Aborto en España: Amenaza a los derechos de la mujer y aumento de la mortalidad infantil.

El debate sobre el aborto, lejos de ser una discusión teórica, se ha convertido en un campo de batalla político en España, con implicaciones directas para la autonomía y la salud de las mujeres. Las recientes acciones y declaraciones de partidos de derecha, desde pactos locales hasta propuestas a nivel nacional, revelan un claro intento de restringir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo en riesgo décadas de avances en derechos sexuales y reproductivos. Este artículo analiza las diferentes estrategias que se están implementando, las consecuencias potenciales para las mujeres y la necesidad urgente de defender el derecho al aborto como un componente esencial de la libertad y la igualdad.

El Retroceso Local: Almeida y el “Síndrome del Posaborto”

El caso de Madrid, bajo el gobierno de José Luis Almeida, ilustra perfectamente la estrategia de erosión de los derechos al aborto. El pacto con VOX ha introducido la obligatoriedad de informar a las mujeres que buscan abortar sobre el denominado “síndrome del posaborto”, una entidad pseudocientífica carente de respaldo médico y utilizada para generar culpa y remordimiento. Esta práctica, además de ser una intromisión en la autonomía de la mujer, se basa en información falsa y manipulada, con el objetivo de disuadirla de tomar una decisión informada y libre.

La imposición de esta información no solo es una violación de los principios éticos de la medicina, sino que también representa un ataque a la salud pública. Al promover ideas erróneas sobre el aborto, se obstaculiza el acceso a una atención médica segura y legal, lo que puede llevar a las mujeres a buscar alternativas peligrosas y clandestinas. La utilización de tácticas dilatorias y la creación de barreras psicológicas son estrategias comunes en los movimientos antiabortistas para dificultar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ayuso y la Sanidad Pública: Un Acceso Restringido

En la Comunidad de Madrid, la política de Isabel Ayuso ha llevado a una situación aún más preocupante. Su negativa a crear el registro de objetores de conciencia, tal como exige la ley, ha provocado que el 99.6% de los abortos se realicen en clínicas privadas. Esta externalización del servicio no solo supone una carga económica adicional para las mujeres, sino que también las expone a la presión y el acoso de grupos fundamentalistas católicos que se concentran a las puertas de estas clínicas.

La dificultad para acceder a un aborto en la sanidad pública crea una situación de desigualdad, ya que las mujeres con menos recursos económicos se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas, a menudo con largos tiempos de espera y altos costos. Además, la falta de un registro de objetores de conciencia dificulta la garantía del derecho al aborto, ya que no se asegura la disponibilidad de profesionales dispuestos a realizar el procedimiento. Esta situación vulnera el derecho fundamental de las mujeres a la salud y a la autonomía reproductiva.

Feijóo: La Ambivalencia y el Peligro de la Inacción

La postura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, es quizás la más ambigua y, por lo tanto, la más peligrosa. Si bien se niega a desautorizar a sus compañeros de partido, tampoco se atreve a consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Esta inacción envía un mensaje claro: el derecho al aborto no es una prioridad para el Partido Popular y está dispuesto a ceder ante las presiones de su ala más conservadora.

La falta de una defensa explícita del derecho al aborto abre la puerta a futuras restricciones y ataques. La ambivalencia de Feijóo permite a los partidos de derecha seguir avanzando en su agenda antiabortista, sin encontrar una oposición firme por parte del principal partido de la oposición. Esta situación genera incertidumbre y temor entre las mujeres, que ven amenazado su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Las Consecuencias Reales: Mortalidad Infantil y Abortos Clandestinos

La prohibición o restricción del aborto no elimina la necesidad de interrumpir un embarazo, sino que simplemente lo convierte en un procedimiento clandestino y peligroso. La evidencia empírica demuestra que la prohibición del aborto no reduce el número de abortos, sino que aumenta la mortalidad materna y la mortalidad infantil. El caso de Texas, donde Ayuso ha buscado inspiración, es un claro ejemplo de ello.

Tras la prohibición del aborto después de la quinta semana de gestación, la mortalidad infantil en Texas aumentó un 12.9%, y la mortalidad de neonatos atribuibles a anomalías congénitas se incrementó un 22.9%. Estos datos demuestran que las políticas antiabortistas no solo ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que también tienen consecuencias devastadoras para los bebés. La prohibición del aborto no es una solución, sino un problema que agrava la situación de las mujeres y las familias.

Además, la criminalización del aborto estigmatiza a las mujeres que lo buscan, generando un clima de miedo y silencio que dificulta el acceso a la atención médica y el apoyo psicológico. Las mujeres que se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos se enfrentan a riesgos para su salud y su vida, y a menudo sufren consecuencias emocionales y psicológicas a largo plazo.

Más Allá de la Religión: Control y Autonomía

Las razones por las que una mujer decide interrumpir un embarazo son complejas y variadas. Pueden incluir problemas de salud, situaciones económicas precarias, violencia de género, falta de apoyo familiar o simplemente la falta de deseo de ser madre. Cualquier motivo es válido e importante, y ninguna mujer debe ser juzgada o culpabilizada por su decisión.

Pretender imponer dogmas religiosos o ideológicos en una decisión tan personal es una forma de control y opresión. Negar a las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos es una violación de su autonomía y su dignidad. La libertad reproductiva es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado.

La lucha por el derecho al aborto no es solo una cuestión de salud pública, sino también una cuestión de justicia social y de igualdad de género. Las mujeres tienen derecho a controlar sus vidas y a tomar decisiones informadas y libres sobre su propio cuerpo. La prohibición del aborto perpetúa la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, y las condena a una situación de vulnerabilidad y dependencia.

La Vigilancia Constante: Un Ataque al Modelo de Sociedad

Como señalaba Simone de Beauvoir, los derechos de las mujeres nunca están garantizados y deben ser defendidos constantemente. El ataque al derecho al aborto no es una simple “batallita cultural”, sino una manifestación de la frustración de los sectores más conservadores ante los avances del feminismo y la conquista de la igualdad de género.

Este ataque representa una amenaza al modelo de sociedad que aspiramos a construir: una sociedad justa, igualitaria y libre, donde hombres y mujeres puedan desarrollar todo su potencial sin limitaciones ni discriminaciones. La defensa del derecho al aborto es, por lo tanto, una defensa de los valores fundamentales de nuestra sociedad.

La resistencia a este retroceso debe ser firme y decidida. Es necesario movilizar a la sociedad civil, denunciar las acciones de los partidos de derecha y exigir a los políticos que defiendan el derecho al aborto como un derecho fundamental. La lucha por la libertad reproductiva es una lucha por la dignidad y la igualdad de las mujeres, y es una lucha que debemos ganar.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//opinion/lo-aborto-broma.html