Aftosa: Gobierno redefine vacunación tras análisis de expresidentes del Senasa
La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de modificar el esquema nacional de vacunación contra la fiebre aftosa, tras más de dos décadas de vigencia, ha generado un debate profundo en el sector agropecuario argentino. La Resolución 711/2025 del SENASA, publicada en el Boletín Oficial, marca un punto de inflexión en la estrategia de control de esta enfermedad que impacta significativamente la producción ganadera y el comercio internacional. Este cambio, analizado por expresidentes del SENASA, no es simplemente una actualización técnica, sino una reevaluación de la política sanitaria en un contexto económico y político particular. El artículo explora en detalle los fundamentos de esta modificación, las implicaciones para los productores, las perspectivas de los expertos y los posibles escenarios futuros.
Antecedentes del Programa Nacional de Vacunación contra la Aftosa
El programa de vacunación contra la fiebre aftosa en Argentina se estableció en la década de 1920, pero adquirió una estructura nacional y sistemática a partir de la década de 1980. Durante años, el esquema consistió en la vacunación obligatoria de todo el ganado bovino y suino, con campañas anuales que cubrían el 100% del territorio nacional. Esta estrategia, respaldada por una fuerte inversión estatal y la colaboración de los productores, permitió a Argentina mantener el estatus sanitario de "país libre de aftosa con vacunación", reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Este reconocimiento era crucial para la exportación de productos cárnicos y lácteos, garantizando el acceso a mercados internacionales exigentes. La vacunación se realizaba con vacunas homólogas, es decir, que contenían los mismos serotipos del virus de la aftosa que circulaban en la región, y se complementaba con medidas de vigilancia epidemiológica y control de movimientos de animales.
A lo largo de los años, el programa se adaptó a los cambios en la situación epidemiológica y a los avances científicos en el campo de la vacunación. Se introdujeron nuevas tecnologías, como las vacunas de cultivo celular, que ofrecían mayor seguridad y eficacia. También se implementaron sistemas de trazabilidad animal, que permitían identificar y controlar rápidamente los focos de la enfermedad. Sin embargo, el esquema básico de vacunación anual obligatoria se mantuvo constante, considerándose la piedra angular de la estrategia de control de la aftosa en Argentina. La inversión en el programa, aunque significativa, se justificaba por los beneficios económicos derivados del mantenimiento del estatus sanitario favorable y la protección de la producción ganadera.
La Resolución 711/2025: Detalles del Nuevo Esquema
La Resolución 711/2025 introduce cambios sustanciales en el esquema de vacunación contra la aftosa. El principal es la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación anual en la mayoría de las provincias. En adelante, la vacunación será obligatoria solo en la zona núcleo, que comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, donde se concentra la mayor parte de la producción ganadera y el riesgo de introducción de la enfermedad es mayor. En el resto del país, la vacunación será voluntaria, aunque se recomienda a los productores que mantengan sus animales vacunados como medida de protección. La resolución también establece criterios para la certificación de establecimientos libres de aftosa, que podrán optar por no vacunar si cumplen con requisitos sanitarios específicos.
Otro aspecto importante de la resolución es la modificación en el tipo de vacuna utilizada. Se autoriza el uso de vacunas heterólogas, es decir, que contienen serotipos diferentes a los que circulan en la región, lo que podría reducir los costos de producción y facilitar el acceso a las vacunas. Sin embargo, esta medida ha generado controversia, ya que algunos expertos advierten que las vacunas heterólogas pueden ofrecer menor protección y aumentar el riesgo de aparición de nuevas cepas del virus. La resolución también establece un sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica más flexible, que se basa en la detección temprana de la enfermedad y la implementación de medidas de control focalizadas.
Análisis de Expresidentes del SENASA: Perspectivas y Críticas
La decisión del Gobierno de modificar el esquema de vacunación contra la aftosa fue precedida por un análisis exhaustivo realizado por expresidentes del SENASA. Estos expertos, con amplia experiencia en el campo de la sanidad animal, presentaron diferentes puntos de vista sobre la conveniencia de la medida. Algunos expresidentes respaldaron la decisión, argumentando que el programa de vacunación anual obligatoria era costoso e ineficiente, y que la eliminación de la obligatoriedad permitiría reducir los costos para los productores y liberar recursos para otras áreas de la sanidad animal. Estos expertos también señalaron que el riesgo de introducción de la aftosa en Argentina es bajo, gracias a las medidas de control fronterizo y la vigilancia epidemiológica.
Otros expresidentes, en cambio, expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de la medida. Argumentaron que la eliminación de la obligatoriedad de la vacunación podría reducir la cobertura y aumentar el riesgo de brotes de la enfermedad, lo que afectaría la producción ganadera y el comercio internacional. Estos expertos también advirtieron que el uso de vacunas heterólogas podría comprometer la eficacia del programa y favorecer la aparición de nuevas cepas del virus. Además, señalaron que la flexibilización del sistema de monitoreo y vigilancia epidemiológica podría dificultar la detección temprana de la enfermedad y retrasar la implementación de medidas de control.
Implicaciones Económicas para el Sector Agropecuario
La modificación del esquema de vacunación contra la aftosa tiene importantes implicaciones económicas para el sector agropecuario argentino. La reducción de los costos de vacunación, especialmente para los productores de las provincias donde la vacunación es ahora voluntaria, podría mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas. Sin embargo, esta reducción de costos podría verse compensada por el aumento del riesgo de brotes de la enfermedad, que implicaría pérdidas económicas significativas debido a la mortandad de animales, la disminución de la producción y las restricciones al comercio internacional. La pérdida del estatus sanitario de "país libre de aftosa con vacunación" tendría un impacto devastador en las exportaciones de productos cárnicos y lácteos, que representan una parte importante de la economía argentina.
La implementación del nuevo esquema también podría generar cambios en la dinámica del mercado de vacunas. La autorización del uso de vacunas heterólogas podría aumentar la competencia entre los fabricantes y reducir los precios. Sin embargo, también podría afectar la calidad de las vacunas y la confianza de los productores en el programa de vacunación. Es fundamental que el SENASA establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar la calidad y eficacia de las vacunas utilizadas, y que brinde información clara y precisa a los productores sobre los riesgos y beneficios de las diferentes opciones disponibles.
El Contexto Político y Económico de la Decisión
La decisión del Gobierno de Javier Milei de modificar el esquema de vacunación contra la aftosa se enmarca en un contexto de ajuste fiscal y reducción del gasto público. El programa de vacunación anual obligatoria representaba un costo significativo para el Estado, y su eliminación o flexibilización permite liberar recursos para otras áreas consideradas prioritarias. Esta medida también se alinea con la política de desregulación y simplificación administrativa que impulsa el Gobierno, que busca reducir la burocracia y facilitar la actividad económica. Sin embargo, la decisión ha sido criticada por algunos sectores, que la consideran una medida cortoplacista que pone en riesgo la sanidad animal y la competitividad del sector agropecuario.
La implementación del nuevo esquema también se ve influenciada por la situación económica del país, que se caracteriza por una alta inflación y una fuerte devaluación del peso. El aumento de los costos de producción, incluyendo las vacunas, ha dificultado el acceso de los productores a los insumos sanitarios, lo que ha generado preocupación por la salud de los animales y la calidad de los productos. En este contexto, la flexibilización del esquema de vacunación podría ser vista como una medida para aliviar la carga económica de los productores, aunque también implica asumir mayores riesgos sanitarios.
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