Antiminero Cesantía: Parques Nacionales sanciona a Federico Soria por irregularidades y protestas.
La Administración de Parques Nacionales ha tomado una decisión contundente al cesar a Federico Soria, un empleado público conocido por su activismo antiminero. Este caso, que ha generado controversia y debate, pone de manifiesto las tensiones entre el derecho a la protesta, la ética profesional y las obligaciones de los empleados públicos. La resolución se basa en la constatación de irregularidades en el uso de una licencia médica de largo tratamiento, argumentando que las actividades realizadas por Soria durante su licencia eran incompatibles con su estado de salud declarado y con las responsabilidades inherentes a su cargo. Este artículo analiza en detalle los fundamentos de la sanción, el contexto político y social en el que se produce, y las implicaciones que podría tener para la libertad de expresión y el activismo de los empleados públicos.
- El Caso Federico Soria: Antecedentes y Detención
- Irregularidades en la Licencia Médica: El Argumento Central de la Sanción
- Violación de Deberes Administrativos: Residencia y Cambio de Domicilio
- Impacto en la Imagen Institucional: La Perspectiva de Parques Nacionales
- El Contexto Político y Social: La Minería en Mendoza y el Activismo Antiminero
- Implicaciones para los Empleados Públicos y la Libertad de Expresión
- La Prueba Presentada: Videos, Fotos y Declaraciones
El Caso Federico Soria: Antecedentes y Detención
Federico Soria, empleado del Parque Nacional El Leoncito en San Juan, se convirtió en una figura visible en la oposición al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino en Uspallata, Mendoza. Su activismo incluyó la participación en marchas públicas, tareas de construcción y albañilería, y la prestación de servicios como guía turístico de montaña. Tras su participación en una manifestación en Uspallata, Soria fue detenido por el Poder Judicial de Mendoza, permaneciendo dos días en prisión antes de ser liberado bajo caución. Este incidente, ampliamente difundido en los medios de comunicación, desencadenó una investigación interna por parte de la Administración de Parques Nacionales.
La detención de Soria se produjo en un contexto de creciente tensión social en torno a los proyectos mineros a cielo abierto en la región. Las protestas contra la minería, lideradas por organizaciones sociales y ambientales, denuncian los impactos negativos de la actividad minera en el medio ambiente, la salud humana y las comunidades locales. Soria, como activista antiminero, se convirtió en un símbolo de esta resistencia, lo que lo expuso a la persecución judicial y a la sanción administrativa.
Irregularidades en la Licencia Médica: El Argumento Central de la Sanción
La Administración de Parques Nacionales fundamentó la sanción de cesantía en la constatación de irregularidades en el uso de la licencia médica de largo tratamiento otorgada a Soria. Según la resolución, el activista desarrolló actividades físicas y sociales de alta exigencia durante su licencia, incluyendo la participación en marchas, tareas de construcción y el guiado turístico de montaña. Estas actividades, según el organismo, eran incompatibles con la afección psiquiátrica que Soria había invocado para justificar su imposibilidad de asistir a su puesto de trabajo.
El directorio del organismo analizó la compatibilidad entre las actividades efectivamente desarrolladas por Soria durante su licencia y el estado de salud invocado. Se argumentó que las actividades de alta exigencia no solo se contraponían con la naturaleza y severidad del cuadro clínico, sino que también desnaturalizaban el espíritu del régimen de licencias, evidenciando una conducta ajena a un proceso de convalecencia real. La Administración de Parques Nacionales presentó pruebas documentales, como videos y fotos, que respaldaban sus acusaciones.
Violación de Deberes Administrativos: Residencia y Cambio de Domicilio
Además de las irregularidades en la licencia médica, la Administración de Parques Nacionales acusó a Soria de haber violado sus deberes administrativos al trasladarse y fijar residencia permanente en Mendoza, abandonando la jurisdicción correspondiente a su lugar de trabajo en San Juan. Soria había declarado su domicilio en Mendoza durante su declaración indagatoria, pero no había informado formalmente de su cambio de domicilio a la Administración de Parques Nacionales.
Esta falta de notificación formal del cambio de domicilio fue considerada una clara vulneración de las normas administrativas, ya que Soria continuaba percibiendo su salario como empleado del Parque Nacional El Leoncito en San Juan, a pesar de no residir ni trabajar en esa jurisdicción. La Administración de Parques Nacionales argumentó que esta conducta demostraba una falta de compromiso con sus responsabilidades laborales y una actitud negligente hacia sus obligaciones como empleado público.
Impacto en la Imagen Institucional: La Perspectiva de Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales también argumentó que la participación de Soria en hechos judicializados de relevancia pública, y su asociación con situaciones de violencia o evasión de la justicia, generaban una exposición pública indeseada que afectaba el prestigio histórico y la imagen institucional del organismo. Se consideró que el perfil de Soria no era compatible con el perfil ético ni con los principios rectores de Parques Nacionales.
El organismo enfatizó que no era aceptable que un empleado en situación de licencia médica, alegando imposibilidad para cumplir funciones, fuera al mismo tiempo protagonista de hechos judicializados de relevancia pública. Se argumentó que esta situación podía generar desconfianza en la ciudadanía y socavar la credibilidad de la Administración de Parques Nacionales. La preocupación por la imagen institucional fue un factor clave en la decisión de sancionar a Soria.
El caso de Federico Soria se enmarca en un contexto político y social marcado por la creciente oposición a los proyectos mineros a cielo abierto en Argentina, especialmente en la provincia de Mendoza. El proyecto PSJ Cobre Mendocino, en particular, ha generado fuertes controversias debido a sus posibles impactos ambientales y sociales. Las organizaciones sociales y ambientales han denunciado la falta de transparencia en el proceso de evaluación del proyecto y la ausencia de una consulta previa a las comunidades afectadas.
El activismo antiminero en Mendoza ha cobrado fuerza en los últimos años, con movilizaciones masivas, campañas de concientización y acciones legales para impedir la aprobación y ejecución del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Federico Soria, como activista, se convirtió en un referente de esta resistencia, lo que lo expuso a la persecución judicial y a la sanción administrativa. Su caso ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y sobre la protección de los activistas ambientales.
Implicaciones para los Empleados Públicos y la Libertad de Expresión
La sanción impuesta a Federico Soria plantea interrogantes sobre los derechos y obligaciones de los empleados públicos en relación con su participación en actividades políticas y sociales. ¿Hasta qué punto un empleado público puede ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la protesta sin comprometer su posición laboral? ¿Cuáles son los límites de la ética profesional y la lealtad institucional?
Este caso podría sentar un precedente peligroso para otros empleados públicos que deseen expresar sus opiniones o participar en actividades de activismo social. Si se interpreta de manera restrictiva, la sanción a Soria podría generar un efecto disuasorio, desalentando a los empleados públicos a participar en debates públicos o a defender causas sociales. Esto podría debilitar la democracia y limitar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La Prueba Presentada: Videos, Fotos y Declaraciones
La Administración de Parques Nacionales basó su decisión en una serie de pruebas que, según argumentan, demuestran la incompatibilidad entre las actividades de Soria y su licencia médica. Entre estas pruebas se incluyen videos y fotografías que muestran a Soria participando en marchas públicas, realizando tareas de construcción y albañilería, y trabajando como guía turístico de montaña. Estas imágenes, según el organismo, contradicen la declaración de Soria sobre su estado de salud y su incapacidad para trabajar.
Además de las pruebas visuales, la Administración de Parques Nacionales presentó la declaración indagatoria de Soria, en la que admitió haber fijado residencia permanente en Mendoza. Esta declaración, según el organismo, confirma la violación de sus deberes administrativos al abandonar su lugar de trabajo sin haber informado formalmente de su cambio de domicilio. La combinación de estas pruebas, según la Administración, es suficiente para justificar la sanción de cesantía.
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