Alpesca: Empresario denuncia expropiación irregular y exige pago o devolución de bienes.

La saga de Alpesca, una empresa pesquera chubutense, se ha convertido en un complejo entramado legal y político que pone en tela de juicio la transparencia de procesos de expropiación y la independencia judicial. Renato Aleua, empresario y legítimo propietario de la compañía, denuncia una confiscación encubierta por parte del gobierno provincial, mientras que la jueza María Laura Eroles, a cargo del expediente, le niega sistemáticamente el derecho a reclamar el resarcimiento correspondiente. Este artículo profundiza en los detalles de esta controversia, explorando las acusaciones de Aleua, las decisiones judiciales, las irregularidades denunciadas y las posibles implicaciones para el futuro de la empresa y la industria pesquera en Chubut.

El Origen del Conflicto: La Expropiación de Alpesca

En 2014, el gobierno de Chubut decidió expropiar Alpesca S.A., una empresa clave en la industria pesquera de la provincia. La justificación oficial se basó en la necesidad de garantizar el pago de salarios adeudados a los trabajadores y asegurar la continuidad de la actividad pesquera. Sin embargo, Renato Aleua, quien asegura haber adquirido legítimamente el control accionario de la empresa a través de AP Holding (dueña del 89%) y en un 11% junto a su hijo Lenk Aleua, denuncia que la expropiación fue un acto arbitrario y sin el debido proceso. Aleua afirma que la Inspección General de Justicia (IGJ) respalda su titularidad sobre el paquete accionario, lo que convierte la expropiación en una confiscación, ya que no se cumplió con el pago del resarcimiento correspondiente.

La expropiación, en principio, debería haber implicado una indemnización justa y oportuna al propietario original. No obstante, Aleua alega que el gobierno provincial ha evitado sistemáticamente cualquier negociación seria para establecer el valor de la empresa y realizar el pago correspondiente. En cambio, se ha enfocado en buscar alternativas para la explotación de Alpesca, como el arrendamiento a empresas extranjeras, sin reconocer la legítima propiedad de Aleua.

La Batalla Legal y el ‘Jury de Enjuiciamiento’ contra la Jueza Eroles

El conflicto legal se centra en el expediente N° 190/2014, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Puerto Madryn. La jueza María Laura Eroles ha adoptado una postura que Aleua considera perjudicial para sus intereses. Eroles ha reconocido como legítimos propietarios del paquete accionario de Alpesca a los herederos de Omar ‘Cura’ Segundo, un empresario fallecido, ignorando las pruebas documentales presentadas por Aleua que demuestran su adquisición legal de la empresa. Esta decisión ha impedido que Aleua se constituya como reclamante del resarcimiento por la expropiación.

Ante esta situación, Aleua ha presentado un ‘Jury de Enjuiciamiento’ contra la jueza Eroles ante el Consejo de la Magistratura. La denuncia acusa a la magistrada de incurrir en faltas en el ejercicio de sus funciones y presunto mal desempeño, argumentando que sus decisiones son arbitrarias, ilegales y responden a intereses ocultos. Aleua y su abogada, Patricia Perello, sostienen que la jueza ha actuado de manera parcializada, favoreciendo a los herederos de Segundo en detrimento de los derechos legítimos de Aleua.

Las Acusaciones de Irregularidades y la Confiscación Encubierta

La abogada Patricia Perello ha calificado la situación como una “confiscación”, argumentando que la expropiación de Alpesca no cumple con los requisitos legales para ser considerada legítima. Perello enfatiza que una expropiación debe estar justificada por un interés público real y debe ir acompañada del pago de una indemnización justa al propietario expropiado. En el caso de Alpesca, la justificación del pago de salarios adeudados a los trabajadores no se ha cumplido, y el gobierno provincial ha evitado cualquier negociación seria para establecer el valor de la empresa.

Perello denuncia que la jueza Eroles ha ignorado sistemáticamente las pruebas documentales que demuestran la propiedad de Aleua sobre Alpesca, privilegiando los argumentos de los herederos de Segundo. Además, critica la falta de transparencia en el proceso y la posible influencia de intereses externos en las decisiones judiciales. La abogada también ha señalado la participación de Andrés Arbeletche, actual Secretario de Pesca, quien en el pasado fue abogado de Red Chambers, una empresa vinculada a la industria pesquera, lo que podría generar un conflicto de intereses.

El Plan de Arrendamiento y la Negación del Derecho de Propiedad

El gobierno de Chubut ha manifestado su intención de arrendar Alpesca a empresas extranjeras, como Conarpesa, una compañía española. Sin embargo, Aleua denuncia que esta iniciativa es ilegal, ya que el gobierno no tiene derecho a disponer de una empresa que no le pertenece. Aleua insiste en que él es el legítimo propietario de Alpesca y que debe ser reconocido como tal en el expediente judicial.

La abogada Perello ha expresado su indignación por la actitud del gobierno provincial, que busca beneficiar a empresas extranjeras a expensas de los derechos de un empresario nacional. Perello ha reiterado que la única solución viable es el pago del resarcimiento correspondiente a Aleua o la devolución de todos los bienes de Alpesca. La negativa de la jueza Eroles a reconocer la propiedad de Aleua ha impedido que el empresario pueda ejercer sus derechos y defender sus intereses en el proceso judicial.

El Rol de los Herederos de Omar Segundo y la Legitimación Judicial

La admisión de los herederos de Omar Segundo como sucesores en la causa ha sido un punto clave en la controversia. Los herederos argumentan que el paquete accionario de Alpesca fue incorporado al acervo hereditario de su causante y que, por lo tanto, tienen derecho a reclamar la propiedad de la empresa. La jueza Eroles ha legitimado esta pretensión, a pesar de las pruebas presentadas por Aleua que demuestran su adquisición legal de la empresa.

Esta decisión ha generado fuertes críticas por parte de Aleua y su abogada, quienes la consideran una injusticia y una violación de sus derechos de propiedad. Aleua sostiene que los herederos de Segundo no tienen ningún derecho sobre Alpesca y que la jueza Eroles ha actuado de manera arbitraria al reconocerles la legitimidad para reclamar la propiedad de la empresa. La legitimación de los herederos de Segundo ha complicado aún más el proceso judicial y ha dificultado la posibilidad de que Aleua pueda recuperar el control de su empresa.

Implicaciones para la Industria Pesquera y la Inversión en Chubut

El caso de Alpesca tiene importantes implicaciones para la industria pesquera en Chubut y para la inversión en la provincia. La incertidumbre jurídica generada por la expropiación y la controversia legal pueden desalentar la inversión y afectar la confianza de los empresarios en el sistema judicial. La falta de transparencia en el proceso y las acusaciones de irregularidades pueden dañar la imagen de Chubut como un lugar seguro y confiable para invertir.

Además, la expropiación de Alpesca puede sentar un precedente peligroso para otras empresas en la provincia. Si el gobierno puede expropiar una empresa sin pagar una indemnización justa y sin respetar los derechos de propiedad, otros empresarios podrían verse expuestos a situaciones similares. Esto podría generar un clima de inseguridad jurídica y afectar el desarrollo económico de la provincia.

Fuente: https://partedepesca.com.ar/d/alpesca-aleua-interpuso-un-jury-contra-la-jueza-de-la-expropiacion/