Fortaleciendo la Protección Adolescente: Capacitación en Riesgo Socio-Penal en Santa Cruz.
La adolescencia, etapa de transición y descubrimiento, se ve cada vez más expuesta a vulnerabilidades que pueden conducir a la implicación en situaciones de riesgo socio-penal. En la provincia de Santa Cruz, como en muchas otras regiones, la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos que trabajan con jóvenes en situación de vulnerabilidad es crucial. Este artículo detalla la implementación de un programa de capacitación destinado a profesionales del interior provincial, centrado en herramientas y prácticas basadas en el derecho para la intervención efectiva en casos de riesgo socio-penal adolescente. Se explorarán los contenidos abordados, la metodología empleada y la importancia de un enfoque integral y respetuoso de los derechos de los jóvenes.
Contexto y Justificación de la Capacitación
La problemática de la adolescencia en conflicto con la ley es compleja y multifactorial. Factores como la pobreza, la exclusión social, la violencia familiar, el consumo de sustancias y la falta de oportunidades educativas y laborales contribuyen a aumentar el riesgo de que los jóvenes se involucren en conductas delictivas. En la provincia de Santa Cruz, las particularidades geográficas y socioeconómicas de las localidades del interior presentan desafíos adicionales para la implementación de políticas públicas efectivas en la prevención y abordaje de esta problemática. La capacitación de los equipos que trabajan directamente con adolescentes en riesgo se convierte, por lo tanto, en una herramienta fundamental para garantizar una respuesta adecuada y respetuosa de sus derechos.
La necesidad de esta capacitación surge de la identificación de brechas en el conocimiento y las habilidades de los profesionales que trabajan en el sistema de protección de derechos de los adolescentes. A menudo, la intervención en situaciones de riesgo socio-penal se realiza desde una perspectiva punitiva, centrada en la sanción y la exclusión, en lugar de una perspectiva de protección y reinserción social. Esta última, basada en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código Penal Juvenil, busca garantizar el desarrollo integral del adolescente y su reintegración a la comunidad. La capacitación busca, por tanto, promover un cambio de paradigma en la forma de abordar la problemática, priorizando la prevención, la intervención temprana y la aplicación de medidas socio-educativas adecuadas a las necesidades de cada joven.
Objetivos y Contenidos de la Jornada
El objetivo principal de la capacitación fue dotar a los equipos del interior provincial de herramientas y prácticas basadas en el derecho para la intervención en situaciones de riesgo socio-penal adolescente. De manera específica, se propusieron los siguientes objetivos: Fortalecer el conocimiento de los marcos legales y normativos que regulan el sistema de justicia juvenil en Argentina, incluyendo la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código Penal Juvenil y las leyes provinciales. Desarrollar habilidades para la identificación y evaluación de factores de riesgo y vulnerabilidad en adolescentes. Promover el uso de estrategias de intervención temprana y prevención de la violencia. Fomentar la aplicación de medidas socio-educativas alternativas a la privación de libertad. Mejorar la coordinación interinstitucional entre los diferentes actores que intervienen en el sistema de justicia juvenil.
Los contenidos de la jornada se organizaron en torno a los siguientes ejes temáticos: Derechos de los adolescentes en el sistema de justicia juvenil: se abordaron los principios fundamentales que rigen la intervención con adolescentes, como el interés superior del niño, la no discriminación, la participación y la confidencialidad. Factores de riesgo y vulnerabilidad en la adolescencia: se analizaron los factores individuales, familiares, sociales y comunitarios que pueden aumentar el riesgo de que un adolescente se involucre en conductas delictivas. Estrategias de intervención temprana y prevención de la violencia: se presentaron herramientas y técnicas para la detección temprana de situaciones de riesgo y la implementación de programas de prevención de la violencia. Medidas socio-educativas alternativas a la privación de libertad: se exploraron las diferentes opciones de medidas socio-educativas disponibles, como la libertad asistida, la orientación socio-educativa, la internación en establecimientos educativos y la realización de tareas comunitarias.
Metodología de la Capacitación: Un Enfoque Práctico y Participativo
La capacitación se desarrolló bajo una modalidad presencial, con una duración de dos días. Se priorizó un enfoque práctico y participativo, que permitiera a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones reales de su práctica profesional. La metodología incluyó presentaciones teóricas, análisis de casos prácticos, debates grupales y dinámicas de grupo. Las presentaciones teóricas fueron diseñadas para proporcionar una base conceptual sólida sobre los temas abordados. Los análisis de casos prácticos permitieron a los participantes aplicar los conocimientos teóricos a situaciones concretas, identificando los factores de riesgo, las posibles estrategias de intervención y las medidas socio-educativas más adecuadas. Los debates grupales fomentaron el intercambio de experiencias y la reflexión crítica sobre las prácticas profesionales.
Se utilizaron diversas herramientas didácticas para facilitar el aprendizaje y la participación de los asistentes. Se distribuyeron materiales de lectura y guías de trabajo con información relevante sobre los temas abordados. Se proyectaron videos y presentaciones multimedia para ilustrar los conceptos clave. Se realizaron simulaciones de situaciones de intervención para que los participantes pudieran practicar sus habilidades de comunicación y negociación. Se fomentó la participación activa de los asistentes a través de preguntas, comentarios y ejemplos de su propia experiencia profesional. La evaluación de la capacitación se realizó a través de encuestas de satisfacción y la observación de la participación de los asistentes en las actividades propuestas.
Análisis de Casos Prácticos: Desafíos y Estrategias de Intervención
Una parte fundamental de la capacitación fue el análisis de casos prácticos. Se presentaron diversos escenarios que reflejaban situaciones reales de riesgo socio-penal adolescente que se presentan en las localidades del interior provincial. Los casos abordaron diferentes problemáticas, como el consumo de sustancias, la violencia familiar, el abuso sexual, el acoso escolar y la participación en actividades delictivas. Los participantes fueron divididos en grupos pequeños y se les pidió que analizaran cada caso, identificando los factores de riesgo, las necesidades del adolescente y las posibles estrategias de intervención. Cada grupo presentó sus conclusiones al resto de los participantes, generando un debate enriquecedor sobre las diferentes opciones de abordaje.
El análisis de los casos prácticos permitió identificar algunos desafíos comunes que enfrentan los equipos que trabajan con adolescentes en riesgo en el interior provincial. Uno de los principales desafíos es la falta de recursos y servicios especializados, como centros de atención psicosocial, programas de tratamiento para adicciones y establecimientos educativos con abordajes específicos para adolescentes en situación de vulnerabilidad. Otro desafío importante es la dificultad para coordinar la intervención entre los diferentes actores que intervienen en el sistema de justicia juvenil, como la policía, la justicia, los servicios sociales y las instituciones educativas. Finalmente, se identificó la necesidad de fortalecer la capacitación de los profesionales que trabajan con adolescentes en riesgo, brindándoles herramientas y conocimientos actualizados sobre las mejores prácticas en la intervención socio-penal.
La Importancia de la Coordinación Interinstitucional
La capacitación resaltó la importancia crucial de la coordinación interinstitucional para una intervención efectiva en situaciones de riesgo socio-penal adolescente. La problemática es compleja y requiere de la articulación de diferentes actores y servicios para garantizar una respuesta integral y coordinada. Se enfatizó la necesidad de establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre la policía, la justicia, los servicios sociales, las instituciones educativas, los centros de salud y las organizaciones de la sociedad civil. La coordinación interinstitucional permite compartir información relevante, evitar duplicaciones de esfuerzos y garantizar que el adolescente reciba la atención y el apoyo que necesita.
Se presentaron ejemplos de buenas prácticas en materia de coordinación interinstitucional, como la creación de mesas de trabajo intersectoriales, la firma de convenios de colaboración y la implementación de protocolos de actuación conjunta. Se destacó la importancia de involucrar a los padres o tutores del adolescente en el proceso de intervención, brindándoles información y apoyo para que puedan participar activamente en la toma de decisiones. Asimismo, se resaltó la necesidad de garantizar la participación del adolescente en el proceso, respetando su opinión y sus derechos. La coordinación interinstitucional efectiva requiere de un compromiso político y una asignación de recursos adecuados para garantizar su funcionamiento.
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