Justicia suspende el DNU que eliminaba el feriado del Día del Empleado Público: ATE celebra.
La reciente suspensión provisoria del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025 por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires ha encendido el debate sobre los límites del poder ejecutivo y los derechos laborales en Argentina. La medida, que restituye temporalmente el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador Estatal, para los empleados públicos afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), es un claro ejemplo de la creciente judicialización de las políticas gubernamentales y la firme defensa de los sindicatos ante lo que consideran retrocesos en las conquistas laborales. Este artículo analizará en profundidad los detalles de la resolución judicial, los argumentos de ambas partes, el contexto político y económico que motivó la medida, y las posibles implicaciones futuras para el sector público y las relaciones laborales en el país.
El DNU 430/2025: Eliminación del Feriado y Justificación Gubernamental
El DNU 430/2025, publicado a menos de 48 horas del feriado del 27 de junio, eliminó la jornada no laborable conmemorativa del Día del Empleado Público. La justificación oficial, expresada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se centró en la necesidad de eliminar “beneficios especiales” que no se corresponden con la realidad del sector privado y en alinear la productividad del sector público con los estándares del mercado laboral. El gobierno argumentó que el Estado no debe ofrecer “días sabáticos” que no existen en el ámbito privado, y que la jornada libre se financia con el aporte de los contribuyentes, por lo que su mantenimiento resulta injustificable sin un correlato en el sector privado. Esta línea argumental se enmarca en una política más amplia de ajuste fiscal y reducción del gasto público, impulsada por el nuevo gobierno con el objetivo de estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal.
La decisión generó una rápida reacción por parte de los sindicatos, quienes denunciaron una vulneración de derechos adquiridos y una falta de respeto hacia los trabajadores estatales. La eliminación del feriado, argumentaron, no solo afecta el derecho al descanso, sino que también implica una reducción salarial encubierta, ya que los empleados públicos no recibirán la remuneración correspondiente a ese día. Además, criticaron la forma en que se comunicó la medida, a pocos días de su implementación, lo que dificultó la planificación y generó incertidumbre entre los trabajadores.
La Acción de Amparo de ATE y la Decisión Judicial
Ante la inminente eliminación del feriado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una acción de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3, solicitando la suspensión provisoria del DNU 430/2025. El gremio argumentó que la medida vulneraba derechos adquiridos, consagrados en la Ley 26.876, que establecía el 27 de junio como feriado pago para los trabajadores estatales de todo el país. ATE consideró que la derogación de la ley por parte del Poder Ejecutivo carecía de sustento constitucional y afectaba directamente a los trabajadores representados. La acción de amparo se basó en la Ley 16.986, que regula los amparos contra actos del Poder Ejecutivo Nacional.
La jueza nacional del Trabajo, Moira Fullana, dictaminó a favor de ATE, declarando la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para intervenir en la causa y reafirmando la jurisdicción del fuero laboral en este tipo de controversias entre el Estado y trabajadores organizados. Admitió la viabilidad formal de la acción de amparo y decidió hacer lugar a la medida cautelar peticionada, suspendiendo provisionalmente la aplicación del artículo 2 del DNU 430/25 respecto de los afiliados de ATE y de todos los trabajadores representados por esa entidad sindical, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. La jueza también diferió la imposición de costas y la regulación de honorarios para el momento en que se emita el fallo final.
Análisis de la Resolución Judicial: Competencia y Fundamentos
La decisión de la jueza Fullana es significativa por varios motivos. En primer lugar, reafirma la competencia de la Justicia del Trabajo para intervenir en controversias entre el Estado y los trabajadores, un punto que había sido cuestionado por algunos sectores del gobierno. Al declarar la competencia del fuero laboral, la jueza reconoce la importancia de proteger los derechos de los trabajadores y garantizar el acceso a la justicia en caso de conflictos con el empleador estatal. En segundo lugar, la admisión de la viabilidad formal de la acción de amparo implica que la jueza considera que existen argumentos sólidos para cuestionar la legalidad del DNU 430/2025. Al encuadrar la acción de amparo dentro del procedimiento establecido por la Ley 16.986, la jueza reconoce que la medida del gobierno puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores.
La suspensión provisoria del DNU 430/2025 se basa en la necesidad de evitar un daño irreparable a los trabajadores afiliados a ATE, mientras se evalúa la validez del decreto. La jueza consideró que la eliminación del feriado podría generar perjuicios económicos y morales a los empleados públicos, y que era necesario proteger sus derechos hasta que se dicte una sentencia definitiva. La decisión judicial no implica que el DNU 430/2025 sea inconstitucional o ilegal, sino que simplemente suspende su aplicación de manera provisional, mientras se analiza su validez en un juicio de fondo.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
La suspensión provisoria del DNU 430/2025 tiene importantes implicaciones para el sector público y las relaciones laborales en Argentina. En primer lugar, garantiza que los empleados estatales afiliados a ATE conservarán su derecho a gozar del feriado del 27 de junio, al menos por ahora. Esto representa un alivio para los trabajadores, quienes habían visto amenazado uno de sus derechos laborales. En segundo lugar, la decisión judicial sienta un precedente importante para futuras controversias entre el Estado y los sindicatos. Al reafirmar la competencia de la Justicia del Trabajo y admitir la viabilidad de las acciones de amparo, la jueza Fullana fortalece la capacidad de los sindicatos para defender los derechos de sus afiliados ante las políticas gubernamentales.
La resolución judicial también marca un nuevo capítulo en la creciente judicialización de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público. Es probable que el gobierno recurra la decisión judicial, lo que podría prolongar la controversia y generar incertidumbre. El resultado final del juicio de fondo determinará si el DNU 430/2025 es válido o no, y si el feriado del 27 de junio se restablece de manera permanente para todos los empleados estatales. Más allá del resultado específico de este caso, la controversia pone de manifiesto la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno y los sindicatos para encontrar soluciones que protejan los derechos de los trabajadores y promuevan la productividad del sector público.
El Contexto Político y Económico
La decisión de eliminar el feriado del 27 de junio se enmarca en un contexto político y económico complejo. El nuevo gobierno, que asumió el cargo a fines de 2023, ha implementado una serie de medidas de ajuste fiscal y reducción del gasto público con el objetivo de estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal. Estas medidas han generado una fuerte oposición por parte de los sindicatos, quienes denuncian que afectan los derechos de los trabajadores y aumentan la desigualdad social. La eliminación del feriado del 27 de junio es solo una de las medidas que han generado controversia, junto con la flexibilización laboral, la privatización de empresas estatales y la reducción de las jubilaciones.
La situación económica de Argentina es particularmente delicada, con una alta inflación, una deuda externa elevada y una falta de reservas internacionales. El gobierno argumenta que las medidas de ajuste son necesarias para superar la crisis económica y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Sin embargo, los sindicatos y otros sectores de la sociedad civil sostienen que estas medidas son contraproducentes, ya que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y frenan la demanda interna. La controversia por el feriado del 27 de junio es un reflejo de esta tensión entre las políticas de ajuste del gobierno y las demandas de los trabajadores y la sociedad civil.
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