Conflicto en el sector pesquero: Conarpesa denuncia la intransigencia del SOMU y paraliza la flota.

La industria del langostino argentino se encuentra al borde del colapso, paralizada por un conflicto laboral que amenaza con dejar sin trabajo a miles de personas y hundir aún más una economía ya golpeada. La disputa entre la Cámara Nacional de Armadores Pesqueros (Conarpesa) y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ha escalado a un punto crítico, con acusaciones cruzadas de intransigencia y amenazas que complican aún más la búsqueda de una solución. Este artículo analiza en profundidad las causas del conflicto, las posiciones de cada parte, las consecuencias económicas y sociales, y las posibles vías de salida para evitar una crisis mayor.

El Conflicto en el Corazón de la Flota Congeladora Tangonera

El epicentro de la crisis se encuentra en la flota congeladora tangonera, vital para la producción de langostino en Argentina. Fernando Álvarez Castellano, presidente de Conarpesa, ha denunciado públicamente la negativa del SOMU a continuar negociando, acusando a la conducción sindical, liderada por Raúl Durdos, de una “intransigencia” que impide alcanzar un acuerdo. La empresa argumenta que la rentabilidad del sector es negativa y que no pueden acceder a las demandas salariales del sindicato sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. La situación se agrava porque, según Conarpesa, los mercados internacionales no muestran señales de recuperación, con precios estancados y una demanda limitada de Pleoticus muelleri, la especie de langostino que se pesca en la región.

La postura de Conarpesa es clara: no se zarpará a pescar hasta que se reviertan las condiciones económicas que hacen inviable la actividad. La empresa ha propuesto alternativas, como la revisión del valor del dólar y la aplicación de alivios fiscales, pero el SOMU ha rechazado todas las propuestas, optando por la vía de la protesta y la amenaza. Álvarez Castellano ha revelado que la dirigencia del SOMU amenazó con impedir que los barcos salgan a cumplir con la exigencia legal de realizar al menos un despacho a la pesca al año para mantener vigentes sus permisos, una medida que podría poner en peligro la continuidad de la actividad pesquera a largo plazo.

Las Acusaciones de Conarpesa: Intransigencia y Amenazas Sindicales

Las acusaciones de Conarpesa contra el SOMU son contundentes. La empresa denuncia una falta total de voluntad negociadora por parte del sindicato, que se niega a considerar cualquier alternativa que no implique un aumento salarial inmediato. Según el relato de Álvarez Castellano, en la última reunión, el SOMU se levantó abruptamente al proponerse explorar opciones como la reducción del valor del dólar o la aplicación de beneficios fiscales. Esta actitud, según Conarpesa, demuestra una falta de compromiso con la búsqueda de una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

La amenaza de impedir que los barcos cumplan con la exigencia legal de realizar un despacho anual a la pesca es considerada por Conarpesa como una medida de presión inaceptable. Esta exigencia, establecida por las autoridades pesqueras, es fundamental para mantener vigentes los permisos de pesca y garantizar la continuidad de la actividad. Si el SOMU cumple con su amenaza, las empresas podrían perder sus permisos y verse obligadas a cesar sus operaciones, lo que tendría consecuencias devastadoras para la industria y para las comunidades que dependen de ella. La empresa considera que esta acción es una clara muestra de la intención del sindicato de paralizar la actividad pesquera y someter a las empresas a sus demandas.

El Estancamiento del Diálogo y la Indefinición del Conflicto

La ruptura del diálogo entre Conarpesa y el SOMU ha sumido al conflicto en un punto de absoluta indefinición. Ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus posiciones, lo que dificulta enormemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo. La falta de comunicación y la desconfianza mutua han creado un clima de tensión que impide cualquier avance en las negociaciones. La situación se agrava porque el gobierno nacional no ha intervenido de manera efectiva para mediar en el conflicto y buscar una solución.

La paralización de la flota congeladora tangonera tiene graves consecuencias económicas y sociales. Miles de trabajadores del sector se encuentran sin empleo, y las empresas están perdiendo millones de dólares por día. Las comunidades costeras, que dependen de la actividad pesquera, se ven afectadas por la falta de ingresos y la pérdida de oportunidades laborales. La crisis también tiene un impacto negativo en la cadena de valor del langostino, afectando a los proveedores de servicios, los transportistas y los exportadores. La prolongación del conflicto podría llevar a la quiebra de muchas empresas y a la pérdida definitiva de puestos de trabajo.

La Perspectiva de los Mercados Internacionales: Falta de Demanda y Precios Estancados

La situación económica internacional tampoco ayuda a resolver el conflicto. Álvarez Castellano ha advertido que los mercados internacionales no muestran señales de recuperación, con precios estancados y una demanda limitada de langostino. Esta situación dificulta aún más la posibilidad de que las empresas puedan acceder a las demandas salariales del sindicato, ya que no tienen los ingresos necesarios para hacerlo. La falta de demanda y los bajos precios también afectan a otros países productores de langostino, lo que agrava la competencia y reduce los márgenes de ganancia.

La empresa ha señalado que, incluso si se llegara a un acuerdo con el SOMU, no hay garantías de que la situación mejore en el corto plazo. La recuperación de los mercados internacionales depende de factores externos que escapan al control de las empresas y del sindicato, como la evolución de la economía mundial, las políticas comerciales de los países importadores y las fluctuaciones del tipo de cambio. En este contexto, la empresa considera que es fundamental adoptar medidas urgentes para reducir los costos de producción y mejorar la competitividad del sector.

El Impacto Social y Económico de la Paralización

La paralización de la flota congeladora tangonera tiene un impacto devastador en las comunidades costeras de la Patagonia argentina. Estas comunidades dependen en gran medida de la actividad pesquera para su subsistencia, y la pérdida de empleos y la falta de ingresos han generado una situación de crisis social y económica. Muchas familias se encuentran sin recursos para cubrir sus necesidades básicas, y la pobreza y la inseguridad alimentaria han aumentado significativamente.

Además del impacto directo en los trabajadores del sector, la crisis también afecta a otros sectores de la economía local, como el comercio, el turismo y los servicios. La falta de ingresos de los trabajadores pesqueros reduce el consumo y la demanda de bienes y servicios, lo que afecta a las empresas locales y genera un círculo vicioso de recesión económica. La situación se agrava porque la región ya enfrentaba problemas económicos antes de la crisis, como la falta de inversión, la infraestructura deficiente y la escasez de oportunidades laborales.

La prolongación del conflicto podría tener consecuencias irreversibles para las comunidades costeras. Muchas familias podrían verse obligadas a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales, lo que provocaría el despoblamiento de la región y la pérdida de identidad cultural. La crisis también podría generar conflictos sociales y políticos, ya que la población se siente frustrada y desesperanzada.

Posibles Escenarios y la Perspectiva de Conarpesa

Ante este panorama, Conarpesa se mantiene firme en su postura de no zarpar hasta que se reviertan las condiciones económicas que hacen inviable la actividad. La empresa considera que no tiene otra opción que esperar a que mejoren los precios en los mercados internacionales y a que el gobierno nacional adopte medidas para aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector. Álvarez Castellano ha reiterado que la empresa está dispuesta a negociar, pero solo si el SOMU muestra una actitud más constructiva y se compromete a buscar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

La empresa ha advertido que, si el conflicto se prolonga, podría verse obligada a tomar medidas más drásticas, como la reducción de la flota o el cierre de empresas. Estas medidas tendrían consecuencias aún más graves para la industria y para las comunidades costeras, y podrían poner en peligro la continuidad de la actividad pesquera a largo plazo. Conarpesa ha apelado a la responsabilidad de todas las partes involucradas para evitar llegar a este extremo y buscar una solución que permita preservar los empleos y la actividad económica.

El futuro de la industria del langostino argentino es incierto. La resolución del conflicto entre Conarpesa y el SOMU es fundamental para garantizar la continuidad de la actividad pesquera y evitar una crisis mayor. Sin embargo, la falta de diálogo, la intransigencia de las partes y la falta de intervención del gobierno nacional complican enormemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo. La situación exige una solución urgente y coordinada que tenga en cuenta los intereses de todos los actores involucrados y que permita preservar los empleos, la actividad económica y el desarrollo sostenible de las comunidades costeras.

Fuente: https://partedepesca.com.ar/d/seguiremos-parados-porque-no-nos-dan-otra-opcion-ratifico-alvarez/