Adultos Mayores de Río Gallegos en Alerta por Desalojo Inminente del Concejo Deliberante
El sector de Adultos Mayores cuestionó públicamente el intento de desalojo del Departamento Municipal de Coordinación de Políticas Públicas del edificio del Concejo Deliberante de Río Gallegos. Se notificó una intimación para abandonar las oficinas que ocupan distintas áreas sociales.
Preocupación por el Desalojo
La medida, impulsada desde la presidencia del cuerpo legislativo, estableció un plazo de 15 días y generó preocupación entre quienes desarrollan tareas vinculadas a discapacidad, empleo y participación ciudadana. Adultos Mayores expresó su malestar a través de un pronunciamiento difundido en redes sociales.
Sostuvieron que “es triste sentir que somos usados para una foto institucional y luego, cuando las cámaras se apagan, se nos intenta desplazar”, en alusión al contraste entre los gestos públicos y las decisiones administrativas que afectan su funcionamiento diario.
Importancia del Espacio en Lisandro de la Torre
Remarcaron que el espacio ubicado en Lisandro de la Torre 556 es central para las políticas destinadas a personas mayores y con discapacidad. “Nuestro espacio en Lisandro de la Torre 556 es el corazón de las políticas para Discapacidad y Adultos Mayores.
Es donde nos escuchan, donde nos reunimos con el COMUDI y el COMUDAM, y donde tenemos accesibilidad real”, señalaron.
Invisibilización del Trabajo Cotidiano
Desde Adultos Mayores advirtieron que quitarles el espacio físico implica invisibilizar el trabajo cotidiano que se realiza con estos sectores. “Le pedimos a la presidenta del HCD que reflexione: ¿Dónde quedó la empatía que mostraba en sus visitas?”, plantearon.
Subrayaron que “quitarle el espacio físico a estos sectores es invisibilizar el trabajo diario”.
Solicitud de Desalojo y Contexto Administrativo
El cuestionamiento se da en el marco de una nota enviada al intendente Pablo Grasso, firmada por la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D’Amico. En la nota se solicitó el desalojo de las oficinas destinadas al área de Coordinación de Políticas Públicas por supuestas cuestiones administrativas.
La intimación afecta a consejos municipales, programas de empleo y espacios de formación que funcionan desde 2016 en el edificio legislativo.
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