra pública a empresas extranjeras, impulsada por el Gobierno nacional a través de la Disposición 24/2025 y el DNU 105/25, ha desatado una ola de incertidumbre y debate entre las firmas constructoras locales. Este cambio normativo, que elimina barreras históricas y facilita la participación de compañías internacionales, se presenta en un contexto ya de por sí desafiante para el sector, marcado por el estancamiento, la pérdida de empleos y la incertidumbre económica. El presente artículo analiza en profundidad las implicaciones de esta apertura, las preocupaciones de las empresas argentinas, el contexto económico actual y las perspectivas futuras para la industria de la construcción.
- El Nuevo Marco Regulatorio: Disposición 24/2025 y el Fin del Registro Nacional de Constructores
- Reacciones del Sector: Camarco y la Preocupación de las Empresas Argentinas
- Contexto Económico Desfavorable: Estancamiento, Pérdida de Empleos e Incertidumbre
- Perspectivas Futuras: Proyecciones y Desafíos para el Segundo Semestre de 2025
- Impacto Potencial en la Calidad y el Empleo Local
El Nuevo Marco Regulatorio: Disposición 24/2025 y el Fin del Registro Nacional de Constructores
La Disposición 24/2025, publicada recientemente por el Gobierno, introduce un nuevo sistema de calificación para las empresas que deseen participar en licitaciones de obra pública. Este sistema elimina requisitos previos que históricamente dificultaban el acceso de compañías extranjeras, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con las empresas nacionales, incluso sin tener experiencia previa en el país. Esta medida se enmarca dentro de una política más amplia de desregulación impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
Un paso clave en esta desregulación fue la eliminación del Registro Nacional de Constructores (RNC) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 105/25. El RNC era un registro obligatorio para todas las empresas que querían participar en licitaciones públicas, y se consideraba una herramienta para garantizar la calidad y la capacidad técnica de las empresas. Sin embargo, el Gobierno argumenta que el RNC era un obstáculo para la competencia y que fomentaba la cartelización en el sector.
La justificación oficial de estas medidas es desarticular lo que el Gobierno califica como un “sistema cartelizado” que limitaba la competencia real en el sector de la construcción. Se argumenta que la falta de competencia elevaba los costos de las obras públicas y perjudicaba a los contribuyentes. Al abrir el mercado a empresas extranjeras, se espera que se incremente la competencia, se reduzcan los costos y se mejore la calidad de las obras.
Reacciones del Sector: Camarco y la Preocupación de las Empresas Argentinas
La medida ha generado una fuerte reacción entre las empresas constructoras argentinas. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la principal entidad representativa del sector, expresó su preocupación por la apertura del mercado a empresas extranjeras. Su presidente, Gustavo Weiss, reconoció que la medida sorprendió a la industria en la antesala de su convención anual.
Si bien Camarco evitó confrontaciones públicas directas, Weiss recordó que la entidad había rechazado oportunamente la eliminación del RNC, argumentando que era una herramienta importante para mantener cierto orden en el sistema de contrataciones públicas. La preocupación de Camarco radica en que las empresas extranjeras, con mayor respaldo financiero y experiencia internacional, podrían desplazar a las empresas argentinas en las licitaciones de obra pública.
Las empresas argentinas temen que no puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras, especialmente en proyectos de gran envergadura. Argumentan que las empresas extranjeras tienen acceso a financiamiento más barato y a tecnologías más avanzadas, lo que les da una ventaja competitiva significativa. Además, las empresas argentinas señalan que la apertura del mercado podría generar una pérdida de empleos en el sector.
Contexto Económico Desfavorable: Estancamiento, Pérdida de Empleos e Incertidumbre
La apertura del mercado a empresas extranjeras se produce en un contexto económico particularmente desfavorable para las constructoras nacionales. El sector lleva más de un año y medio de estancamiento, con una caída significativa en la actividad y una pérdida estimada de 100.000 empleos entre mediados de 2023 y principios de 2024. Si bien en el último trimestre de 2024 el nivel de ocupación se estabilizó, el número de nuevas obras sigue siendo bajo.
El Estudio de Opinión Construya revela que el 44% de las empresas consultadas reportó una caída de más del 20% en su actividad en el último año. Las regiones más afectadas por esta crisis son la Patagonia, con una contracción del 62%, y el NOA (Noroeste Argentino), con una caída del 54%. Estas regiones, que dependen en gran medida de la inversión pública en infraestructura, han sido especialmente golpeadas por la falta de financiamiento y la incertidumbre económica.
Los principales obstáculos que enfrentan las empresas constructoras, según el Estudio de Opinión Construya, son el aumento de los costos de construcción (23%), la baja demanda de obras privadas y públicas (15%) y la incertidumbre cambiaria (13%). El aumento de los costos de los materiales de construcción, impulsado por la inflación y la devaluación del peso, ha erosionado los márgenes de ganancia de las empresas y ha dificultado la ejecución de nuevos proyectos.
Perspectivas Futuras: Proyecciones y Desafíos para el Segundo Semestre de 2025
De cara al segundo semestre de 2025, las perspectivas para el sector de la construcción son mixtas. El 41% de las empresas consultadas proyecta un repunte en la actividad, mientras que el 29% espera mantener su nivel actual y un 11% anticipa nuevas caídas de más del 20%. Estas proyecciones reflejan la incertidumbre que impera en el sector y la dificultad para predecir el rumbo de la economía.
El nuevo escenario regulatorio, con la apertura del mercado a empresas extranjeras, plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas argentinas para competir con firmas internacionales con mayor respaldo financiero y experiencia. La competencia con empresas extranjeras podría obligar a las empresas argentinas a mejorar su eficiencia, invertir en tecnología y buscar nuevas oportunidades de negocio.
Además de la competencia con empresas extranjeras, el sector de la construcción enfrenta otros desafíos importantes, como la necesidad de revisar los marcos provinciales y municipales. Actualmente, existen más de 2.000 registros y normas locales que dificultan la homogeneidad del sistema de contrataciones públicas y generan obstáculos para las empresas que operan en diferentes provincias.
La simplificación y armonización de las regulaciones provinciales y municipales son fundamentales para mejorar la eficiencia del sector y fomentar la inversión en infraestructura. El Gobierno nacional ha anunciado que trabajará con las provincias para lograr una mayor coordinación en materia de contrataciones públicas, pero aún queda mucho por hacer.
Impacto Potencial en la Calidad y el Empleo Local
La llegada de empresas extranjeras podría tener un impacto significativo en la calidad de las obras públicas. Las empresas internacionales suelen contar con tecnologías más avanzadas y estándares de calidad más exigentes, lo que podría traducirse en obras de mayor durabilidad y eficiencia. Sin embargo, también existe el riesgo de que las empresas extranjeras utilicen materiales importados y mano de obra calificada extranjera, lo que podría limitar el impacto positivo en la economía local.
La pérdida de empleos es otra preocupación importante. Si las empresas extranjeras desplazan a las empresas argentinas en las licitaciones de obra pública, podría haber una reducción en el número de empleos en el sector. Es fundamental que el Gobierno implemente políticas para proteger el empleo local y fomentar la capacitación de los trabajadores argentinos.
Una posible solución sería exigir a las empresas extranjeras que contraten un determinado porcentaje de mano de obra local y que inviertan en la capacitación de los trabajadores argentinos. Esto podría ayudar a mitigar el impacto negativo en el empleo y a promover el desarrollo de habilidades en el sector.
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