Terremoto Judicial en Santa Cruz: Causas Kirchneristas Reviven Tras Cambios en la Corte
Un terremoto sacude a la Justicia de Santa Cruz y podría reabrir denuncias enterradas contra el kirchnerismo. Los cambios en la composición de los tribunales de la provincia provocan un nuevo tratamiento de las causas; un expediente contra Alicia Kirchner por la designación irregular de un juez del Tribunal Superior tendría chances de desarchivarse.
Causas Congeladas
Una exgobernadora, la exesposa de Máximo Kirchner, un juez, un exvicegobernador, un actual intendente... Todos ellos son dirigentes kirchneristas con causas en la justicia de Santa Cruz que durante años quedaron congeladas y que ahora podrían reabrirse por la transformación que atraviesa la justicia local. Algunas de estas causas fueron incluso archivadas.
Según el oficialismo provincial, esto se debió a que eran funcionarios blindados ante cualquier investigación judicial. Salvo casos aislados, la justicia santacruceña siempre estuvo alineada al poder de turno, que en Santa Cruz monopolizó el kirchnerismo por al menos 32 años.
Ni siquiera el desplazamiento inconstitucional del procurador Eduardo Sosa en 1995 -para muchos, el principal gesto de disciplinamiento - generó una reacción del Poder Judicial.
Ampliación del Tribunal Superior
Pero en las últimas semanas hubo una transformación. El terremoto en el Poder Judicial se desató por la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de cinco a nueve jueces, impulsada el gobernador Claudio Vidal y aprobada por mayoría en la Legislatura hace menos de dos meses.
Según el kirchnerismo, la ley es inconstitucional y es nula la designación de los cuatro nuevos vocales nombrados en el TSJ. A pesar de su resistencia, los cambios avanzan.
“No es más ni menos que garantizar la impunidad”, afirmó la diputada kirchenerista Agustina Mora Doldán al fundamentar su voto contra la ampliación de la Corte. Los argumentos se dieron vuelta. Ahora el kirchnerismo denuncia coptación de la justicia.
Restitución del Procurador de Justicia
Además, la Legislatura tiene en carpeta aprobar la creación del cargo de Procurador de Justicia disuelto hace 30 años. El jueves pasado fracasó la sesión para hacerlo, pero el oficialismo volverá a la carga.
Así, el Gobierno se encamina a restituir en el cargo a Eduardo Sosa, cumpliendo así con lo ordenado por la Corte Suprema en varias oportunidades. El kirchnerismo se opone abiertamente a la restitución del cargo de Procurador General de Justicia.
También lo hace el titular del Ministerio Público Fiscal, Lisandro De La Torre -ministro de Seguridad de Alicia Kirchner y diputado provincial por el Frente de Todos-.
Nombramientos y Suspensiones
Tras la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros, se nombraron los cuatro nuevos vocales. Sin embargo, aún no se reunió la Corte en su plenitud, dado que los cuatro vocales antiguos desconocen a los nuevos nombramientos.
De los cuatro vocales del Tribunal Superior alineados con el kirchnerismo, hoy quedan tres: la semana pasada fue suspendido el vocal Fernando Basanta, en medio del trámite de un jury por haber asumido en el cargo sin contar con los cinco años en el ejercicio de la abogacía requerido.
Basanta fue nombrado por la exgobernadora Alicia Kirchner y había sido ministro de Gobierno durante su gestión.
Denuncia contra Alicia Kirchner
El año pasado, el abogado local Sergio Macagno presentó una denuncia penal contra Alicia Kirchner por haber propuesto a Basanta pese a que no contaba con los seis años de antigüedad necesarios. En ese momento, la causa fue rápidamente archivada por la jueza Marcela Quintana.
Durante tres años, el mismo TSJ, donde Basanta ya era miembro, congeló el recurso de la Asociación de Abogados de Río Gallegos que cuestionaba esa designación. Los abogados ahora esperan presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, la única vía para avanzar con la destitución del vocal.
La causa contra Alicia Kirchner podría reabrirse, advierten en los tribunales.
Otras Denuncias
El exvicegobernador de Alicia Kirchner, Eugenio Quiroga, fue denunciado por el actual vicegobernador, Fabián Leguizamón, en el Juzgado N° 2 de Río Gallegos. Lo acusó de haber ordenado a sus subalternos transferirles a sus cuentas personales caudales.
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