CGT alerta por el cierre de Vialidad: Rutas en peligro y aumento de accidentes.

El reciente anuncio del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha desatado una ola de críticas y preocupación. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha expresado su firme rechazo, advirtiendo sobre las consecuencias nefastas que esta medida tendrá en la seguridad vial y en el mantenimiento de la infraestructura del país. Este artículo profundiza en las razones del rechazo de la CGT, las implicaciones de la disolución de estos organismos, el contexto de la crisis en obra pública y las voces de las organizaciones que han alzado la alarma ante este panorama desolador.

El Rechazo de la CGT y el Temor al Deterioro de la Seguridad Vial

La CGT ha calificado la decisión del Gobierno como un “abandono” que inevitablemente conducirá a un aumento de los accidentes viales. La preocupación central radica en la pérdida de la capacidad estatal para garantizar el mantenimiento adecuado de las rutas nacionales y para implementar políticas efectivas de seguridad vial. La DNV era responsable de la conservación, reparación y construcción de la red vial nacional, mientras que la ANSV se encargaba de la regulación, control y promoción de la seguridad en las carreteras. Su disolución implica la eliminación de estructuras clave para la prevención de siniestros y la protección de la vida de los usuarios de las rutas.

El argumento de la CGT se basa en la premisa de que la seguridad vial no puede ser relegada a la iniciativa privada. Consideran que el Estado tiene un rol fundamental en la regulación y el control de un servicio público esencial como el transporte, y que la privatización o la reducción de la inversión en este ámbito solo pueden conducir a resultados negativos. La experiencia en otros países ha demostrado que la falta de inversión en infraestructura vial y la relajación de los controles de seguridad se traducen en un aumento de los accidentes y en un mayor costo social.

El Contexto de la Crisis en Obra Pública y el Impacto en las Rutas Nacionales

La disolución de la DNV y la ANSV se produce en un contexto de profunda crisis en obra pública. El Gobierno nacional ha aplicado recortes presupuestarios drásticos en infraestructura, lo que ha llevado a la paralización de numerosos proyectos y a la falta de mantenimiento de las rutas existentes. Esta situación ya era preocupante antes del anuncio de la disolución de los organismos, y ahora se prevé que se agrave considerablemente. Las organizaciones de víctimas de siniestros viales y los sindicatos de trabajadores de la construcción han advertido sobre el deterioro acelerado de la red vial nacional y el riesgo de que las rutas se conviertan en “trampas mortales”.

La falta de inversión en infraestructura vial no solo afecta a la seguridad de los usuarios de las rutas, sino que también tiene un impacto negativo en la economía del país. El transporte de mercancías se encarece y se vuelve más lento, lo que afecta a la competitividad de las empresas y al comercio. Además, el deterioro de las rutas dificulta el acceso a zonas rurales y remotas, lo que limita el desarrollo económico y social de esas regiones. La inversión en infraestructura vial es, por lo tanto, una inversión en el futuro del país.

Las Voces de las Organizaciones de Víctimas y la Falta de Respuesta del Gobierno

Organizaciones como “Madres del Dolor”, surgida a raíz de la tragedia de Once, han denunciado la falta de respuesta del Gobierno a sus reiterados pedidos de audiencia con el ministro de Desregulación. Estas organizaciones han advertido sobre el peligro de que la disolución de la DNV y la ANSV se convierta en un nuevo capítulo de impunidad y abandono en materia de seguridad vial. Han recordado que la falta de inversión en infraestructura y la relajación de los controles de seguridad fueron factores determinantes en la tragedia de Once, y que el Gobierno parece no haber aprendido la lección.

La experiencia de “Madres del Dolor” es un ejemplo de la lucha incansable de las víctimas de siniestros viales por exigir justicia y por promover políticas de seguridad vial efectivas. Han logrado visibilizar el problema de la inseguridad en las rutas y han contribuido a generar conciencia sobre la importancia de la prevención de accidentes. Sin embargo, se sienten frustradas por la falta de voluntad política del Gobierno para abordar este problema de manera seria y responsable.

El Futuro de la Red Vial Nacional: ¿Un Escenario Desolador?

La disolución de la DNV y la ANSV plantea interrogantes sobre el futuro de la red vial nacional. ¿Quién se encargará de mantener y reparar las rutas? ¿Quién garantizará la seguridad de los usuarios? ¿Cómo se financiarán las obras de infraestructura? El Gobierno nacional no ha ofrecido respuestas claras a estas preguntas, lo que genera incertidumbre y preocupación. Algunos expertos temen que la red vial nacional se convierta en un “cementerio de sueños”, con rutas abandonadas, peligrosas y sin mantenimiento.

La falta de planificación y la improvisación en materia de infraestructura vial son características recurrentes de la política económica del Gobierno nacional. La decisión de disolver la DNV y la ANSV parece ser parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto público y de desregulación de la economía. Sin embargo, esta estrategia puede tener consecuencias negativas a largo plazo, como el deterioro de la infraestructura, el aumento de los accidentes y la pérdida de empleos.

La Importancia de la Inversión en Seguridad Vial y la Participación Ciudadana

La seguridad vial es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado. La inversión en infraestructura vial, la regulación y el control del transporte, y la promoción de la educación vial son elementos esenciales para prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios de las rutas. La participación ciudadana también es fundamental para mejorar la seguridad vial. Las organizaciones de víctimas, los sindicatos de trabajadores, y la sociedad civil en general deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones.

Es necesario un cambio de paradigma en la política de seguridad vial. El enfoque debe pasar de la represión a la prevención, y de la privatización a la inversión pública. El Estado debe asumir su responsabilidad en la protección de la vida de los ciudadanos y garantizar que las rutas nacionales sean seguras y accesibles para todos. La seguridad vial no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país.

El Rol de los Sindicatos y la Defensa del Empleo en el Sector Vial

La disolución de la DNV no solo afecta a la seguridad vial, sino que también tiene un impacto directo en el empleo en el sector vial. Miles de trabajadores podrían perder sus puestos de trabajo, lo que agravaría la crisis social y económica que ya atraviesa el país. Los sindicatos de trabajadores de la construcción y de la DNV han anunciado movilizaciones y protestas para defender el empleo y exigir al Gobierno que reconsidere su decisión.

Los sindicatos argumentan que la DNV es una fuente de empleo de calidad y que su disolución perjudicará a miles de familias. Además, advierten sobre el riesgo de que la privatización de la gestión de las rutas conduzca a una precarización de las condiciones laborales y a una reducción de los salarios. La defensa del empleo en el sector vial es, por lo tanto, una lucha por la justicia social y por la protección de los derechos de los trabajadores.

La Necesidad de un Debate Público Amplio y Transparente

La decisión del Gobierno de disolver la DNV y la ANSV ha generado un debate público intenso y polarizado. Es necesario que este debate se amplíe y se profundice, y que se realice de manera transparente y con la participación de todos los actores involucrados. Es fundamental que se escuchen las voces de las víctimas, de los trabajadores, de los expertos y de la sociedad civil en general. Solo a través de un debate público amplio y transparente se podrá llegar a soluciones justas y efectivas.

La seguridad vial es un tema que nos concierne a todos. No podemos permitir que el Gobierno tome decisiones que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos y que perjudiquen el desarrollo económico y social del país. Es hora de que nos movilicemos y exijamos un cambio de rumbo en la política de seguridad vial. El futuro de nuestras rutas y la seguridad de todos los que las transitamos están en juego.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/840325-motosierra-para-todos-negocios-para-pocos