Vientres de alquiler en España: Denunciadas empresas por publicidad ilegal y prohibida.
La gestación subrogada, comúnmente conocida como "vientre de alquiler", sigue siendo un tema profundamente controvertido a nivel global. En España, la práctica está prohibida por ley, pero la publicidad de servicios que la facilitan ha proliferado en internet, desafiando la legislación vigente. Recientemente, el Instituto de las Mujeres ha dado un paso firme al denunciar a varias empresas por promocionar estos servicios, marcando un hito en la lucha contra la comercialización de la maternidad subrogada. Este artículo explora en detalle la situación legal, las acciones emprendidas por el Instituto de las Mujeres, las implicaciones éticas y sociales de la gestación subrogada, y el impacto de la reciente reforma de la ley de interrupción del embarazo en la regulación de esta práctica.
El Marco Legal de la Gestación Subrogada en España
La legislación española es clara: la gestación subrogada es nula de pleno derecho. Esto significa que el vínculo filiativo entre los padres intencionales y el niño nacido por gestación subrogada no se reconoce legalmente en España. El Registro Civil solo inscribe al hijo como descendiente de la gestante, quien es considerada legalmente la madre. Esta situación genera importantes complicaciones legales y administrativas para las familias que recurren a esta práctica en el extranjero, especialmente en lo que respecta a la nacionalidad y los derechos del niño. La prohibición se basa en la protección de la dignidad de la mujer y la consideración de que la gestación subrogada puede vulnerar sus derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física y moral, y el derecho a no ser utilizada como medio para la reproducción de otros.
A pesar de la prohibición, un número significativo de españoles viajan a otros países, como Estados Unidos, Ucrania o Georgia, donde la gestación subrogada es legal, para contratar los servicios de gestantes subrogadas. Al regresar a España, se enfrentan a la dificultad de inscribir a sus hijos en el Registro Civil, lo que les obliga a iniciar largos y costosos procesos judiciales para obtener el reconocimiento legal de la filiación. La reciente reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2023 ha endurecido las medidas contra la publicidad de la gestación subrogada, otorgando a las administraciones públicas la potestad de iniciar acciones judiciales contra las empresas que la promocionen.
La Actuación del Instituto de las Mujeres: Un Punto de Inflexión
El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la publicidad de la gestación subrogada. En enero de 2024, la entidad elevó un informe jurídico a la Abogacía del Estado en el que denunciaba las actuaciones de ocho agencias españolas que promocionaban activamente servicios de vientre de alquiler en sus páginas web y redes sociales. Este informe detallaba las estrategias de marketing utilizadas por estas empresas, que incluían la oferta de paquetes completos que abarcaban desde la selección de la gestante subrogada hasta el proceso de parto y la gestión de la documentación legal. La denuncia del Instituto de las Mujeres se basa en la consideración de que la publicidad de la gestación subrogada constituye una infracción de la ley, ya que promueve una práctica prohibida en España y puede inducir a error a las personas que buscan información sobre opciones reproductivas.
Tras un requerimiento previo para que las empresas demandadas desistieran de la publicidad, y ante la falta de respuesta, el Instituto de las Mujeres ha iniciado un procedimiento judicial contra varias de ellas. Esta demanda representa un hito histórico, ya que es la primera vez que se inicia un procedimiento judicial en España específicamente contra la publicidad de la gestación subrogada. La institución ha manifestado su compromiso de seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y acabar con la promoción de esta práctica, respondiendo así a las demandas de la ciudadanía y de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
La gestación subrogada plantea una serie de dilemas éticos y sociales complejos. Uno de los principales argumentos en contra de esta práctica es la posible explotación de las mujeres, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad económica, que pueden verse presionadas a alquilar su vientre por necesidad económica. Se argumenta que la gestación subrogada convierte el cuerpo de la mujer en un objeto de transacción comercial, vulnerando su dignidad y sus derechos reproductivos. Además, se plantea la cuestión de los derechos del niño nacido por gestación subrogada, especialmente en lo que respecta a su identidad y su derecho a conocer sus orígenes biológicos.
Por otro lado, los defensores de la gestación subrogada argumentan que esta práctica puede ser una opción legítima para personas o parejas que no pueden tener hijos por razones médicas, y que puede brindarles la oportunidad de formar una familia. Sostienen que la gestación subrogada puede ser un acto altruista por parte de la gestante, que decide voluntariamente ayudar a otros a cumplir su deseo de ser padres. Sin embargo, incluso en los casos de gestación subrogada altruista, se plantea la cuestión de si es éticamente aceptable que una mujer lleve un embarazo con la intención de entregar el niño a otros al nacer.
La Reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo y su Impacto
La reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2023 ha supuesto un cambio significativo en la regulación de la gestación subrogada en España. La nueva ley prohíbe expresamente la publicidad de servicios de gestación subrogada y otorga a las administraciones públicas legitimación para iniciar acciones judiciales contra las empresas que la promocionen. Esta medida tiene como objetivo proteger a las mujeres de la explotación y evitar la comercialización de la maternidad. La reforma también establece sanciones económicas para las empresas que infrinjan la ley, lo que refuerza el mensaje de que la gestación subrogada no es una práctica aceptable en España.
La reforma ha sido recibida con satisfacción por las organizaciones feministas y los defensores de los derechos de las mujeres, que consideran que es un paso importante para proteger la dignidad de las mujeres y prevenir la explotación reproductiva. Sin embargo, algunos críticos argumentan que la reforma no aborda de manera efectiva la situación de las familias que recurren a la gestación subrogada en el extranjero, y que sigue siendo necesario un marco legal más claro para regular la inscripción de los hijos nacidos por esta práctica en el Registro Civil. La reforma ha generado un debate público sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de las mujeres y el respeto a la autonomía reproductiva de las personas.
El Futuro de la Regulación de la Gestación Subrogada en España
El futuro de la regulación de la gestación subrogada en España es incierto. A pesar de la prohibición legal y la reciente reforma de la ley de interrupción del embarazo, la práctica sigue siendo accesible para aquellos que pueden permitirse viajar a otros países donde es legal. Es probable que el Instituto de las Mujeres continúe con su labor de denuncia y persecución de la publicidad de la gestación subrogada, y que se inicien nuevos procedimientos judiciales contra las empresas que la promocionen. Sin embargo, es necesario un debate más amplio sobre la necesidad de abordar la situación de las familias que recurren a la gestación subrogada en el extranjero, y de encontrar soluciones que protejan los derechos del niño y garanticen su acceso a la nacionalidad y a la filiación legal.
Algunos expertos sugieren que podría ser necesario considerar la posibilidad de regular la gestación subrogada en España, estableciendo requisitos estrictos para garantizar la protección de los derechos de la gestante y del niño. Sin embargo, esta opción es controvertida y enfrenta la oposición de las organizaciones feministas y los defensores de los derechos de las mujeres, que temen que la regulación pueda legitimar una práctica que consideran inherentemente explotadora. El debate sobre la gestación subrogada en España está lejos de estar resuelto, y es probable que siga siendo un tema de discusión pública en los próximos años.
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