Amnistía en España: Bruselas la califica de autoamnistía y cuestiona el Estado de Derecho.

La reciente ley de amnistía en España ha desatado una tormenta política y jurídica, no solo a nivel nacional sino también en el ámbito europeo. La Comisión Europea, a través de sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha expresado serias dudas sobre la legalidad y la justificación de esta ley, calificándola de “autoamnistía” y cuestionando su compatibilidad con los principios fundamentales del Estado de derecho. Este artículo analiza en profundidad las objeciones de la Comisión Europea, el contexto político que motivó la ley, las implicaciones legales y las posibles consecuencias para España y la Unión Europea.

El Diagnóstico de la Comisión Europea: Autoamnistía y Falta de Interés General

La Comisión Europea no se limita a expresar una simple preocupación; su alegación ante el TJUE es un análisis contundente que califica la ley de amnistía como un instrumento diseñado para proteger a quienes actualmente ostentan el poder político. La clave de su argumento reside en la conexión directa entre la aprobación de la ley y el acuerdo político necesario para la investidura del gobierno español. Los beneficiarios de la amnistía, según la Comisión, fueron actores cruciales en la aprobación de la ley, lo que sugiere un claro conflicto de intereses y una manipulación del proceso legislativo.

La Comisión argumenta que la amnistía no responde a un objetivo de interés general legítimo. Las amnistías, en principio, pueden justificarse en circunstancias excepcionales, como la reconciliación nacional después de un conflicto armado o la superación de graves injusticias históricas. Sin embargo, en este caso, la Comisión considera que la ley se ha utilizado como una herramienta para garantizar la estabilidad política a cambio de la impunidad de ciertos individuos. Esta percepción socava la confianza en el sistema judicial y en el Estado de derecho.

La analogía utilizada por los abogados de la Comisión Europea es reveladora: comparan la amnistía con un “deporte” que requiere “cabeza y buen asesoramiento”. Implican que la ley se ha aprobado sin la debida consideración de sus implicaciones legales y éticas, y que se ha hecho de manera apresurada para satisfacer intereses particulares. La referencia al “respaldo” necesario para considerar las autoamnistías contrarias al Estado de derecho subraya la importancia de la independencia judicial y la necesidad de evitar que el poder político se utilice para protegerse a sí mismo.

Contexto Político: La Investidura y el Precio de la Estabilidad

Para comprender las objeciones de la Comisión Europea, es fundamental analizar el contexto político que condujo a la aprobación de la ley de amnistía. Tras las elecciones generales de julio de 2023, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta. El Partido Popular (PP), el partido más votado, no logró formar gobierno debido a la falta de apoyos parlamentarios. Esto abrió la puerta a una compleja negociación entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el partido de Pedro Sánchez, y diversos partidos independentistas y nacionalistas, incluyendo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya.

La condición principal impuesta por estos partidos para apoyar la investidura de Sánchez fue la aprobación de una ley de amnistía que beneficiara a los implicados en el proceso independentista catalán de 2017. Estos individuos, acusados de sedición y otros delitos relacionados con la organización del referéndum ilegal de independencia, se enfrentaban a penas de prisión. La amnistía, por lo tanto, se convirtió en el precio de la estabilidad política y en la clave para desbloquear la formación de gobierno.

La decisión de Sánchez de negociar con los partidos independentistas generó una fuerte oposición por parte de la derecha y de una parte de la sociedad española. Se argumentó que la amnistía era una concesión inaceptable a aquellos que habían intentado romper la unidad de España y que socavaba la autoridad de la justicia. Sin embargo, Sánchez defendió la amnistía como una medida necesaria para superar la crisis política y avanzar hacia la reconciliación.

Implicaciones Legales: La Cuestión Prejudicial y el Papel del TJUE

La ley de amnistía ha sido objeto de numerosos recursos legales ante los tribunales españoles. El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución española, aún debe pronunciarse sobre su constitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, encargado de supervisar la gestión de los fondos públicos, planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE, solicitando su opinión sobre la compatibilidad de la ley con el derecho de la Unión Europea.

La cuestión prejudicial se centra en la posible violación del principio de Estado de derecho y de la independencia judicial. El Tribunal de Cuentas argumenta que la amnistía podría impedir la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción y el fraude en la gestión de fondos europeos, lo que contravendría las obligaciones de España como Estado miembro de la Unión Europea. La Comisión Europea, en sus alegaciones, respalda este argumento y añade que la ley podría socavar la confianza en el sistema judicial español.

El TJUE tiene la potestad de interpretar el derecho de la Unión Europea y de determinar si una ley nacional es compatible con este derecho. Su dictamen no es vinculante, pero sí tiene un gran peso político y jurídico. Si el TJUE considera que la ley de amnistía viola el derecho de la Unión Europea, España estaría obligada a modificarla o a derogarla. Esto podría tener graves consecuencias políticas y legales para el gobierno español.

Posibles Consecuencias para España y la Unión Europea

Las posibles consecuencias de la decisión del TJUE son de gran alcance. Si el tribunal europeo falla en contra de la ley de amnistía, el gobierno español se enfrentaría a una crisis política y jurídica sin precedentes. La oposición podría exigir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de nuevas elecciones. Además, la credibilidad de España a nivel internacional podría verse seriamente dañada.

En el ámbito de la Unión Europea, una decisión negativa del TJUE podría sentar un precedente importante. Podría reforzar la idea de que las amnistías concedidas por motivos políticos y sin una justificación legítima son incompatibles con los principios fundamentales del Estado de derecho. Esto podría dificultar la aprobación de leyes similares en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Por otro lado, si el TJUE falla a favor de la ley de amnistía, el gobierno español se verá legitimado y podrá continuar con su agenda política. Sin embargo, esto podría generar tensiones con otros Estados miembros de la Unión Europea y con las instituciones europeas. La confianza en el sistema judicial español podría verse aún más erosionada, y la polarización política en España podría intensificarse.

La situación actual es compleja y llena de incertidumbre. La decisión del TJUE será crucial para determinar el futuro de la ley de amnistía y para definir la relación entre España y la Unión Europea. El caso español ha puesto de manifiesto la importancia de defender los principios del Estado de derecho y de garantizar la independencia judicial en todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/la-comision-europea-amnistia-parece-autoamnistia.html