Murcia cede a Vox y cancela compra de pisos para menores migrantes: Última hora.
La reciente revocación por parte de la Comunidad de Murcia de la orden que permitía la compra de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA) ha desatado una intensa polémica. La decisión, tomada tras la presión ejercida por Vox, que amenazó con retirar su apoyo a los presupuestos autonómicos, pone de manifiesto la creciente tensión política en torno a las políticas migratorias y la gestión de los recursos destinados a la protección de menores vulnerables. Este artículo analiza en profundidad los antecedentes de la orden, las razones que llevaron a su revocación, las implicaciones legales y sociales de la medida, y las reacciones suscitadas en los diferentes ámbitos políticos y sociales.
Antecedentes de la Orden de Compra de Viviendas
La orden publicada el sábado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) otorgaba a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad la competencia para adquirir viviendas destinadas a la acogida de MENA. La necesidad de esta medida se justificaba por el creciente número de menores extranjeros que llegaban a la región sin la compañía de un adulto, superando la capacidad de los centros de acogida existentes. La compra de viviendas permitiría ofrecer una alternativa residencial más adecuada a las necesidades de estos menores, garantizando un entorno más familiar y estable. La orden contemplaba la adquisición de viviendas tanto en zonas urbanas como rurales, priorizando aquellas que cumplieran con determinados criterios de habitabilidad y accesibilidad. Se preveía una inversión inicial de varios millones de euros, financiados con fondos autonómicos y, potencialmente, con fondos europeos.
El objetivo principal de la orden era evitar que los MENA se encontraran en situación de calle o en alojamientos de emergencia, que no ofrecen las condiciones necesarias para su desarrollo integral. La adquisición de viviendas permitiría proporcionarles un techo seguro, así como acceso a servicios básicos como educación, salud y atención psicológica. Además, se buscaba fomentar su integración social y cultural en la comunidad murciana. La orden se enmarcaba dentro de una estrategia más amplia de protección a la infancia vulnerable, que incluía la mejora de los centros de acogida existentes y el refuerzo de los equipos de trabajo social.
La Presión de Vox y la Revocación de la Orden
La publicación de la orden generó una inmediata reacción por parte de Vox, que la calificó de “regalo” a los inmigrantes ilegales y de “despilfarro” de dinero público. El partido de extrema derecha argumentó que la compra de viviendas para MENA era una medida injusta para los ciudadanos murcianos que se encuentran en situación de necesidad habitacional. Santiago Abascal, presidente de Vox, exigió públicamente la retirada de la orden, amenazando con retirar su apoyo al proyecto de presupuestos autonómicos que se tramitaba en la Asamblea Regional. Vox, que se había convertido en un actor clave en la política murciana tras las elecciones autonómicas, contaba con el poder de bloquear la aprobación de los presupuestos, lo que habría provocado una crisis política y la posible convocatoria de elecciones anticipadas.
Ante la amenaza de Vox, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se vio obligada a dar marcha atrás. La consejera, Conchita Ruiz, anunció la revocación de la orden a través de su cuenta en la red social X, afirmando que “rectificar es de sabios” y que “no volverá a suceder”. La decisión fue interpretada como una muestra de debilidad del gobierno regional, que cedió a las presiones de Vox a cambio de asegurar su apoyo a los presupuestos. La revocación de la orden generó una ola de críticas por parte de organizaciones sociales, partidos de izquierda y defensores de los derechos de los menores, que denunciaron la falta de sensibilidad del gobierno regional hacia la situación de los MENA.
La revocación de la orden plantea importantes interrogantes en términos legales y sociales. Desde el punto de vista legal, se cuestiona si la decisión del gobierno regional vulnera los derechos de los MENA, que tienen derecho a una protección especial por parte de las autoridades públicas. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, establece que los menores extranjeros no acompañados deben recibir la misma protección que los niños nacionales. La revocación de la orden podría considerarse una vulneración de este principio, ya que limita las posibilidades de ofrecer una acogida adecuada a estos menores. Además, se plantea si la decisión del gobierno regional ha sido tomada de forma transparente y justificada, o si ha sido simplemente una concesión a las presiones políticas.
Desde el punto de vista social, la revocación de la orden refuerza los discursos de odio y xenofobia hacia los migrantes y los refugiados. La medida envía un mensaje negativo a la sociedad, sugiriendo que los MENA no son merecedores de la misma protección que los niños nacionales. Esto puede contribuir a aumentar la discriminación y la exclusión social de estos menores, dificultando su integración en la comunidad. Además, la revocación de la orden deja sin solución el problema de la falta de plazas de acogida para MENA, lo que puede obligar a las autoridades a recurrir a soluciones de emergencia que no garantizan sus derechos.
La revocación de la orden ha generado una amplia gama de reacciones en los diferentes ámbitos políticos y sociales. Los partidos de izquierda, como el PSOE y Podemos, han denunciado la “vergüenza” y la “falta de compromiso” del gobierno regional con la protección de los menores vulnerables. Han acusado a Vox de “chantajear” al gobierno regional y de imponer una agenda ultraderechista que atenta contra los derechos fundamentales. Los partidos de izquierda han anunciado que presentarán mociones en la Asamblea Regional para exigir la restitución de la orden y para investigar las responsabilidades políticas de la decisión. Han instado al gobierno regional a defender los derechos de los MENA y a garantizar su protección.
Las organizaciones sociales que trabajan con MENA han expresado su “indignación” y su “preocupación” por la revocación de la orden. Han denunciado que la medida deja a estos menores en una situación de mayor vulnerabilidad y que dificulta su integración social. Han advertido de que la falta de plazas de acogida puede obligar a las autoridades a recurrir a soluciones de emergencia que no garantizan sus derechos. Las organizaciones sociales han anunciado que intensificarán su labor de denuncia y de defensa de los derechos de los MENA. Han instado a la sociedad a mostrar su solidaridad con estos menores y a exigir al gobierno regional que cumpla con sus obligaciones legales.
Por su parte, Vox ha defendido la revocación de la orden, argumentando que era una medida “injusta” y “despilfarradora”. Han afirmado que los recursos públicos deben destinarse a atender las necesidades de los ciudadanos murcianos que se encuentran en situación de necesidad habitacional. Han criticado a las organizaciones sociales que han denunciado la medida, acusándolas de “defender los intereses de los inmigrantes ilegales”. Vox ha reafirmado su compromiso de “defender la identidad nacional” y de “controlar la inmigración”.
El Futuro de la Acogida de MENA en Murcia
La revocación de la orden de compra de viviendas deja en el aire el futuro de la acogida de MENA en la Región de Murcia. El gobierno regional se enfrenta ahora al reto de encontrar alternativas para garantizar una acogida adecuada a estos menores, sin contar con la posibilidad de adquirir nuevas viviendas. Se barajan diferentes opciones, como la ampliación de los centros de acogida existentes, el refuerzo de los equipos de trabajo social y la colaboración con otras administraciones públicas. Sin embargo, estas opciones pueden resultar insuficientes para hacer frente al creciente número de MENA que llegan a la región.
La situación se complica aún más por la incertidumbre política que se cierne sobre la Región de Murcia. La dependencia del gobierno regional del apoyo de Vox limita su margen de maniobra y dificulta la adopción de medidas que puedan ser consideradas “progresistas” o “favorables” a la inmigración. La posibilidad de que Vox retire su apoyo a los presupuestos autonómicos sigue latente, lo que podría provocar una crisis política y la convocatoria de elecciones anticipadas. En este escenario, el futuro de la acogida de MENA en Murcia se presenta incierto y preocupante.
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