Paralización de Obras Públicas: Impacto Legal de la No Emisión de Certificados y Cómo Reclamar

La paralización de la emisión de Certificados de Obra en contratos de obra pública, especialmente a partir de finales de 2023, ha generado una crisis contractual de gran magnitud en Argentina. Esta situación, originada por un cambio de política gubernamental y la disolución de organismos estatales, ha afectado a numerosas empresas contratistas y a la ejecución de proyectos de infraestructura vitales. El presente análisis se centra en la naturaleza jurídica de los Certificados de Obra y los efectos legales de su no emisión, destacando los derechos de los contratistas frente a la inacción estatal.

Contexto de la Crisis Certificatoria

El cambio de gobierno a fines de 2023 marcó un punto de inflexión en la ejecución de obras públicas a nivel nacional. La decisión de reducir drásticamente la inversión en infraestructura, sumada a la disolución de organismos y entes estatales encargados de la gestión de contratos, generó un vacío administrativo y operacional que impactó directamente en la continuidad de los proyectos en marcha. Esta política, inicialmente concebida para futuros proyectos, se extendió retroactivamente, afectando contratos ya firmados y obras en ejecución. La consecuencia más visible fue el abandono de las obras, la falta de aprobación de trabajos realizados y, crucialmente, la suspensión de la emisión de Certificados de Obra.

La Dirección Nacional de Vialidad, entre otros organismos, se vio particularmente afectada por esta situación, dada la envergadura de los proyectos a su cargo. La no emisión de certificados no solo implicó la suspensión de los pagos correspondientes a los trabajos ya ejecutados, sino que también obstaculizó el trámite y cobro de las obras terminadas, generando un grave perjuicio económico para las empresas contratistas. La incertidumbre y la prolongación de esta situación, que en algunos casos supera el año, han puesto en riesgo la viabilidad de numerosas empresas y la finalización de proyectos esenciales para el desarrollo del país.

Naturaleza Jurídica del Certificado de Obra

El Certificado de Obra es un documento público de carácter esencial en la relación contractual de obra pública. Su emisión es responsabilidad exclusiva del Comitente estatal y debe ser realizada por funcionarios con competencia específica, como el Inspector de la Obra, su superior inmediato (Director de Obras) e incluso autoridades de mayor jerarquía (Subsecretarios, Directores de entes u organismos). Este documento constituye la formalización de la aprobación de los trabajos ejecutados por el Contratista, validando su cumplimiento con las especificaciones técnicas y contractuales.

La emisión del Certificado de Obra no es un mero acto administrativo discrecional, sino una obligación legal impuesta al Comitente. Debe realizarse en tiempo y forma, respetando los plazos establecidos en la normativa vigente y en el propio contrato. La falta de emisión del certificado, cuando corresponde, constituye un incumplimiento contractual grave que genera consecuencias legales para la parte estatal. El certificado, por tanto, no es una simple formalidad, sino un requisito indispensable para que el Contratista pueda acceder al pago de las obras realizadas.

Efectos de la No Emisión de Certificados: Derechos del Contratista

La no emisión de los Certificados de Obra por parte del Comitente estatal no puede afectar los derechos del Contratista. La jurisprudencia y la doctrina son contundentes al respecto, reconociendo el derecho del Contratista a percibir intereses moratorios desde la fecha de vencimiento en que el Comitente debió emitir el certificado. Este derecho no puede ser discutido ni objetado en ningún ámbito, ya que la responsabilidad de la emisión del certificado recae exclusivamente en la parte estatal.

La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en su artículo 48, consagra expresamente el derecho a intereses moratorios a favor del Contratista por mora en los pagos. El segundo párrafo de dicho artículo, específicamente aborda la situación de no emisión de los certificados, estableciendo que el retraso no puede ser imputado al Contratista si este no ha generado la demora. La no emisión del certificado, por lo tanto, se considera un incumplimiento imputable al Comitente, lo que genera el derecho a la percepción de intereses moratorios.

Análisis de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064

La Ley de Obras Públicas Nº 13.064 es el marco legal fundamental que regula los contratos de obra pública en Argentina. Su artículo 48 establece claramente el derecho del contratista a percibir intereses moratorios por la mora en los pagos. La ley no solo reconoce este derecho en general, sino que también aborda específicamente la situación de la no emisión de los certificados de obra. Al establecer que el retraso no puede ser causado por el contratista debido a reclamaciones sobre mediciones, la ley implícitamente reconoce que la responsabilidad de la emisión del certificado recae en el comitente.

La interpretación de este artículo, respaldada por una amplia jurisprudencia, es que la no emisión del certificado de obra por parte del comitente constituye un incumplimiento contractual que genera el derecho a la percepción de intereses moratorios desde la fecha de vencimiento del plazo para su emisión. Este derecho no puede ser eximido ni discutido por el comitente, ya que la responsabilidad de la emisión del certificado es exclusiva de este último. La ley busca proteger al contratista de los retrasos injustificados en los pagos, garantizando así la viabilidad económica de los proyectos de obra pública.

Implicancias Prácticas y Estrategias para el Contratista

Ante la situación de no emisión de Certificados de Obra, es fundamental que el Contratista adopte una estrategia legal proactiva para proteger sus derechos. En primer lugar, es crucial documentar exhaustivamente todas las actuaciones realizadas, incluyendo la presentación de los trabajos, las solicitudes de emisión de certificados y la falta de respuesta por parte del Comitente. Esta documentación servirá como prueba en caso de ser necesario iniciar acciones legales.

En segundo lugar, es recomendable enviar notas formales al Comitente, reclamando la emisión de los certificados y advirtiendo sobre las consecuencias legales de su incumplimiento. Estas notas deben ser enviadas por medio fehaciente (burofax, correo electrónico certificado, etc.) para asegurar su recepción y constancia. En tercer lugar, es aconsejable consultar con un abogado especializado en contratos de obra pública para evaluar las opciones legales disponibles y diseñar una estrategia de reclamación adecuada.

Las acciones legales que puede emprender el Contratista incluyen el reclamo administrativo ante el organismo correspondiente, la mediación y, en última instancia, el juicio ordinario ante los tribunales competentes. Es importante tener en cuenta que los plazos para iniciar estas acciones son limitados, por lo que es fundamental actuar con rapidez y diligencia. La acumulación de pruebas y la asesoría legal especializada son clave para obtener un resultado favorable.

La Responsabilidad del Estado y la Necesidad de Soluciones

La no emisión de Certificados de Obra por parte del Estado no solo constituye un incumplimiento contractual, sino que también genera un perjuicio económico significativo para las empresas contratistas y pone en riesgo la continuidad de los proyectos de infraestructura. La responsabilidad del Estado en esta situación es innegable, y es fundamental que se adopten medidas urgentes para solucionar este problema.

Es necesario que el Estado restablezca la operatividad de los organismos encargados de la gestión de contratos de obra pública, asignando los recursos necesarios para la emisión de los certificados y el pago de las obras realizadas. Asimismo, es fundamental que se establezcan mecanismos de diálogo y negociación con las empresas contratistas para encontrar soluciones consensuadas que permitan la finalización de los proyectos en marcha. La transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de los compromisos contractuales son pilares fundamentales para garantizar la confianza en la gestión pública y el desarrollo del país.

Fuente: https://elconstructor.com/naturaleza-juridica-y-efectos-de-la-no-emision-de-certificados/