Afiliados del STIA imputados por protesta en pesquera.
La jueza penal de Puerto Madryn, Dra. Patricia Asaro, ha tomado una decisión sin precedentes al ordenar la apertura formal de investigación contra dos integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) que protagonizaron una violenta protesta en las oficinas del Grupo San Isidro el pasado 8 de febrero. Este hecho marca un hito en la actuación de la Justicia frente a eventos de esta naturaleza, donde sindicatos llevan a cabo actos violentos en empresas pesqueras.
La Audiencia de Apertura de Investigación
La semana pasada se llevó a cabo la Audiencia de Apertura de Investigación en el marco de la Causa Penal iniciada por la denuncia interpuesta por Grupo San Isidro contra los representantes del STIA. En dicha audiencia, la Jueza Patricia Asaro ordenó la apertura formal de la investigación contra Maximiliano Agustín Oggero y Brian Marcelo Ubilla por los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “daños” perpetrados contra empleados de la empresa pesquera en cuestión.
Medidas adoptadas por la jueza
Una de las medidas tomadas por la magistrada fue la “Prohibición de Acercamiento”, que impide a los acusados contactarse o acercarse a los miembros o colaboradores de la empresa durante seis meses. Esta decisión es inédita en el ámbito pesquero y marca un precedente en la actuación judicial frente a este tipo de situaciones.
Un cambio de paradigma en el ámbito sindical
El procesamiento de activistas sindicales por parte de la Justicia ante hechos violentos en manifestaciones vinculadas a la actividad pesquera representa un cambio de época. Durante años, este tipo de acciones se llevaban a cabo sin consecuencias, incluyendo bloqueos, quema de portones, impedimento de entrada de empleados y hostigamiento a directivos.
Consecuencias del accionar violento
El método del apriete utilizado por dirigentes sindicales, que envían a sus afiliados a poner el cuerpo en las manifestaciones, no debería ser una forma aceptable de resolver reclamos laborales. La apertura de investigación, el procesamiento de los activistas y la prohibición de acercamiento demuestran que este tipo de accionar tiene consecuencias claras y que no todo está permitido en el marco de la protesta sindical.
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