Acuerdo Histórico en Flota Fresquera: Salarios Protegidos y Empleo Asegurado ante Crisis Económica
La reciente firma de un acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos marítimos en Argentina representa un respiro, aunque temporal, para la maltrecha flota fresquera. Este entendimiento, alcanzado en medio de una profunda crisis económica que afecta al sector, busca equilibrar la urgencia de mantener la actividad productiva con la protección de los derechos laborales de los trabajadores. El acuerdo, que involucra al SOMU, SIMAPE, SICONARA y las cámaras CAIPA y CAABPA, establece una fórmula salarial transitoria y compromisos de no despido, buscando evitar un colapso mayor en un sector vital para la economía regional y las exportaciones nacionales.
El Contexto de Crisis en la Flota Fresquera Argentina
La industria pesquera argentina, y en particular la flota fresquera, se encuentra en una situación crítica. La rentabilidad de los buques que operan con merluza hubbsi, langostino y pesca costera variada ha sido erosionada por una combinación de factores externos e internos. La caída de los precios internacionales de los productos del mar, la creciente competencia de productos de acuicultura a menor costo y la incertidumbre generada por las tensiones comerciales globales entre Estados Unidos, China y la Unión Europea han impactado negativamente en los ingresos de las empresas.
Esta situación se agrava por los altos costos operativos de la flota, la obsolescencia de algunos buques y la falta de inversión en tecnología. La combinación de estos factores ha puesto en riesgo la continuidad de las operaciones, amenazando no solo los empleos de los trabajadores embarcados, sino también las fuentes de trabajo en las plantas procesadoras en tierra y los ingresos fiscales del Estado, derivados de las exportaciones.
La merluza hubbsi, uno de los principales productos de la flota fresquera, ha experimentado una disminución en su valor de mercado, lo que ha afectado directamente la capacidad de las empresas para cubrir sus costos. El langostino, aunque con mejor desempeño, también se ha visto afectado por la competencia de productos importados y la fluctuación de los tipos de cambio. La pesca costera variada, que incluye especies como el calamar y la corvina, enfrenta desafíos adicionales relacionados con la gestión sostenible de los recursos y la regulación pesquera.
Los Actores Clave y el Proceso de Negociación
La negociación que culminó con el acuerdo del 19 de junio involucró a una amplia gama de actores clave del sector. Por el lado sindical, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), representado por Oscar Bravo y Damián Basail, jugó un papel central en la defensa de los derechos de los trabajadores. El Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), liderado por Pablo Trueba, representó los intereses de los pescadores y tripulantes de los buques. El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), con Daniel Flores y Marcelo A. Torres a la cabeza, defendió los derechos de los oficiales de navegación.
En el lado empresarial, las cámaras CAIPA (Cámara de Armadores de Pesqueros Argentinos) y CAABPA (Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros) representaron los intereses de las empresas armadoras. La negociación contó con el patrocinio legal de la Dra. Maria Carpineto, quien brindó asesoramiento jurídico a los sindicatos. Los doctores Fernando Rivera y Diego García Luchetti, representantes de las cámaras empresarias, desempeñaron un papel crucial en la articulación de una propuesta consensuada.
La Subsecretaría de Trabajo de la Nación, a través de la Dra. Claudia Testa y el Secretario de Trabajo, Dr. Julio Cordero, actuó como mediadora y otorgó su conformidad al acuerdo. La unidad sindical, destacada por Pablo Trueba, fue fundamental para alcanzar un punto de equilibrio entre las demandas de los trabajadores y las dificultades económicas de las empresas. La meticulosa labor de los abogados Rivera y García Luchetti, que lograron armonizar los planteos de las partes, también fue clave para el éxito de la negociación.
Detalles del Acuerdo: Una Fórmula Salarial Transitoria
El acuerdo alcanzado establece una fórmula salarial transitoria, válida hasta el 30 de septiembre de 2025, con la posibilidad de extenderse mediante consenso entre las partes. Entre junio y septiembre inclusive, el 70% de la remuneración del personal de marinería se abonará como suma no remunerativa, mientras que el 30% restante se mantendrá como remunerativo. Esta medida busca aliviar la carga salarial de las empresas en el corto plazo, sin afectar significativamente los ingresos de los trabajadores.
Además, se contempla una recomposición salarial escalonada y acumulativa, con aumentos del 1,3% en marzo, 1,2% en abril, 1,1% en mayo y 1% mensual desde junio a septiembre inclusive. Aunque el carácter no remunerativo de una parte del salario es excepcional, se acordó que estos montos serán considerados para el cálculo de conceptos salariales e indemnizatorios, así como para aportes y contribuciones a la seguridad social y a las obras sociales. El sueldo anual complementario también quedará alcanzado por esta medida.
El acuerdo también incluye un compromiso por parte de las empresas de no realizar despidos sin causa, suspensiones ni reducciones de personal durante su vigencia. Esta cláusula busca garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y evitar un aumento del desempleo en el sector. La solicitud de homologación del acuerdo al Ministerio de Capital Humano, aunque no impide su aplicación inmediata en virtud de los principios de buena fe y el orden público laboral, busca darle mayor solidez y respaldo legal.
El Impacto Esperado y los Desafíos Futuros
El acuerdo alcanzado representa un primer paso hacia la estabilización de un sector clave para las economías regionales y la industria exportadora nacional. Al evitar despidos y mantener la actividad productiva, se busca preservar las fuentes de trabajo y los ingresos de las empresas y los trabajadores. La fórmula salarial transitoria, aunque no soluciona los problemas estructurales del sector, permite ganar tiempo para buscar soluciones a largo plazo.
Sin embargo, el acuerdo también plantea desafíos importantes. La situación de la industria pesquera sigue siendo crítica, y la rentabilidad de los buques fresqueros continúa siendo vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales y la competencia de productos de acuicultura. Es necesario implementar políticas públicas que promuevan la inversión en tecnología, la modernización de la flota y la gestión sostenible de los recursos pesqueros.
Además, es fundamental abordar los problemas relacionados con la regulación pesquera, la burocracia y los costos logísticos. La coordinación entre los diferentes actores del sector, incluyendo el gobierno, las empresas y los sindicatos, es esencial para lograr una solución integral y duradera. La búsqueda de nuevos mercados y la diversificación de los productos pesqueros también pueden contribuir a mejorar la competitividad de la industria argentina.
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