Santa Cruz: Nueva Oficina Anticorrupción para Mayor Transparencia y Ética Pública
La Cámara de Diputados de Santa Cruz recibió el Proyecto de Ley N.º 616 que instituyó la Oficina Anticorrupción de la Provincia de Santa Cruz (OASC). La iniciativa tuvo por objetivo garantizar la transparencia en la gestión pública, mediante un órgano autónomo e independiente del Poder Ejecutivo.
Funcionamiento y Ámbito de Actuación
El texto legislativo establece que la nueva OASC funcionaría dentro del ámbito del Poder Legislativo, con personería jurídica pública y autonomía administrativa. Su misión principal consistió en prevenir, detectar, investigar y sancionar administrativamente hechos de corrupción.
Además, la oficina denunciaría ante la Justicia aquellas conductas contrarias a la ética pública. El proyecto delimitó el ámbito de actuación a todas las dependencias del Estado provincial, organismos descentralizados, empresas y sociedades con participación estatal.
También se incluyeron los municipios que administren fondos provinciales, contratistas, concesionarios y proveedores que mantengan vínculos con el Estado.
Funciones y Facultades
La Oficina Anticorrupción quedaría facultada para recibir denuncias de ciudadanos o empleados públicos, iniciar investigaciones de oficio, solicitar expedientes y documentación, e inspeccionar oficinas públicas.
Asimismo, podría actuar como querellante en procesos judiciales vinculados a hechos de corrupción y promover políticas de transparencia e integridad en todos los niveles del Estado.
Designación de las Autoridades
La conducción de la oficina recaería en un titular y un adjunto, ambos designados por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El diputado Muñoz manifestó que “para conferir máxima independencia al titular de la OASC, es crucial establecer un mecanismo de designación que requiera un alto consenso legislativo”.
Fundamentos de la Iniciativa
En los fundamentos, el legislador señaló que la iniciativa buscó dotar de legitimidad política y blindaje institucional al nuevo organismo, evitando presiones o injerencias del Ejecutivo.
Se indicó que “el modelo vigente carece de independencia suficiente para restaurar la credibilidad institucional”.
Asimismo, se sostuvo que la creación del ente responde a las convenciones internacionales anticorrupción ratificadas por la Nación.
El diputado explicó que “la autoridad de aplicación de la Ley N.º 3034 de Ética Pública depende actualmente del Poder Ejecutivo, lo que condiciona su eficacia. Con esta propuesta, trasladamos la competencia al Poder Legislativo para garantizar imparcialidad y control real”.
Finalmente, se fundamentó que la medida se inscribe en una política de Estado de largo plazo, orientada a restaurar la confianza pública y fortalecer las instituciones democráticas de la provincia.
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