Alberto Fernández posterga indagatoria y denuncia imparcialidad del juez
El expresidente argentino, Alberto Fernández, enfrenta un pedido de indagatoria por irregularidades en el manejo de seguros durante su gobierno. Su defensa, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, ha presentado un pedido de postergación y nulidad del proceso, alegando la imparcialidad del juez Julián Ercolini.
Imparcialidad del juez
La defensa de Alberto Fernández sostiene que el juez Ercolini no es imparcial en el caso debido a su presunta relación con el gobierno actual, que ha sido crítico con la administración de Fernández. La abogada Barbitta ha citado declaraciones públicas del juez que, según ella, muestran su predisposición contra su cliente.
El juez Ercolini ha negado cualquier sesgo y ha afirmado que tomará una decisión justa e imparcial en el caso. Sin embargo, la defensa de Fernández sostiene que su presencia en el proceso socava la integridad del juicio.
Falta de precisión en la imputación
Además de la cuestión de la imparcialidad del juez, la defensa de Fernández también ha argumentado que la imputación contra él carece de precisión. Sostienen que los cargos son demasiado vagos y no especifican claramente las acciones ilegales que el expresidente supuestamente cometió.
La fiscalía ha respondido que la imputación es detallada y que proporciona a Fernández una notificación adecuada de los cargos en su contra. Acusan a la defensa de utilizar tácticas dilatorias para evitar que el caso avance.
Antecedentes de la causa
La causa en cuestión se originó en febrero de 2023 después de la publicación de un artículo periodístico que alegaba irregularidades en el otorgamiento de contratos de seguros durante la presidencia de Fernández.
El artículo afirmaba que la administración de Fernández había favorecido a un grupo reducido de empresas en la adjudicación de contratos, lo que había resultado en pérdidas para el Estado. Los contratos supuestamente fueron adjudicados sin procedimientos de licitación adecuados y a precios inflados.
La Derecha Diario: Alberto Fernández, imputado
La derecha Diario, un diario opositor, ha publicado una serie de artículos sobre el caso de los seguros, acusando a Fernández de participar en un esquema que benefició a un grupo reducido de empresas.
El diario ha alegado que Fernández estuvo involucrado personalmente en la toma de decisiones relacionadas con la adjudicación de contratos y que se benefició financieramente de las irregularidades.
Chats comprometedores
La investigación ha revelado una serie de chats comprometedores que sugieren que Fernández pudo haber estado involucrado en presiones y amenazas dentro de Nación Seguros, la empresa estatal de seguros.
Los chats también apuntan a posibles vínculos entre Fernández y corredores de seguros que se beneficiaron de la adjudicación de contratos. La fiscalía ha citado estos chats como evidencia de la participación de Fernández en el esquema.
Alberto Fernández, citado a declarar
Alberto Fernández está citado a declarar el 27 de noviembre de 2023, junto con otros implicados en el caso, entre ellos:
- Alberto Pagliano, exsuperintendente de Seguros de la Nación
- Gustavo García Argibay, exdirector de Nación Seguros
- María Cantero, exgerenta general de Nación Seguros
Imputaciones y repercusiones
El juez Ercolini sostiene que Fernández controló el esquema y que intervino en decisiones clave relacionadas con la adjudicación de contratos.
La investigación también incluye acusaciones de presiones y amenazas dentro de Nación Seguros, así como posibles vínculos entre Fernández y corredores de seguros beneficiados.
El caso de los seguros ha generado una gran controversia política en Argentina. La oposición ha acusado a Fernández de corrupción y ha pedido su renuncia. La administración de Fernández ha negado las acusaciones y ha calificado el caso de una caza de brujas política.
La Nación
Próximos pasos
Mientras se evalúa el pedido de nulidad, el caso continúa exponiendo tensiones políticas y judiciales en Argentina.
La causa de los seguros podría tener implicaciones importantes para Fernández y otros actores de su gobierno. El resultado del caso será seguido de cerca por observadores políticos y jurídicos por igual.
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