Juez destituido por liberar a condenado por abigeato en Santa Cruz
**Destitución del juez Diego Lerena: un caso de liberación indebida**
La destitución de Diego Lerena
El juez Diego Mario Lerena ha sido destituido de su cargo y declarado inhabilitado por su actuación como juez subrogante en el caso de Óscar Núñez, condenado por abigeato. La destitución, acordada por unanimidad por el Tribunal de Enjuiciamiento, abre un debate sobre la integridad y supervisión del desempeño judicial.
El caso Núñez
Óscar Núñez, condenado por cuatro casos de abigeato, fue liberado en diciembre de 2023 tras un hábeas corpus resuelto por Lerena. Esta decisión generó críticas y cuestionamientos sobre la eficacia del sistema judicial en el tratamiento de delitos relacionados con la propiedad animal.
El fallo del Tribunal de Enjuiciamiento
El fallo del Tribunal de Enjuiciamiento, compuesto por los Dres. Hugo Amadeo Figueroa, Fernando Miguel Basanta y Reneé Guadalupe Fernández, detalla que la actuación de Lerena como juez subrogante constituye una falta grave según la Ley Nº 28. El Tribunal señala que la liberación de Núñez "podría haber generado una grieta entre la sociedad y el poder judicial".
El impacto en el Poder Judicial
La destitución de Lerena enfrenta al Poder Judicial a un momento crítico, planteando interrogantes sobre la integridad y supervisión de sus miembros. El caso ha puesto de relieve la necesidad de mejorar los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
Reacciones y debates
La destitución de Lerena ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos sectores apoyan la decisión, considerando que envía un claro mensaje de tolerancia cero a la corrupción, otros cuestionan la dureza de la medida.
Representante de un grupo de abogados
Recomendaciones y posibles mejoras
A raíz de este caso, se han propuesto varias recomendaciones para mejorar la transparencia y responsabilidad del Poder Judicial. Estas incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, la mayor capacitación de los jueces en ética judicial y el establecimiento de un sistema de revisión independiente de las decisiones judiciales.
Además, se sugiere la implementación de programas de educación ciudadana para fomentar la confianza pública en el sistema judicial.
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