ARA San Juan: Familiares denuncian impunidad y apelarán juicio en Santa Cruz
El hundimiento del ARA San Juan, submarino de la Armada Argentina desaparecido en 2017 y encontrado un año después, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país. Más allá de la tragedia humana que significó la pérdida de 44 vidas, el caso ha estado marcado por controversias, acusaciones de encubrimiento y una búsqueda de justicia que se ha visto obstaculizada por decisiones judiciales cuestionadas. La reciente determinación del Tribunal de Casación de realizar el juicio oral y público en Río Gallegos, Santa Cruz, ha reavivado el debate y generado indignación entre los familiares de las víctimas, quienes denuncian que esta medida favorece la impunidad y dificulta el acceso a la verdad.
- La Disputa por la Jurisdicción y el Traslado a Río Gallegos
- Impedimentos para el Acceso a la Justicia y la Distancia Geográfica
- Cuestionamientos a las Querellas y la Posible Influencia Política
- Limitaciones de la Investigación y la Imputación de Cuatro Oficiales
- La Falta de Análisis de las Pruebas Recopiladas en el Fondo del Mar
La Disputa por la Jurisdicción y el Traslado a Río Gallegos
La decisión del Tribunal de Casación de fijar Río Gallegos como sede del juicio ha sido duramente criticada por Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes fallecidos. Tagliapietra argumenta que esta medida “invisibiliza” la causa, complica la presencia de los familiares en las audiencias y, lo que es más grave, evita profundizar en las responsabilidades políticas que podrían alcanzar a figuras como Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. La disputa por la jurisdicción se originó en la necesidad de determinar dónde se debía llevar a cabo el juicio, considerando que el hundimiento ocurrió en aguas internacionales, pero involucra a personal de la Armada Argentina y decisiones tomadas desde el poder ejecutivo.
Los familiares habían solicitado que el proceso se realizara en Mar del Plata, la ciudad donde el submarino zarpó en su último viaje y donde se concentró gran parte de la investigación inicial. Sin embargo, el Tribunal de Casación priorizó el hecho de que el expediente ya se encontrara en la provincia de Santa Cruz, argumentando que trasladarlo podría demorar el proceso. Tagliapietra rechaza esta justificación, señalando que la digitalización de los expedientes hace que el traslado sea una cuestión meramente administrativa y no afecte la celeridad de la investigación. Esta decisión ha generado la sensación de que se busca alejar el juicio del escrutinio público y dificultar el seguimiento por parte de los familiares y la prensa.
Impedimentos para el Acceso a la Justicia y la Distancia Geográfica
Uno de los principales argumentos de Tagliapietra contra la elección de Río Gallegos es el impacto que tendrá en el acceso a la justicia de los familiares. La distancia de más de 2.000 kilómetros entre Buenos Aires, donde residen la mayoría de los familiares, y Río Gallegos, hace que sea prácticamente imposible asistir a todas las audiencias. El abogado advierte que el juicio será largo y complejo, con cientos de testigos, lo que implica un costo económico y logístico insostenible para las familias. Esta situación plantea serias dudas sobre la posibilidad de que los familiares puedan participar plenamente en el proceso y hacer valer sus derechos.
La dificultad de acceso a la justicia se agrava aún más por la falta de recursos económicos de muchas de las familias afectadas. Mientras que algunas querellas, como la encabezada por Valeria Carreras, cuentan con el respaldo financiero de abogados prominentes como Fernando Burlando, otras no tienen los medios para afrontar los gastos de viaje y alojamiento. Esta disparidad en el acceso a los recursos plantea interrogantes sobre la equidad del proceso y la posibilidad de que se garantice una defensa justa para todas las partes involucradas.
Cuestionamientos a las Querellas y la Posible Influencia Política
Tagliapietra ha expresado su preocupación por la decisión de algunas querellas de apoyar el traslado del juicio a Santa Cruz. En particular, ha cuestionado el papel de Valeria Carreras, a quien acusa de actuar en función de intereses ajenos a los de las familias. El abogado sugiere que el respaldo económico de Burlando podría estar influyendo en la postura de Carreras y que se busca favorecer una estrategia que beneficie a determinados actores políticos. Esta acusación ha generado tensiones entre las diferentes querellas y ha puesto de manifiesto las divisiones internas que existen en la búsqueda de justicia.
Tagliapietra también ha denunciado que la elección de Río Gallegos podría estar motivada por la intención de proteger a los responsables políticos del caso. El abogado sostiene que el Tribunal Federal de Río Gallegos podría ser más “permeable al poder político” que el de Mar del Plata, lo que dificultaría la investigación de las responsabilidades de Macri y Kirchner. Esta acusación se basa en la percepción de que el gobierno nacional ha intentado desde el principio encubrir las causas del hundimiento y proteger a los funcionarios involucrados.
Limitaciones de la Investigación y la Imputación de Cuatro Oficiales
Otro de los puntos de crítica de Tagliapietra es la falta de avances en la investigación y la limitación del juicio a la imputación de cuatro oficiales de la Armada por “estrago culposo”. El abogado considera que esta figura penal es demasiado leve para las responsabilidades que se derivan del hundimiento del submarino y que se busca “conformar” a las familias entregando en bandeja la cabeza de estos cuatro oficiales. Tagliapietra insiste en que los verdaderos responsables se encuentran en la cúpula de la Armada y en el poder político, y que no se ha investigado a fondo para determinar sus responsabilidades.
El abogado denuncia que ni Macri ni Kirchner han sido llamados a declarar, pese a las responsabilidades políticas que, según él, deben ser analizadas. Tagliapietra argumenta que durante sus respectivos gobiernos se cometieron graves errores en el mantenimiento del submarino y que se instalaron equipos no aptos para su funcionamiento. Estas negligencias, según el abogado, contribuyeron al hundimiento y deben ser investigadas a fondo. La falta de investigación de las responsabilidades políticas ha generado la sensación de que se busca proteger a los altos funcionarios y evitar que sean implicados en el caso.
La Falta de Análisis de las Pruebas Recopiladas en el Fondo del Mar
A pesar de que el ARA San Juan fue encontrado en el fondo del mar hace siete años, Tagliapietra denuncia que aún no se ha convocado a ningún equipo de expertos para analizar las más de 60.000 fotos y seis horas de video en alta definición obtenidas durante la búsqueda. El abogado critica la falta de peritos designados y la ausencia de un equipo técnico que se encargue de analizar las pruebas. También lamenta que no se haya invitado a países con experiencia en accidentes marítimos para que colaboren en la investigación.
Tagliapietra recuerda que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había ordenado a la jueza de instrucción realizar estas pericias, pero que nunca se cumplieron. El abogado insiste en que es fundamental analizar las pruebas recopiladas en el fondo del mar para determinar las causas exactas del hundimiento y esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La falta de análisis de las pruebas ha generado la sospecha de que se busca ocultar información relevante y evitar que se llegue a la verdad.
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