Abogado de González Amador se desvincula de fraude fiscal y detalla su relación con el caso Ayuso.
La investigación judicial que salpica a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa generando controversia y revelaciones. El reciente testimonio del abogado fiscalista Javier Gómez Fidalgo, quien representó a González Amador durante una inspección de Hacienda, ha añadido una nueva capa a este complejo caso. Fidalgo ha negado cualquier implicación en posibles delitos fiscales cometidos por su cliente, afirmando que su relación profesional se inició después de que la inspección ya estuviera en curso. Este artículo analiza en detalle las declaraciones de Fidalgo, el contexto de la investigación y las implicaciones legales y políticas del caso.
El Deslinde del Abogado Fiscalista: Cronología y Declaraciones Clave
Javier Gómez Fidalgo, un reconocido abogado fiscalista, compareció ante la jueza instructora como imputado en la causa por presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental contra Alberto González Amador. Su testimonio se centró en desvincularse de las declaraciones de impuestos de sociedades presentadas por su cliente en 2020 y 2021. Fidalgo insistió en que conoció a González Amador en mayo de 2022, es decir, después de los ejercicios fiscales que ahora se investigan. Según sus declaraciones, su labor se limitó a la representación del empresario durante la inspección de Hacienda, que culminó en un informe sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por González Amador. Este informe fue el punto de partida de la denuncia fiscal que dio origen al proceso penal.
El abogado fiscalista enfatizó que no participa en la elaboración de declaraciones de impuestos para sus clientes, a pesar de que cientos de declaraciones se presenten mensualmente con su firma digital. Su especialización, según explicó, se centra exclusivamente en las inspecciones fiscales, donde aporta su experiencia para defender los intereses de sus representados. En el caso de las respuestas a las diligencias de Hacienda, Fidalgo afirmó que se basó en la información proporcionada por su cliente, dándole la forma jurídica adecuada para su presentación ante el fisco. Esta declaración busca establecer una clara separación entre su rol como asesor en una inspección y cualquier posible participación en la planificación o ejecución de un fraude fiscal.
La Inspección de Hacienda y el Informe Incriminatorio
La empresa Maxwell Cremona, administrada por Alberto González Amador, fue objeto de una inspección de Hacienda que resultó en un informe desfavorable para el empresario. Este informe, según la Fiscalía, evidenció indicios de fraude fiscal y falsedad documental, lo que llevó a la presentación de la denuncia que inició el proceso penal. La inspección se centró en analizar las operaciones financieras de la empresa y determinar si se habían cumplido correctamente las obligaciones fiscales. Los detalles específicos del informe no han sido revelados públicamente, pero se sabe que apuntan a irregularidades en la declaración de ingresos y gastos de la empresa.
La defensa de González Amador, a través de su abogado fiscalista, ha argumentado que las irregularidades detectadas por Hacienda podrían ser el resultado de errores contables o interpretaciones divergentes de la normativa fiscal. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su postura de que se trata de un fraude deliberado, diseñado para evadir el pago de impuestos. La clave para determinar la culpabilidad o inocencia de González Amador reside en la prueba de su intención de defraudar, es decir, si actuó con conocimiento y voluntad de cometer un delito fiscal.
El Ático Alquilado y la Línea de Investigación Paralela
Durante la declaración de Javier Gómez Fidalgo, surgió la cuestión del ático que el abogado compró en Madrid y que alquila a Alberto González Amador por 5.000 euros al mes, con opción a compra. Sin embargo, la jueza interrumpió la línea de interrogatorio del fiscal, considerando que este asunto no era relevante para la investigación principal sobre el presunto fraude fiscal. A pesar de esta decisión, el abogado fiscalista aprovechó la oportunidad para aclarar que la transacción se realizó en el mercado inmobiliario y que no existe ninguna relación ilícita entre él y González Amador.
La compra y alquiler del ático han generado suspicacias y alimentado las críticas hacia González Amador, quienes lo acusan de utilizar testaferros para ocultar su patrimonio. La oposición política ha exigido una investigación exhaustiva sobre esta operación inmobiliaria, buscando determinar si se trata de una forma de blanqueo de capitales o de ocultación de bienes. La jueza, sin embargo, ha optado por centrarse en la investigación del presunto fraude fiscal, dejando de lado, por el momento, la línea de investigación relacionada con el ático.
Implicaciones Legales y el Papel de la Asesoría del Empresario
La declaración de Javier Gómez Fidalgo tiene importantes implicaciones legales para el caso. Si se acredita que el abogado fiscalista intervino en la defensa de González Amador después de que se hubieran cometido los presuntos delitos fiscales, su responsabilidad penal se vería limitada. Sin embargo, si se demuestra que Fidalgo participó en la planificación o ejecución del fraude, podría ser acusado de complicidad en un delito fiscal. La Fiscalía deberá analizar cuidadosamente las declaraciones de Fidalgo y las pruebas disponibles para determinar su grado de implicación en el caso.
El abogado fiscalista también señaló que las declaraciones de impuestos de González Amador eran tramitadas por la asesoría del empresario, no por él directamente. Esto sugiere que la responsabilidad de las posibles irregularidades recae principalmente en la asesoría y en el propio González Amador. La Fiscalía podría investigar a la asesoría para determinar si actuó de forma negligente o si participó activamente en el fraude fiscal. La colaboración de la asesoría podría ser clave para esclarecer los hechos y determinar la culpabilidad de González Amador.
La Investigación en Curso y la Pieza Separada "Quirón"
La investigación contra Alberto González Amador continúa en curso, con la jueza instructora recopilando pruebas y tomando declaraciones a testigos. Además del procedimiento principal sobre el presunto fraude fiscal, se ha abierto una pieza separada, conocida como "Quirón", en la que se investigan posibles actos de corrupción relacionados con los negocios de González Amador y la empresa Quirón Prevención S.L. Esta pieza separada se centra en analizar las relaciones comerciales entre González Amador y Quirón Prevención, buscando determinar si se produjeron irregularidades en la contratación de servicios o en la concesión de subvenciones públicas.
La investigación "Quirón" ha generado una gran expectación, ya que podría revelar posibles vínculos entre González Amador y altos cargos de la administración pública. La oposición política ha exigido la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso ante la Asamblea de Madrid para que explique su relación con González Amador y su conocimiento de las investigaciones en curso. El caso ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un asunto político de primer orden, con importantes implicaciones para la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
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