Salmoneras en Tierra del Fuego: Tensión por Cambios en la Ley y Futuro de la Acuicultura.
La Legislatura de Tierra del Fuego se ha convertido en el epicentro de una intensa controversia, desatada por un giro inesperado en la política provincial respecto a la acuicultura, específicamente la salmonicultura. Lo que comenzó como una revisión de la Ley 1355, impulsada por el legislador Agustín Coto, para fomentar sistemas de recirculación de agua, derivó en una propuesta del Ejecutivo que ha generado un profundo malestar y un cuarto intermedio indefinido. La discusión no solo involucra aspectos técnicos y económicos, sino que toca fibras sensibles relacionadas con la protección del medio ambiente, la soberanía alimentaria y los derechos de las comunidades locales. Este artículo analiza en profundidad los argumentos a favor y en contra de la modificación de la ley, las implicaciones de permitir la cría de salmónidos en la costa atlántica y el impacto potencial en los ecosistemas fueguinos.
- El Contexto Legislativo: Ley 1355 y la Proposición de Coto
- El Giro Inesperado del Ejecutivo: ¿Un Cambio de Postura?
- Impacto Ambiental y la Defensa de los Ecosistemas Fueguinos
- Voces de la Comunidad: Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios
- El Cuarto Intermedio y el Futuro de la Regulación Acuícola
El Contexto Legislativo: Ley 1355 y la Proposición de Coto
La Ley 1355, vigente en Tierra del Fuego, establece un marco regulatorio para la acuicultura en la provincia, con una particularidad crucial: prohíbe la cría de salmónidos en aguas marinas y lacustres. Esta prohibición responde a la preocupación por los impactos ambientales negativos que la salmonicultura puede generar, como la introducción de enfermedades, la contaminación del agua y la alteración de los ecosistemas nativos. El legislador Agustín Coto, de La Libertad Avanza, propuso modificar esta ley, enfocándose en el desarrollo de la industria en sistemas de recirculación de agua (RAS). Estos sistemas, considerados más sostenibles, permiten controlar las condiciones ambientales y reducir el riesgo de escapes y contaminación. Coto argumenta que aumentar el tope productivo actual, permitido por la Ley 1355, podría impulsar el crecimiento económico y generar empleo en la provincia.
La propuesta de Coto, en principio, se centraba en la innovación tecnológica y la búsqueda de alternativas más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, la intervención del Ejecutivo cambió radicalmente el curso del debate. La presentación de “aportes superadores” por parte del Ministerio de Producción y Ambiente y la Subsecretaría de Pesca, que incluían la posibilidad de habilitar la cría de salmónidos en la costa atlántica, tomó por sorpresa a legisladores, organizaciones ambientales y representantes de las comunidades locales. Esta modificación implicaría un cambio sustancial en la política provincial, abriendo la puerta a una actividad que hasta ahora había sido explícitamente prohibida.
El Giro Inesperado del Ejecutivo: ¿Un Cambio de Postura?
La reacción ante la propuesta del Ejecutivo fue inmediata y contundente. Pablo Villegas, autor de la Ley 1355, cuestionó abiertamente el cambio de postura del gobierno provincial, recordando que hace cuatro años se mostraba de acuerdo con la normativa vigente. Villegas se preguntó por las razones detrás de esta modificación y denunció que se estaba buscando habilitar la salmonicultura en el litoral marítimo de la provincia. La respuesta del subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marzioni, fue ambigua, afirmando que se mantenía la prohibición en el Beagle, pero que se consideraba posible desarrollar la actividad en aguas marinas. Marzioni intentó justificar la propuesta como una “visión superadora”, pero Villegas lo desmintió, calificándola como un claro cambio de posición.
La falta de claridad en la explicación del Ejecutivo generó aún más desconfianza y sospechas. Una de las principales dudas se centró en la factibilidad de desarrollar la actividad en la costa atlántica, considerando sus características geográficas y la incidencia del mar abierto. La costa atlántica fueguina es un ecosistema frágil y vulnerable, con una alta biodiversidad y valores ecosistémicos reconocidos por normativas provinciales, como la creación de la Reserva Costa Atlántica. La posibilidad de establecer proyectos de salmonicultura en esta zona plantea serias preocupaciones sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad de la actividad.
Impacto Ambiental y la Defensa de los Ecosistemas Fueguinos
Las organizaciones ambientales y los científicos han advertido sobre los riesgos asociados a la salmonicultura en la costa atlántica. La Bahía de San Sebastián, uno de los posibles sitios para el desarrollo de proyectos, ya cuenta con una regulación específica debido a su importancia ecológica. Cabo San Pablo, otra ubicación mencionada, se encuentra cerca de la Península Mitre y alberga una importante comunidad de pescadores artesanales. La introducción de salmónidos en estas zonas podría alterar los ecosistemas marinos, afectar a las especies nativas y poner en peligro la pesca artesanal. Además, existe el riesgo de escapes de salmones, que podrían reproducirse en ríos y arroyos, compitiendo con las especies locales y transmitiendo enfermedades.
Los expertos del CADIC – CONICET han realizado investigaciones que demuestran los impactos negativos de la salmonicultura en otros lugares del mundo. Estos estudios han revelado que la actividad puede generar contaminación del agua por desechos orgánicos y productos químicos, alterar los fondos marinos y afectar la calidad del agua. La introducción de enfermedades, como el virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV), también es una preocupación importante, ya que podría afectar a las poblaciones de peces nativos y causar graves pérdidas económicas. La defensa de los ecosistemas fueguinos se ha convertido en un eje central del debate, con organizaciones ambientales y científicos instando a mantener la prohibición de la salmonicultura en aguas marinas y lacustres.
Voces de la Comunidad: Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios
La reunión de comisión estuvo colmada de representantes de diversos sectores de la comunidad, incluyendo productores de pesca artesanal, Pueblos Originarios de Tierra del Fuego, biólogos, investigadores, asociaciones y ONG ambientalistas, y estudiantes universitarios. Si bien existieron posturas diferentes sobre el desarrollo de proyectos de recirculación de agua, la mayoría de los participantes coincidieron en la necesidad de mantener la prohibición de la industria en las aguas marinas y lacustres provinciales. Los pescadores artesanales expresaron su preocupación por el impacto de la salmonicultura en sus medios de vida, temiendo que la actividad pueda afectar las poblaciones de peces que pescan y reducir sus ingresos.
Los Pueblos Originarios de Tierra del Fuego también se manifestaron en contra de la modificación de la ley, argumentando que la salmonicultura podría afectar sus territorios ancestrales y sus formas de vida tradicionales. Los representantes de las comunidades indígenas destacaron la importancia de proteger los recursos naturales y preservar la cultura local. La participación activa de la comunidad en el debate demuestra la importancia que tiene el tema para la sociedad fueguina y la necesidad de tomar decisiones informadas y transparentes. La presencia de numerosos ciudadanos fuera de la Legislatura, siguiendo atentamente lo que se debatía, evidencia el interés público en la cuestión.
El Cuarto Intermedio y el Futuro de la Regulación Acuícola
Ante la falta de consenso y la creciente tensión, la Comisión decidió pasar a un cuarto intermedio sin fecha establecida. Pablo Villegas instó a la realización de nuevas reuniones, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, para definir si se trabajará en el proyecto de Agustín Coto o en un nuevo proyecto del gobierno provincial. La incertidumbre sobre el futuro de la regulación acuícola en Tierra del Fuego persiste, y el debate promete continuar en los próximos meses. La decisión final tendrá implicaciones importantes para el desarrollo económico de la provincia, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.
El caso de Tierra del Fuego pone de manifiesto la complejidad de la gestión de los recursos naturales y la necesidad de equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente y la participación ciudadana. La experiencia fueguina puede servir como un ejemplo para otras regiones que enfrentan desafíos similares en relación con la acuicultura y la sostenibilidad. La transparencia, el diálogo y la consideración de los impactos ambientales y sociales son elementos clave para garantizar una gestión responsable y equitativa de los recursos naturales.
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