Chubut: Exdirector y Proveedor Investigados por Desvío de Fondos Escolares y Facturas Falsas
La tranquilidad de una comunidad educativa en Corcovado, Chubut, se ha visto sacudida por una investigación que destapa una presunta trama de corrupción en la Escuela N.º 779. El exdirector, Emiliano Figueroa, y el proveedor Alejandro Altamirano, se encuentran en el centro de una acusación que involucra la falsificación de facturas y el desvío de fondos públicos destinados a la alimentación escolar. Este escándalo no solo pone en tela de juicio la integridad de los acusados, sino que también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en la administración de recursos educativos a nivel provincial. La investigación, que se encuentra en etapa preparatoria, promete revelar detalles cruciales sobre el alcance de las maniobras fraudulentas y las posibles implicancias para otros actores involucrados.
- El Inicio de la Investigación: Denuncia y Primeras Evidencias
- Las Acusaciones Formales: Peculado y Falsificación de Documentos
- El Modus Operandi: Cheques de Membrillo y Facturas Falsas
- El Periodo de las Irregularidades: Mayo de 2023 a 2024
- Incumplimiento Normativo: Resolución 1745 y Normativa Contable
- La Investigación Preparatoria: Próximos Pasos y Plazos
El Inicio de la Investigación: Denuncia y Primeras Evidencias
La Fiscalía de Esquel, liderada por la Fiscal General Jefe, María Bottini, y el Funcionario Julián Forti, inició la investigación a raíz de indicios concretos que sugerían irregularidades en la gestión de fondos de la Escuela N.º 779. La solicitud de apertura de la investigación preparatoria ante el juez Jorge Criado se basó en la recopilación de elementos suficientes que apuntaban a la comisión de delitos por parte de Figueroa y Altamirano. Estos elementos incluían inconsistencias en la documentación respaldatoria de los gastos, discrepancias entre los productos facturados y los efectivamente recibidos por la escuela, y la falta de justificación adecuada para ciertas erogaciones. La fiscalía actuó con celeridad al detectar las primeras señales de alerta, dando inicio a un proceso que busca esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia.
La denuncia inicial pudo haber provenido de diversas fuentes, ya sea de personal de la escuela, padres de alumnos, o incluso de organismos de control internos del Ministerio de Educación. Lo cierto es que la información recibida fue lo suficientemente sólida como para justificar una investigación formal. La fiscalía, al analizar la documentación proporcionada, detectó patrones sospechosos que indicaban la existencia de un esquema preestablecido para desviar fondos públicos. La colaboración entre Figueroa y Altamirano se reveló como un elemento clave en la trama, ya que el exdirector era el encargado de gestionar y cobrar los cheques, mientras que el proveedor se encargaba de emitir las facturas falsas que respaldaban las operaciones fraudulentas.
Las Acusaciones Formales: Peculado y Falsificación de Documentos
El Ministerio Público Fiscal imputó a Emiliano Figueroa la presunta comisión de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso en 31 hechos distintos, en concurso real entre sí. Esto significa que se le acusa de haber cometido múltiples actos de apropiación indebida de fondos públicos, agravados por el uso de documentación falsa para encubrir sus acciones. El peculado, según el Código Penal, es el delito que comete el funcionario público que se apropia de bienes o derechos que están bajo su custodia por razón de su cargo. La figura del "concurso ideal" implica que Figueroa actuó en colaboración con Altamirano para cometer los delitos, compartiendo la intención de defraudar al Estado. El "concurso real", por su parte, se refiere a la acumulación de múltiples delitos en un solo proceso judicial.
Por su parte, a Alejandro Altamirano se le imputaron 29 hechos de peculado en concurso ideal con uso de documento público falso, también en concurso real entre sí, pero en calidad de "participación primaria". Esto indica que Altamirano desempeñó un papel fundamental en la comisión de los delitos, al proporcionar la documentación falsa que permitió a Figueroa desviar los fondos públicos. La "participación primaria" implica que Altamirano no solo facilitó la comisión de los delitos, sino que también tuvo un rol activo en la planificación y ejecución de la trama fraudulenta. La gravedad de las acusaciones contra ambos imputados refleja la seriedad de los delitos que se les atribuyen y la determinación de la fiscalía de llevarlos ante la justicia.
El Modus Operandi: Cheques de Membrillo y Facturas Falsas
La investigación reveló que el esquema fraudulento se articuló en torno a la gestión y cobro de cheques destinados a la compra de alimentos para el refrigerador escolar. Figueroa, en su rol de director, se encargaba de gestionar estos cheques y de cobrar el dinero correspondiente. Sin embargo, en lugar de utilizar los fondos para adquirir los alimentos necesarios para los alumnos, los desviaba hacia fines ilícitos. Para justificar estas operaciones, Figueroa contaba con la colaboración de Altamirano, quien le proporcionaba facturas falsas que respaldaban la compra de productos que nunca fueron entregados a la escuela. Estas facturas eran emitidas a nombre de proveedores que, en realidad, no habían suministrado mercadería alguna.
Un detalle particularmente revelador de la trama fraudulenta es que las facturas falsas incluían rubros que eran distintos a los registrados oficialmente por los proveedores. Por ejemplo, se facturaban productos como pollo o tapas de empanadas, que no formaban parte del refrigerador escolar y que no estaban contemplados en las necesidades de la escuela. Esto evidencia el propósito ilícito de las maniobras, que consistía en desviar fondos públicos sin dejar rastro. Los investigadores recalcaron que los alimentos supuestamente adquiridos nunca ingresaron a la escuela, lo que confirma la falsedad de las operaciones y la intención de defraudar al Estado.
El Periodo de las Irregularidades: Mayo de 2023 a 2024
Las supuestas operaciones fraudulentas se produjeron durante un periodo comprendido entre mayo de 2023 y el año 2024. Este lapso de tiempo sugiere que la trama se mantuvo activa durante más de un año, lo que indica la existencia de un esquema bien organizado y de una falta de controles efectivos en la administración de los fondos escolares. La fiscalía está investigando si las irregularidades se limitaron a este periodo o si se extendieron a otros momentos anteriores. La amplitud del periodo de las irregularidades también plantea interrogantes sobre la posible participación de otros actores involucrados en la trama, ya sea dentro de la escuela o en el Ministerio de Educación.
Durante este periodo, Figueroa gestionó y cobró al menos cheques de membrillo respaldados por las facturas falsas emitidas por Altamirano. El membrillo, un producto tradicionalmente utilizado en la elaboración de dulces y conservas, fue utilizado como excusa para justificar la erogación de fondos públicos que, en realidad, eran desviados hacia fines ilícitos. La elección de este producto en particular podría haber sido estratégica, ya que su precio relativamente bajo permitía a los acusados desviar cantidades significativas de dinero sin levantar sospechas. La fiscalía está analizando todos los cheques cobrados por Figueroa durante este periodo para determinar el alcance total de las operaciones fraudulentas.
Incumplimiento Normativo: Resolución 1745 y Normativa Contable
Las maniobras investigadas implican un presunto desvío de fondos públicos administrados directamente por la institución educativa, lo que configura un incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Resolución 1745 y por la normativa contable que rige la administración de recursos en el Ministerio de Educación de la provincia. La Resolución 1745 establece los criterios y procedimientos para la asignación y utilización de los fondos destinados a la alimentación escolar, exigiendo a las instituciones educativas una rendición de cuentas transparente y detallada de los gastos realizados. La normativa contable, por su parte, establece los principios y normas que deben seguirse en la gestión de los recursos públicos, garantizando la legalidad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los fondos.
El incumplimiento de estas normas por parte de Figueroa y Altamirano evidencia una falta de respeto por las leyes y una actitud negligente en la administración de los recursos públicos. La fiscalía está investigando si este incumplimiento fue intencional o si se debió a una falta de conocimiento de la normativa vigente. En caso de que se determine que el incumplimiento fue intencional, los acusados podrían enfrentar cargos adicionales por violación de deberes de funcionario público. La fiscalía también está analizando si otros funcionarios del Ministerio de Educación fueron conscientes de las irregularidades y no tomaron las medidas necesarias para prevenirlas o corregirlas.
La Investigación Preparatoria: Próximos Pasos y Plazos
El juez Criado, al dar curso a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, demostró reunidos los requisitos legales para habilitar la investigación preparatoria. Esta etapa del proceso judicial tiene como objetivo recabar pruebas y testimonios que permitan determinar la responsabilidad penal de los imputados en la supuesta malversación de fondos. La resolución judicial establece un plazo de seis meses para la etapa investigativa, autorizando a la fiscalía a avanzar con pericias, relevamientos contables y nuevas medidas de prueba. Durante este periodo, la fiscalía podrá solicitar la declaración de testigos, realizar allanamientos, incautar documentación y realizar análisis forenses de los dispositivos electrónicos utilizados por los acusados.
La fiscalía también podrá solicitar la colaboración de otros organismos de control, como la Dirección General de Contaduría General de la Provincia, para realizar auditorías y relevamientos contables que permitan determinar el alcance total de las operaciones fraudulentas. La investigación preparatoria es una etapa crucial del proceso judicial, ya que es en este momento en que se sientan las bases para la eventual formulación de cargos y la realización de un juicio oral y público. La fiscalía se encuentra trabajando arduamente para recolectar la mayor cantidad de evidencia posible y garantizar que los responsables de la supuesta malversación de fondos sean llevados ante la justicia.
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