Peajes en Argentina: Usuarios denuncian aumentos sin mejoras en rutas y cuestionan modelo de concesión.
El reciente anuncio de nuevas concesiones viales en Argentina ha desatado una ola de críticas, no por la necesidad de mejorar la infraestructura, sino por la forma en que se plantea la solución: un aumento significativo de los peajes sin una contrapartida real en obras de ampliación o modernización. El Comité Nacional del Usuario Vial (Conaduv) ha alzado la voz, denunciando un esquema que perpetúa un modelo de negocios opaco y oneroso para los ciudadanos, donde el beneficio parece inclinarse más hacia los contratistas que hacia la calidad de las rutas y la comodidad de los usuarios. Este artículo profundiza en las controversias del nuevo esquema de concesión, analizando las tarifas propuestas, las empresas involucradas, las implicaciones para los usuarios y los argumentos legales que se están presentando para desafiarlo.
- El Nuevo Esquema de Concesión: Tarifas Elevadas y Obras Limitadas
- El "Club del Peaje": Los Contratistas Históricos en la Nueva Licitación
- La Falta de Alternativas Libres de Pago: Una Imposición para los Usuarios
- El Recurso de Amparo y la Defensa del Derecho a la Libre Circulación
- Una "Caja Política" Encubierta: La Crítica a la Lógica de Negocios entre el Poder Político y los Contratistas
El Nuevo Esquema de Concesión: Tarifas Elevadas y Obras Limitadas
El núcleo de la controversia reside en la disparidad entre el aumento propuesto en las tarifas de peaje y la ausencia de un plan ambicioso de obras de infraestructura. Las tarifas, que podrían alcanzar los $4.200 por cada 100 km para automóviles y US$ 20 para camiones pesados, representan un incremento sustancial que impactará directamente en el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, el contrato de concesión, según denuncia el Conaduv, se limita al mantenimiento básico de las rutas, como el corte de pasto y el bacheo, sin contemplar ampliaciones significativas o mejoras en la seguridad vial. Esta situación genera la percepción de que se está priorizando la rentabilidad de las empresas concesionarias por encima de las necesidades de los usuarios y el desarrollo del país.
Las rutas afectadas por este nuevo esquema son las nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, así como la ruta 174 y el puente Rosario-Victoria. Estas vías son cruciales para el transporte de mercancías y el movimiento de personas en una amplia región del país, y su estado actual, en muchos tramos, deja mucho que desear. La falta de inversión en infraestructura adecuada ha generado problemas de seguridad, congestión y costos adicionales para los usuarios, que se ven obligados a soportar largos tiempos de viaje y un mayor desgaste de sus vehículos.
El "Club del Peaje": Los Contratistas Históricos en la Nueva Licitación
La composición del grupo de empresas que se presentaron a la licitación ha despertado suspicacias y ha reforzado las críticas al modelo de concesiones. Seis oferentes compitieron por las rutas: Autovía Construcciones y Servicios Coyserv Consorcio Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni Benito Roggio Juan Chediak – Panedile Rovella Carranza. Gran parte de estas firmas, según el Conaduv, pertenecen al denominado "Club del Peaje", un grupo de contratistas estatales que han participado en la mayoría de las concesiones viales desde los años 90. Esta concentración de poder en manos de unas pocas empresas genera interrogantes sobre la transparencia del proceso licitatorio y la posibilidad de que se perpetúen prácticas monopolísticas.
El Conaduv argumenta que este "Club del Peaje" ha logrado mantener su posición privilegiada gracias a una red de contactos políticos y a la falta de controles efectivos por parte del Estado. Las empresas, según denuncian, se benefician de subsidios, créditos internacionales y contratos a largo plazo que les garantizan una rentabilidad segura, sin la necesidad de realizar inversiones significativas en infraestructura. Este modelo, a su juicio, perpetúa un sistema de corrupción y clientelismo que perjudica a los usuarios y al desarrollo del país.
La Falta de Alternativas Libres de Pago: Una Imposición para los Usuarios
Una de las principales objeciones del Conaduv es la falta de alternativas libres de pago para los usuarios. El nuevo esquema de concesión, al igual que los anteriores, no contempla la existencia de rutas alternativas que permitan evitar el pago de los peajes. Esto convierte al sistema en una forma de imposición doble, ya que los usuarios deben abonar los peajes a pesar de ya pagar el Impuesto a los Combustibles y otros tributos asociados al uso vehicular. Esta situación genera un sentimiento de injusticia y de falta de consideración hacia los derechos de los ciudadanos.
La instalación de 54 nuevas cabinas de peaje, que elevaría el total nacional a 94, agrava aún más el problema. Un ejemplo emblemático es la Ruta Nacional 3, donde se prevé que los conductores deban pagar ocho peajes entre Buenos Aires y Bahía Blanca. Este aumento en el número de peajes incrementará los costos de viaje y dificultará el transporte de mercancías, afectando la competitividad de las empresas y el desarrollo económico de la región.
El Recurso de Amparo y la Defensa del Derecho a la Libre Circulación
Ante la falta de respuestas por parte del Estado, el ingeniero Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, miembro del Conaduv, presentó en marzo de este año un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú para solicitar la eliminación de las estaciones de peaje. El planteo legal sostiene que las rutas concesionadas son de dominio público y que los peajes vulneran el derecho constitucional a la libre circulación. Este recurso representa un intento por defender los derechos de los usuarios y por cuestionar la legalidad del modelo de concesiones.
El argumento central del recurso de amparo se basa en la interpretación del artículo 19 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la libre circulación. Los abogados del Conaduv sostienen que la imposición de peajes en rutas de dominio público constituye una restricción ilegítima a este derecho, ya que obliga a los usuarios a pagar por el uso de un servicio que debería ser gratuito. Además, argumentan que los peajes generan una discriminación entre los usuarios que pueden pagar y los que no, limitando el acceso a la movilidad y afectando la igualdad de oportunidades.
Una "Caja Política" Encubierta: La Crítica a la Lógica de Negocios entre el Poder Político y los Contratistas
El Conaduv denuncia que este modelo de concesión representa una "caja política" encubierta, sostenida por una lógica de negocios entre el poder político y contratistas con antecedentes judiciales. Se alerta que, mientras se eliminan las inversiones del Estado en obra pública bajo el argumento de la crisis fiscal, se sostienen mecanismos que, lejos de promover la eficiencia, reproducen esquemas opacos y onerosos para los usuarios. Esta crítica apunta a la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos y a la priorización de los intereses privados por encima del bien común.
La denuncia de antecedentes judiciales de algunos de los contratistas involucrados en las concesiones añade un elemento de preocupación. El Conaduv argumenta que la falta de controles efectivos y la impunidad permiten que empresas con un historial cuestionable sigan participando en licitaciones públicas y beneficiándose de contratos millonarios. Esta situación genera desconfianza en la gestión pública y alimenta la percepción de que el sistema está viciado por la corrupción.
La insistencia del Conaduv en que el Estado no ha respondido al reclamo judicial presentado en marzo de este año refuerza la idea de que existe una falta de voluntad política para abordar el problema de los peajes y para defender los derechos de los usuarios. La falta de transparencia en la información y la ausencia de un diálogo constructivo con la sociedad civil generan un clima de desconfianza y de frustración.
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