Jueces Federales Alertan por DNU y Exigen Independencia Judicial: Últimas Noticias
Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones manifestaron su inquietud por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025, impulsado por el Gobierno, el cual regula la administración de bienes decomisados. Alertaron que esta medida podría poner en riesgo la ley de autarquía del Poder Judicial.
Junta de Presidentes y Reelección de Autoridades
Estas posiciones quedaron reflejadas en comunicados emitidos tras la Junta de Presidentes de Cámaras Federales Penales realizada en Córdoba. En la ocasión, se eligieron nuevas autoridades y se plantearon diversos análisis en torno a los alcances del sistema acusatorio. El juez de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, fue reelegido por unanimidad.
La reunión contó con la presencia de representantes de las cámaras federales de las distintas jurisdicciones, incluyendo a Abel Sánchez Torres (Córdoba), Mariana Catalano (Salta), Rocío Alcalá (Resistencia), Silvina Andalaf (Rosario), Beatriz Aranguren (Paraná), Mariano Lozano (General Roca), Pablo Candisano (Bahía Blanca), Jorge Eduardo Di Lorenzo (La Plata), Ramón Luis González (Corrientes), Patricia Moltini (Tucumán), Mariano Llorens (Cámara Federal Penal de la Ciudad de Buenos Aires), Roberto Hornos (Cámara en lo Penal Económico), Marcelo Fernández (San Martín), y Juan Ignacio Pérez Curci (Mendoza).
Preocupación por el DNU 575/2025
Los presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones remarcaron su “preocupación” por “las dificultades que se presentarán frente a la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025”. Este decreto aprobó el Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados en los procesos penales de competencia nacional y federal y de extinción de dominio.
Alertaron que el nuevo régimen jurídico “genera interrogantes, contradicciones y superposiciones regulatorias que atentan contra los mismos propósitos que inspiraron su dictado”.
Impacto en la Corte Suprema y la Autarquía Judicial
La Junta señaló que el decreto “soslaya la tarea llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y el reciente dictado de la Acordada Nro. 22/25, que estableció el “reglamento de efectos secuestrados que no puedan secuestrarse a sus dueños y objetos decomisados”. Ratificaron decisiones similares adoptadas desde 1991.
Asimismo, advirtieron que el decreto podría afectar la Ley de Autarquía Judicial N° 23.853, en lo atinente a los recursos específicos y propios que componen el presupuesto del Poder Judicial de la Nación y al destino que debe dársele a ellos. Propiciaron el diálogo institucional para adoptar soluciones integrales.
Solidaridad con la Jueza Natalia Martínez
Además, lamentaron la intimidación sufrida por la jueza federal de Rosario, Natalia Martínez. La Junta compartió su solidaridad y compromiso en defensa de la función jurisdiccional libre de presiones, amenazas o condicionamientos.
Exhortaron a las autoridades competentes a realizar una investigación exhaustiva y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la magistrada y de todos los integrantes del Poder Judicial. Confiaron en que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la unidad en defensa de la justicia serán el camino para superar.
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