Genocidio en Gaza: Informe de la ONU y sus Implicaciones para Israel y el Mundo

La reciente declaración de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que califica las acciones de Israel en Gaza como genocidio, ha desatado una tormenta diplomática y legal con implicaciones de largo alcance. Este informe, emitido por un organismo de peso dentro del sistema de Naciones Unidas, no solo representa una acusación grave, sino que también redefine las obligaciones de la comunidad internacional frente a la situación en curso. El análisis que sigue desglosa las consecuencias jurídicas, políticas y potenciales acciones que se derivan de esta determinación, explorando cómo podría afectar a Israel, a otros Estados y a las instituciones internacionales.

El Significado Jurídico de la Declaración de Genocidio

La calificación de genocidio no es una mera etiqueta; tiene profundas implicaciones legales bajo el derecho internacional. El Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define el genocidio como actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La Comisión de la ONU, al concluir que Israel ha cometido genocidio, establece que existe una base jurídica sólida para considerar que las acciones en Gaza buscan la destrucción de la población palestina, o al menos, una parte sustancial de ella.

Esta determinación activa una serie de obligaciones para todos los Estados miembros de la ONU. La obligación primordial es la de no prestar asistencia a Israel en el mantenimiento de la situación que constituye genocidio. Esto implica, en la práctica, la suspensión de la venta de armas, material defensivo, asistencia económica y cualquier otra forma de apoyo que pueda facilitar la continuación de las acciones consideradas genocidas. La interpretación autorizada del marco jurídico, como señala la catedrática Ana Manero, es crucial para entender la magnitud de esta obligación.

Además, la declaración de genocidio puede abrir la puerta a la jurisdicción universal, permitiendo a tribunales de otros países investigar y juzgar a individuos responsables de estos crímenes, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometieron los actos. Esto podría llevar a la emisión de órdenes de arresto internacionales y a la persecución penal de altos funcionarios israelíes.

Obligaciones de los Estados y el Papel del Consejo de Seguridad

La constatación de la violación de normas imperativas del derecho internacional impone a los Estados la responsabilidad de actuar. Esto va más allá de la simple abstención de prestar ayuda a Israel. Los Estados tienen la obligación de cooperar en la prevención del genocidio, de proteger a las poblaciones en riesgo y de llevar a los responsables ante la justicia. La profesora María de los Ángeles Ruiz subraya que el Consejo de Seguridad de la ONU debería adoptar medidas para pacificar la zona, aunque su efectividad se ve obstaculizada por el veto de Estados Unidos.

A pesar de la parálisis del Consejo de Seguridad, los Estados individuales pueden tomar medidas unilaterales, como la imposición de embargos comerciales, la ruptura de relaciones diplomáticas o la aplicación de sanciones económicas. Estas acciones, aunque no vinculantes a nivel global, pueden ejercer una presión significativa sobre Israel y enviar un mensaje claro de condena internacional. La decisión de cada Estado dependerá de sus propios intereses y consideraciones políticas, pero la declaración de la Comisión de la ONU crea un contexto en el que la inacción se vuelve cada vez más difícil de justificar.

La inacción también podría acarrear consecuencias legales para los Estados que no cumplan con sus obligaciones de prevención y protección. Podrían ser considerados cómplices de genocidio o de otros crímenes internacionales, lo que podría dar lugar a demandas ante tribunales internacionales o nacionales.

Implicaciones para la Corte Penal Internacional (CPI)

El informe de la Comisión de la ONU podría fortalecer significativamente la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Palestina. La CPI ya ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad. La determinación de genocidio por parte de la Comisión podría proporcionar a la Fiscalía nuevos elementos de prueba y argumentos jurídicos para ampliar los cargos y justificar la persecución penal de otros responsables.

La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio palestino. La declaración de la Comisión de la ONU refuerza la base jurídica para que la CPI ejerza su jurisdicción y lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. La cooperación de los Estados miembros de la CPI es fundamental para el éxito de esta investigación, y la declaración de genocidio podría aumentar la presión sobre los Estados para que presten su apoyo.

La posibilidad de que la CPI emita nuevas órdenes de arresto o confirme las existentes podría tener un impacto significativo en la reputación y la movilidad de los funcionarios israelíes acusados. También podría dificultar las relaciones diplomáticas de Israel con los Estados miembros de la CPI.

Presión Política, Diplomática y Jurídica en Ascenso

La profesora Montserrat Abad destaca que el fallo de la comisión "aumenta la presión política, diplomática y jurídica" sobre Israel. Esta presión se manifiesta en diversos frentes, desde las condenas internacionales y las demandas de investigación hasta las sanciones económicas y las acciones legales. La declaración de genocidio no solo valida las acusaciones anteriores, sino que también las eleva a un nuevo nivel de gravedad y urgencia.

La presión política se traduce en un mayor escrutinio internacional de las acciones de Israel y en un aumento de las demandas de rendición de cuentas. Los Estados y las organizaciones internacionales están bajo una creciente presión para tomar medidas concretas para poner fin a la violencia y garantizar la protección de la población palestina. La presión diplomática se manifiesta en la convocatoria de reuniones de emergencia en la ONU, en la presentación de resoluciones de condena y en la intensificación de los esfuerzos de mediación.

La presión jurídica se materializa en la presentación de demandas ante tribunales internacionales y nacionales, en la investigación de crímenes de guerra y contra la humanidad, y en la aplicación de la jurisdicción universal. La declaración de genocidio fortalece todos estos esfuerzos y aumenta la probabilidad de que los responsables sean llevados ante la justicia.

La Posición de la ONU y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

A pesar de la contundencia del informe de la Comisión de la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha adoptado una postura cautelosa, afirmando que el informe no determina la postura de la entidad y emplazando a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad a tomar una decisión. Esta cautela refleja las tensiones internas dentro de la ONU y la dificultad de lograr un consenso sobre cuestiones tan delicadas como la acusación de genocidio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya había dictado medidas cautelares en 2024, ordenando a Israel tomar acciones para prevenir actos que pudieran constituir genocidio. Sin embargo, la CIJ no ha emitido una declaración final sobre si las acciones de Israel constituyen o no genocidio. La declaración de la Comisión de la ONU podría influir en la decisión final de la CIJ, pero esta seguirá siendo independiente y basará su fallo en las pruebas presentadas ante ella.

La Fiscalía de la CPI también se ha referido a la posibilidad de genocidio, pero no ha emitido una declaración final al respecto. La declaración de la Comisión de la ONU podría acelerar el proceso de investigación de la CPI y aumentar la probabilidad de que se presenten cargos por genocidio.

El Contexto Histórico y la Perpetuación del Conflicto

La declaración de genocidio debe entenderse en el contexto de un conflicto prolongado y complejo, marcado por décadas de ocupación, desplazamiento, violencia y violaciones de los derechos humanos. La situación en Gaza ha alcanzado un punto crítico, con un número alarmante de víctimas civiles, una crisis humanitaria sin precedentes y una destrucción generalizada de la infraestructura. La comunidad internacional ha sido criticada por su inacción y su incapacidad para proteger a la población palestina.

La perpetuación del conflicto se debe a una serie de factores, incluyendo la falta de voluntad política de las partes para alcanzar una solución justa y duradera, la influencia de intereses externos y la persistencia de narrativas polarizadas. La declaración de genocidio podría ser un catalizador para un cambio en la dinámica del conflicto, obligando a las partes a reconsiderar sus posiciones y a buscar una solución negociada.

Sin embargo, también existe el riesgo de que la declaración de genocidio exacerbe las tensiones y conduzca a una escalada de la violencia. Es fundamental que la comunidad internacional actúe con prudencia y responsabilidad, priorizando la protección de los civiles y la búsqueda de una solución pacífica.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//global/todo-cambia-declaracion-genocidio-onu-sobre-israel.html