Ábalos: El juez cita a su expareja y al exjefe de gabinete de Maroto por el caso Koldo.
La investigación del caso Koldo, que salpicó al exministro de Transportes José Luis Ábalos, continúa generando nuevas citaciones y revelaciones. El juez de la Audiencia Nacional, Leopoldo Puente, ha ampliado el círculo de implicados, convocando a Claudia Montes, expareja de Ábalos y miss Asturias 2017, y a Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto. Estas citaciones, junto con la decisión de no llamar a declarar a otros solicitados, delinean una estrategia investigadora centrada en esclarecer las posibles irregularidades en la contratación de Montes en LogiRail y las conexiones entre empresarios investigados y la obtención de licencias administrativas. El caso, que ya ha involucrado a altos cargos del gobierno y a empresas públicas, promete seguir desvelando detalles sobre una trama de presunta corrupción y tráfico de influencias.
- Citación de Claudia Montes: La Contratación en LogiRail Bajo la Lupa
- Juan Ignacio Díaz Bidart: La Reunión con Empresarios en el Centro de la Investigación
- Rechazo de Otras Citaciones: Estrategia Investigadora y Enfoque en los Hechos Clave
- Implicaciones y Posibles Delitos: La Audiencia Nacional como Clave
Citación de Claudia Montes: La Contratación en LogiRail Bajo la Lupa
La insistencia del juez Puente en citar a Claudia Montes no es casual. Tras una primera citación a la que no acudió, ahora se le apercibe con una multa de entre 200 y 5.000 euros en caso de no comparecer. Esta nueva convocatoria se centra en esclarecer las circunstancias de su contratación en LogiRail, la empresa pública dependiente de Renfe. La UCO (Unidad Central Operativa de la Policía Nacional) sospecha que su contratación fue irregular y que se produjo gracias a la influencia de José Luis Ábalos y la colaboración de su exasesor, Koldo García. La investigación apunta a que Montes fue contratada en 2019, aprovechando la posición de poder de Ábalos, y que su currículum podría haber sido falsificado para facilitar su ingreso en la empresa.
Los mensajes intercambiados entre Koldo García y Ábalos, revelados por la investigación, son particularmente incriminatorios. El exministro preguntaba si se podía contratar a "la de Gijón" en Renfe, ADIF o sus subcontratas, a lo que García respondía con un lacónico "Lo arreglo". Posteriormente, García envió el currículum de Montes al entonces presidente de Renfe, Isaías Táboas. Tras finalizar su contrato en LogiRail, Montes y García mantuvieron conversaciones que, según la UCO, sugieren que el currículum presentado inicialmente podría no ser veraz. El juez, sin embargo, ha decidido no citar a Táboas por el momento, esperando a obtener más información de la declaración de Montes y de la documentación solicitada a LogiRail.
La reserva del domicilio de Montes en la pieza de información sensible indica la importancia que las autoridades otorgan a su testimonio y la necesidad de proteger su seguridad. La Policía Local de Gijón ha proporcionado información sobre su paradero, pero su ubicación exacta permanece confidencial. La investigación busca determinar si la contratación de Montes se ajustó a los procedimientos legales y si existió algún tipo de favoritismo o tráfico de influencias. La declaración de Montes será crucial para esclarecer estos puntos y determinar si hubo alguna irregularidad en su proceso de selección y contratación.
Juan Ignacio Díaz Bidart: La Reunión con Empresarios en el Centro de la Investigación
La citación de Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de gabinete de Reyes Maroto, responde a una petición de las acusaciones populares. Se le solicita que declare sobre una reunión que se habría producido entre él y los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano. Las acusaciones sospechan que esta reunión tuvo como objetivo facilitar la obtención de una licencia para la empresa Villafuel, cuyo administrador de hecho sería Claudio Rivas. La compra de una casa en la provincia de Cádiz, posteriormente alquilada a José Luis Ábalos, podría estar vinculada a esta licencia, según las investigaciones.
El juez Puente considera que la testifical de Díaz Bidart es pertinente para acreditar la existencia de la reunión con Rivas y Pano, así como para identificar a la persona que pudo haberla impulsado. La investigación busca determinar si hubo algún tipo de acuerdo o intercambio de favores entre los empresarios y los altos cargos del gobierno para facilitar la obtención de la licencia para Villafuel. La declaración de Díaz Bidart podría aportar información clave sobre las relaciones entre estos actores y las posibles presiones ejercidas para obtener beneficios indebidos.
La conexión entre la licencia para Villafuel y el alquiler de la vivienda a Ábalos es un elemento central de la investigación. Las acusaciones populares creen que la compra de la casa podría haber sido una forma de soborno o de recompensa por la concesión de la licencia. La declaración de Díaz Bidart podría ayudar a esclarecer si existió alguna relación directa entre estos dos hechos y si Ábalos se benefició de la obtención de la licencia por parte de Villafuel.
Rechazo de Otras Citaciones: Estrategia Investigadora y Enfoque en los Hechos Clave
El juez Puente ha rechazado la citación como testigos de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, de la esposa de Koldo García, y de varios empleados de LogiRail. Esta decisión refleja una estrategia investigadora centrada en los actores directamente implicados en las presuntas irregularidades y en la obtención de pruebas concretas. El juez considera que la declaración de estos solicitados no aportaría información relevante para el avance de la investigación, al menos en esta fase.
Asimismo, el magistrado ha denegado la solicitud de información a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) sobre el expediente de Air Europa. Esta decisión podría indicar que la investigación se centra en las irregularidades detectadas en LogiRail y en las conexiones con la contratación de Claudia Montes, sin extenderse por el momento a otros ámbitos de actuación del gobierno. El juez busca concentrar los recursos en los hechos más relevantes y en la obtención de pruebas que permitan esclarecer las responsabilidades penales.
La decisión de no citar a Táboas, a pesar de su implicación en la contratación de Montes, también se enmarca en esta estrategia. El juez prefiere esperar a la declaración de Montes y a la recepción de la documentación de LogiRail antes de tomar una decisión sobre su posible citación. Esta actitud prudente refleja la intención de no precipitarse y de basar las decisiones judiciales en pruebas sólidas y contrastadas.
Implicaciones y Posibles Delitos: La Audiencia Nacional como Clave
El juez Puente señala que, en caso de confirmarse irregularidades en las contrataciones o en la obtención de licencias, los delitos correspondientes serían juzgados por la Audiencia Nacional, como ya ocurrió con Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif. Esto implica que la investigación podría derivar en la imputación de delitos de corrupción, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. La gravedad de estos delitos justifica la competencia de la Audiencia Nacional, que es el órgano judicial competente para investigar y juzgar este tipo de casos.
La investigación del caso Koldo ha generado una gran expectación pública y ha puesto en entredicho la integridad de altos cargos del gobierno. Las revelaciones sobre las presuntas irregularidades en la contratación de Claudia Montes y las conexiones entre empresarios investigados y la obtención de licencias han provocado una fuerte indignación en la sociedad. La investigación judicial es fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales, así como para restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El caso Koldo es un ejemplo de cómo la corrupción y el tráfico de influencias pueden socavar la confianza en el sistema democrático. La investigación judicial debe ser exhaustiva y transparente para garantizar que los culpables sean castigados y que se tomen medidas para prevenir futuros casos de corrupción. La lucha contra la corrupción es un desafío fundamental para cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa.
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