Usurpación del ex Instituto Perón: Ministerio de Capital Humano se suma como querellante y apunta a Grabois.
El 7 de junio de 2025, la Ciudad de Buenos Aires fue testigo de un evento que desató una controversia legal y política: la ocupación del edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2593/2601. Este incidente, protagonizado por un grupo de aproximadamente setenta personas lideradas por Juan Grabois, no solo implicó una violación a la propiedad pública, sino que también puso en tela de juicio las dinámicas de protesta social y la respuesta del Estado. El Ministerio de Capital Humano, al ser reconocido como parte querellante en la causa judicial, ha asumido un rol central en la búsqueda de justicia y en la defensa del patrimonio público. Este artículo analizará en profundidad los detalles de la ocupación, el accionar de los involucrados, la postura del Ministerio de Capital Humano y las implicaciones legales y políticas del caso.
El Contexto de la Ocupación: El Ex Instituto Juan Domingo Perón
El edificio en cuestión, conocido como el ex Instituto Juan Domingo Perón, tiene una rica historia ligada al peronismo y a la formación política y sindical. A lo largo de los años, el instituto albergó diversas actividades y programas, convirtiéndose en un espacio emblemático para la militancia y el debate ideológico. Sin embargo, en tiempos recientes, el edificio había quedado en desuso y su futuro era incierto. Esta situación de abandono, sumada a la creciente conflictividad social y a la búsqueda de espacios para la organización política, creó un caldo de cultivo propicio para la ocupación. La disolución del instituto, anunciada previamente, fue percibida por algunos sectores como un intento de desmantelar un legado histórico y de silenciar voces disidentes.
La ocupación del edificio no fue un acto espontáneo, sino que fue cuidadosamente planificada y ejecutada por un grupo de activistas liderados por Juan Grabois. Grabois, conocido por su trayectoria en movimientos sociales y su crítica al gobierno actual, vio en la ocupación una oportunidad para visibilizar sus demandas y para denunciar lo que considera una política de ajuste y represión. La elección del ex Instituto Juan Domingo Perón como escenario de la protesta no fue casualidad, ya que el edificio simboliza los valores y principios del peronismo, una corriente política con la que Grabois se identifica.
La Ocupación en Sí: Detalles del Incidente
El 7 de junio de 2025, alrededor de setenta personas, lideradas por Juan Grabois, irrumpieron en el edificio del ex Instituto Juan Domingo Perón. El ingreso se produjo mediante la rotura de una puerta de blindex que comunicaba dependencias del edificio con el bar temático “Un Café con Perón”. Este acto de vandalismo, además de dañar la propiedad pública, representó una escalada en la tensión y una muestra de determinación por parte de los ocupantes. Una vez dentro, los manifestantes profirieron consignas contra el Gobierno, desconocieron la disolución del Instituto y manifestaron su intención de “resistir” y “defender el lugar”.
La ocupación fue transmitida en directo a través de las redes sociales del propio Grabois, lo que permitió que el evento cobrara una amplia difusión y generara un debate público. En las imágenes y videos difundidos, se podía observar a los ocupantes instalándose en el edificio, organizando actividades y expresando sus demandas. La presencia de legisladores como Itai Hagman y Natalia Zaracho acompañando a Grabois en la ocupación ilegal añadió una dimensión política al incidente, ya que demostró un apoyo explícito de representantes electos a este tipo de acciones.
La respuesta de las autoridades fue inmediata. La policía se desplegó en las inmediaciones del edificio para evitar que la ocupación se extendiera y para garantizar la seguridad de los vecinos. Sin embargo, la intervención policial fue limitada, ya que las autoridades optaron por una estrategia de diálogo y negociación con los ocupantes. Esta estrategia, si bien buscaba evitar un enfrentamiento violento, también fue criticada por algunos sectores, que la consideraron una muestra de debilidad y una falta de respeto a la ley.
El Rol del Ministerio de Capital Humano: La Querella
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, no tardó en reaccionar ante la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón. La cartera denunció el incidente como un acto de violencia y usurpación, y anunció que tomaría todas las acciones legales necesarias para recuperar el edificio y para que los responsables respondieran ante la Justicia. En este contexto, el Ministerio solicitó ser considerado parte querellante en la causa judicial que investiga la ocupación.
La resolución del juez federal Sebastián Ramos, que admitió al Ministerio de Capital Humano como parte querellante, fue un golpe importante para los ocupantes. El juez consideró que el Ministerio reúne los requisitos establecidos en los artículos 82 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación para ejercer plenamente sus derechos en el proceso judicial. Esto significa que el Ministerio tendrá la posibilidad de presentar pruebas, interrogar a testigos y solicitar la condena de los responsables de la ocupación.
El Ministerio de Capital Humano argumenta que la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón no solo constituye un delito penal, sino que también representa una amenaza para el patrimonio público y para el Estado de Derecho. La cartera sostiene que la ocupación ilegal de edificios públicos no puede ser tolerada, ya que socava la autoridad de las instituciones y genera inseguridad jurídica. Además, el Ministerio denuncia que Grabois no actuó como un mero asistente en la ocupación, sino que desempeñó un rol activo y lideró la acción.
Implicaciones Legales y Políticas de la Ocupación
La ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón ha generado una serie de implicaciones legales y políticas que van más allá del ámbito judicial. En el plano legal, la causa judicial que investiga la ocupación podría derivar en la imputación de delitos como usurpación, daño a la propiedad pública, resistencia a la autoridad y disturbios. Los responsables de la ocupación podrían enfrentar penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En el plano político, la ocupación ha exacerbado las tensiones entre el gobierno actual y los movimientos sociales. La postura del Ministerio de Capital Humano, al impulsar la querella contra Grabois y sus acompañantes, ha sido interpretada por algunos sectores como una muestra de persecución política y de represión a la protesta social. Por otro lado, los defensores de la postura del gobierno argumentan que la ocupación ilegal de edificios públicos no puede ser tolerada y que es necesario hacer cumplir la ley.
La presencia de legisladores como Itai Hagman y Natalia Zaracho acompañando a Grabois en la ocupación también ha generado un debate sobre la responsabilidad de los representantes electos y sobre los límites de la protesta social. Algunos sectores han cuestionado la legitimidad de la participación de los legisladores en un acto ilegal, mientras que otros la justifican como una forma de solidaridad con los movimientos sociales y de denuncia de las políticas del gobierno.
El caso del ex Instituto Juan Domingo Perón pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas de protesta social en la Argentina contemporánea y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a la manifestación y el respeto a la ley. La resolución de este conflicto dependerá en gran medida de la decisión del juez federal Sebastián Ramos y de la capacidad de las partes involucradas para llegar a un acuerdo que satisfaga las demandas de justicia y de defensa del patrimonio público.
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