Altri en Galicia: Resistencia Total a la Macropapelera y Estrategias para Detenerla
El proyecto de la macrofactoría de Altri en Palas de Rei (Lugo) se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la especulación industrial y la defensa del patrimonio natural gallego. A pesar de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la resistencia persiste y se articula en múltiples frentes. Este artículo detalla las estrategias y vías legales, administrativas y políticas que se están utilizando para intentar tumbar el proyecto, analizando las debilidades del proceso y las oportunidades para detener una inversión que amenaza el equilibrio ecológico y el abastecimiento de agua de la región.
- La Batalla por el Agua: El Talón de Aquiles de Altri
- El Obstáculo de la Autorización Ambiental Integrada (AAII)
- El PERTE de Descarbonización: La Dependencia de los Fondos Públicos
- La Contestación Social: Movilización y Denuncia
- El Papel de la Política: Presiones y Alianzas
- La Dimensión Transfronteriza: El Impacto en Portugal
La Batalla por el Agua: El Talón de Aquiles de Altri
La necesidad de 46.000 metros cúbicos de agua diarios para el funcionamiento de la planta es, sin duda, el punto más vulnerable del proyecto. La solicitud de concesión de agua, gestionada ante Augas de Galicia, se encuentra en un limbo administrativo que la resistencia está aprovechando. Ana Santamariña, vocal de Adega, explica que el plazo de 18 meses para resolver la concesión expiró en septiembre de 2024, abriendo la puerta a la posibilidad de archivar el expediente. La campaña “Sen auga non hai celulosa” busca movilizar a la ciudadanía para exigir a Augas de Galicia que actúe en consecuencia. La falta de una concesión de agua firme paralizaría de facto el proyecto, ya que la producción de pasta de papel es inviable sin este recurso esencial.
La problemática del agua no se limita a la cantidad. La calidad del agua que Altri devolverá al medio ambiente tras su tratamiento es objeto de fuertes críticas. Los ecologistas denuncian que el tratamiento propuesto no garantiza la eliminación de todos los contaminantes, lo que podría afectar a la salud de los ríos y a la biodiversidad acuática. La exigencia de un tratamiento más riguroso y la monitorización constante de la calidad del agua son demandas clave de la resistencia. Además, se cuestiona la sostenibilidad de un modelo industrial que consume ingentes cantidades de agua en una región cada vez más afectada por la sequía.
El Obstáculo de la Autorización Ambiental Integrada (AAII)
Tras la DIA, el siguiente paso administrativo para Altri es obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAII). Este documento establece las condiciones ambientales que la empresa debe cumplir para operar, incluyendo los límites de emisiones al agua y al aire, los controles periódicos y las medidas de prevención de riesgos. La resistencia está preparando una batalla legal para intentar impedir la concesión de la AAII o, en su caso, para exigir condiciones más estrictas que hagan inviable el proyecto. La recaudación de fondos para cubrir los gastos legales ha sido un éxito, demostrando el fuerte apoyo social a la causa.
La AAII es una herramienta fundamental para garantizar la protección del medio ambiente. Los ecologistas argumentan que la DIA aprobada es insuficiente en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales y que la AAII debe corregir estas deficiencias. Se exige una evaluación más exhaustiva de los riesgos de contaminación, la protección de la biodiversidad y la gestión de los residuos. La transparencia en el proceso de concesión de la AAII es también una demanda importante, para que la ciudadanía pueda participar y fiscalizar las decisiones.
El PERTE de Descarbonización: La Dependencia de los Fondos Públicos
La viabilidad económica del proyecto de Altri depende en gran medida de la obtención de fondos públicos a través del PERTE de descarbonización. La Xunta de Galicia ha transferido la responsabilidad de la aprobación de estos fondos al Gobierno central, argumentando que ahora le toca a Madrid “mover ficha”. Sin embargo, la resistencia considera que esta estrategia es un intento de eludir la responsabilidad política y que el Gobierno central debe ser firme en su oposición al proyecto. La defensa de la independencia del proceso de concesión de ayudas es crucial para evitar que el proyecto se financie con dinero público.
El PERTE de descarbonización tiene como objetivo impulsar la transición hacia una economía más sostenible. Los ecologistas argumentan que el proyecto de Altri no encaja con los objetivos de este programa, ya que se trata de una industria intensiva en recursos naturales y con un alto potencial de contaminación. Se exige que los fondos públicos se destinen a proyectos realmente sostenibles, que promuevan la eficiencia energética, la economía circular y la protección del medio ambiente. La transparencia en la asignación de los fondos es también fundamental para evitar el clientelismo y la corrupción.
La oposición al proyecto de Altri no se limita a los frentes legales y administrativos. La contestación social ha sido masiva y constante, con manifestaciones, protestas y campañas de sensibilización. La histórica manifestación por mar y tierra en A Pobra es un ejemplo del fuerte rechazo que existe en la sociedad gallega. La movilización ciudadana es un factor clave para presionar a las autoridades y para visibilizar los riesgos del proyecto. La resistencia está trabajando para mantener viva la llama de la protesta y para ampliar el apoyo social a la causa.
La denuncia de los impactos ambientales y sociales del proyecto es una herramienta fundamental para concienciar a la población y para generar debate público. Los ecologistas están elaborando informes técnicos y divulgando información a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Se denuncia la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y la influencia de los intereses económicos en las políticas públicas. La participación ciudadana en la evaluación del proyecto es también una demanda importante, para que la población pueda expresar sus preocupaciones y proponer alternativas.
El Papel de la Política: Presiones y Alianzas
La resistencia contra Altri busca también el apoyo de los partidos políticos y de las instituciones. Se exige a los representantes políticos que defiendan los intereses de la comunidad y que se opongan al proyecto. La formación de alianzas entre diferentes fuerzas políticas y sociales es fundamental para aumentar la presión sobre el Gobierno y para lograr un cambio de rumbo. La denuncia de la connivencia entre la Xunta de Galicia y la empresa Altri es una línea de ataque importante.
La presión sobre el Gobierno central es crucial para que se revise la aprobación de la DIA y para que se denieguen los fondos públicos al proyecto. Se exige al Ministerio de Industria que tenga en cuenta los valores ambientales y paisajísticos de la zona y que priorice la protección de los recursos naturales. La denuncia de la falta de rigor técnico en la evaluación del proyecto es también una línea de ataque importante. La resistencia está trabajando para sensibilizar a los políticos y para convencerlos de que el proyecto de Altri es perjudicial para Galicia.
La Dimensión Transfronteriza: El Impacto en Portugal
El proyecto de Altri no solo afecta a Galicia, sino también a Portugal, debido a la proximidad geográfica y a la interconexión de los ecosistemas. La resistencia está buscando el apoyo de organizaciones ecologistas y sociales portuguesas para coordinar acciones y para denunciar los impactos transfronterizos del proyecto. La defensa de un modelo de desarrollo sostenible que respete los límites ecológicos es un objetivo común.
La contaminación del agua y del aire, la pérdida de biodiversidad y la alteración del paisaje son impactos que pueden afectar a ambos países. La resistencia está trabajando para sensibilizar a la opinión pública portuguesa sobre los riesgos del proyecto y para exigir a las autoridades portuguesas que se pronuncien al respecto. La colaboración entre organizaciones ecologistas y sociales de Galicia y Portugal es fundamental para proteger el patrimonio natural compartido.
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