Denuncia por coimas sacude el sector pesquero: CFP en la mira por presunto favoritismo y corrupción.
La pesca en aguas argentinas, un sector económico de vital importancia, se encuentra sacudido por graves denuncias de corrupción que involucran a funcionarios del Consejo Federal Pesquero (CFP) y a empresarios del sector. La denuncia, iniciada por PRODESUR SA y ampliada por Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, expone un presunto esquema de coimas para influir en la asignación de cuotas de pesca, generando un oligopolio que perjudica la competencia y la sostenibilidad del recurso. Este artículo analiza en profundidad los detalles de la denuncia, el contexto institucional, los actores involucrados y el desarrollo de la causa judicial, revelando las posibles implicaciones para el futuro de la industria pesquera argentina.
- Denuncia de PRODESUR: Exclusión y Presuntas Coimas
- Contexto Institucional: El Rol del Consejo Federal Pesquero
- Empresas Beneficiadas y la Distribución de Cuotas
- La Denuncia de Gustavo Pulti y la Unificación de Causas
- Calificaciones Jurídicas y Denunciados
- Desarrollo de la Causa y Próximos Pasos
- El Mercado Concentrado y la Necesidad de Transparencia
Denuncia de PRODESUR: Exclusión y Presuntas Coimas
El estudio jurídico Burlando & Tiberio, representando a Liu Zhijiang, presidente de PRODESUR SA, presentó una denuncia penal ante los Tribunales Federales de Comodoro Py, acusando a los integrantes del CFP de haber recibido coimas a cambio de dictar la Resolución CFP N° 15/24 (aunque se aclara un error en la numeración, siendo las resoluciones 4 y 5 de 2024 las relevantes). La denuncia sostiene que esta resolución excluyó a PRODESUR del reparto de cuotas de Merluza Negra para el período 2025–2039, a pesar de que la empresa cumplía con todos los requisitos legales y contaba con un historial de explotación de la especie. PRODESUR argumenta que la medida favoreció a un grupo reducido de empresas, creando un oligopolio que viola las normativas nacionales y el principio constitucional de igualdad.
La denuncia detalla que la asignación de cuotas se realizó sin un procedimiento de oferta pública transparente, lo que permitió la concentración de la mayoría de las cuotas en manos de unas pocas empresas. Esta concentración, según PRODESUR, genera precios artificialmente elevados para los insumos y dificulta el ingreso de nuevos operadores al mercado, afectando la competencia y la sostenibilidad del sector. La empresa también denuncia una redistribución desfavorable de las cuotas de Merluza Polaca a través de la Resolución CFP 3/24, lo que la colocó en una situación desventajosa frente a sus competidores.
Contexto Institucional: El Rol del Consejo Federal Pesquero
El Consejo Federal Pesquero (CFP) es el organismo encargado de administrar el Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para las distintas especies pesqueras en aguas argentinas. Su marco normativo se basa en la Ley 24.922 y el Decreto 748/99, que establecen que las cuotas son concesiones estatales destinadas a garantizar la explotación sustentable de los recursos marinos. El acta interpretativa CFP 49/09 clarifica que los permisos de pesca no otorgan el derecho a la captura por sí solos, sino que este derecho se adquiere una vez asignada la cuota.
Este esquema legal implica que la distribución de las cuotas de Merluza Negra para el ciclo 2025–2039 debió realizarse mediante un procedimiento de oferta pública competitivo, que evitara la concentración monopólica y respetara el principio constitucional de igualdad. La denuncia de PRODESUR argumenta que el CFP incumplió con estas obligaciones, favoreciendo a determinadas empresas a través de la exigencia de coimas y la manipulación del proceso de asignación de cuotas.
Empresas Beneficiadas y la Distribución de Cuotas
La Resolución CFP 15/24, según la denuncia, asignó las cuotas de Merluza Negra a las siguientes empresas: ARGENOVA SA (con tres buques), ESTREMAR SA/SAN ARAWA SA (con dos buques), y EMPRESA PESQUERA DE LA PATAGONIA Y ANTÁRTIDA SA (con un buque). PRODESUR SA, a pesar de contar con un permiso de pesca actualizado y un historial de explotación de la especie, no recibió ninguna asignación. Esta exclusión, según la denuncia, es evidencia de la influencia de las coimas en la decisión del CFP.
La distribución de cuotas favoreció a un grupo reducido de empresas, consolidando un oligopolio en el sector de la Merluza Negra. Esta concentración de cuotas permite a las empresas beneficiadas controlar el mercado, fijar precios artificialmente elevados y limitar la competencia, perjudicando a otras compañías con igual o mayor capacidad operativa.
La Denuncia de Gustavo Pulti y la Unificación de Causas
Semanas después de la denuncia de PRODESUR, Gustavo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense, presentó una denuncia similar ante la justicia federal. Pulti denunció presuntos pedidos de coimas por parte de funcionarios y empresarios para asegurar el reparto de cuotas antes del vencimiento del régimen general de CITC el 31 de diciembre de 2024. La denuncia de Pulti aportó elementos sobre reuniones entre funcionarios nacionales y empresarios pesqueros, en las que se habría exigido el pago de “coimas” para garantizar el acceso al reparto de cuotas.
Inicialmente, ambas causas se unificaron en Mar del Plata, pero luego fueron trasladadas nuevamente a Comodoro Py, donde se espera que en los próximos días haya novedades sobre la instrucción y los posibles imputados. La unificación de las causas fortalece la investigación y permite analizar de manera conjunta las pruebas presentadas por PRODESUR y Pulti, aumentando las posibilidades de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados.
Calificaciones Jurídicas y Denunciados
La denuncia de Liu Zhijiang, con patrocinio de Fernando Burlando y Juan Alberto Tiberio, formuló una denuncia penal por cohecho activo y pasivo (Artículo 256 del Código Penal), así como por incumplimiento de los deberes del funcionario público (Artículo 248 del Código Penal). Se acusa a los miembros del CFP de haber dictado un acto administrativo contrario a derecho, sin justificación legal, y de haber favorecido intereses ajenos a la legalidad.
Los denunciados son: Juan Antonio López Cazorla (presidente del CFP), Martín Fernández y Miguel Schmukler (designados por el Poder Ejecutivo Nacional), Paola Gucioni (por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Julia Erika Mantinian (por la Jefatura de Gabinete de Ministros), Carla Estefanía Seain (representante de la Provincia de Buenos Aires), Sergio Paleo Edgardo (representante de la Provincia de Río Negro), Andrés Pedro Arbeletche (por la Provincia de Chubut) y Gustavo Ernesto Martínez (por la Provincia de Santa Cruz). Se les imputa haber violado el artículo 27, párrafo final, de la Ley 24.922, al omitir tener en cuenta la definición de concesión pública de las CITC conforme al acta 49/09.
Desarrollo de la Causa y Próximos Pasos
La denuncia inicial de PRODESUR ingresó por el Juzgado Federal N° 3, Secretaría 5, y la Fiscalía 2 de Comodoro Py. La causa se encuentra en etapa de instrucción, donde se están recopilando pruebas y testimonios para determinar la veracidad de las acusaciones. Se espera que en los próximos días el juez federal a cargo defina si dicta procesamientos o medidas cautelares contra los acusados, si declara la falta de mérito de la denuncia o si ordena el sobreseimiento de los implicados.
La investigación se centra en determinar si efectivamente se produjo un esquema de coimas para influir en la asignación de cuotas de pesca, y si los funcionarios del CFP actuaron de manera negligente o intencional al favorecer a determinadas empresas en detrimento de otras. La transparencia y la imparcialidad de la investigación son fundamentales para garantizar la confianza en el sistema de gestión de los recursos pesqueros y para evitar la repetición de prácticas corruptas en el futuro.
El Mercado Concentrado y la Necesidad de Transparencia
Desde hace años, el sector pesquero argentino se caracteriza por un mercado concentrado, donde unas pocas empresas controlan la mayoría de las cuotas de especies codiciadas como la Merluza Negra, la Merluza de Cola y la Merluza Polaca. Este esquema genera precios artificialmente elevados para los insumos y dificulta el ingreso de nuevos operadores al mercado, limitando la competencia y la innovación.
La denuncia de PRODESUR SA pone de relieve uno de los mecanismos que facilitarían esta concentración: la exigencia de sobornos para dictar resoluciones favorables. La falta de transparencia en el proceso de asignación de cuotas y la ausencia de controles efectivos permiten que se produzcan prácticas corruptas que perjudican a la mayoría de los actores del sector y comprometen la sostenibilidad de los recursos pesqueros. La implementación de un sistema de asignación de cuotas transparente, competitivo y basado en criterios objetivos es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y para promover el desarrollo sostenible de la industria pesquera argentina.
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