ARCA Elimina Observadores Privados en Aduanas: Simplificación y Eficiencia en el Comercio Exterior
La reciente derogación de 22 resoluciones generales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Argentina ha generado un debate significativo en el ámbito del comercio exterior. Esta medida, formalizada a través de la Resolución General 5693/2025, elimina la participación de cámaras empresariales como observadoras en las verificaciones aduaneras de mercadería con canal rojo. Si bien presentada por el gobierno como una simplificación burocrática y un impulso a la eficiencia, la decisión ha suscitado interrogantes sobre su impacto real en la transparencia, el control y la competitividad del comercio internacional del país. Este artículo analizará en profundidad los antecedentes de la medida, sus implicaciones para los distintos actores involucrados, las críticas y los argumentos a favor, y el contexto más amplio de la política de desregulación impulsada por el gobierno actual.
Antecedentes: El Sistema de Veeduría y sus Problemáticas
El sistema de veeduría aduanera, habilitado por las resoluciones generales ahora derogadas, permitía a representantes de cámaras empresariales acompañar a los funcionarios de la ARCA durante las inspecciones de mercadería seleccionada para el canal rojo. La justificación original de este mecanismo era aumentar la transparencia del proceso, prevenir la corrupción y garantizar la aplicación uniforme de las normas. Sin embargo, en la práctica, el sistema se vio afectado por una serie de problemas que, según el gobierno, justifican su eliminación. Uno de los principales inconvenientes era la lentitud en los procesos de despacho aduanero. La necesidad de coordinar agendas y obtener la aprobación de los veedores, a menudo representantes de empresas competidoras, generaba demoras significativas en la liberación de la mercadería.
Además de las demoras, el sistema de veeduría implicaba costos adicionales para las empresas importadoras y exportadoras. Los trámites administrativos, la necesidad de contratar personal para coordinar con los veedores y los posibles sobrecostos derivados de las demoras en el despacho se traducían en un aumento de los costos operativos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha calificado el sistema como un ejemplo del “modelo de la casta”, argumentando que permitía a los actores privados influir indebidamente en el proceso aduanero. La crítica se centra en la idea de que la participación de los veedores no siempre respondía a un interés genuino en la transparencia, sino a la búsqueda de ventajas competitivas o a la protección de intereses particulares.
La Resolución General 5586 de octubre de 2024, mencionada por Sturzenegger, ya había dado un paso importante en la reducción de la participación privada en los procesos aduaneros. Esta norma eliminó la participación de entidades privadas en otros aspectos del control aduanero, sentando las bases para la derogación de las 22 resoluciones generales que ahora se han oficializado. El gobierno argumenta que estas medidas forman parte de un proceso de revisión normativa exhaustivo, orientado a simplificar los trámites, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del sistema aduanero.
Implicaciones para los Actores Involucrados
La derogación de las resoluciones generales tiene implicaciones directas para varios actores involucrados en el comercio exterior argentino. Para las empresas importadoras y exportadoras, la medida podría traducirse en una reducción de los costos operativos y una agilización de los procesos de despacho aduanero. Al eliminar la necesidad de coordinar con los veedores y obtener su aprobación, se espera que la liberación de la mercadería sea más rápida y eficiente. Sin embargo, algunas empresas podrían expresar preocupación por la pérdida de un mecanismo de control que, según argumentan, contribuía a la transparencia y a la prevención de la corrupción.
Para la ARCA, la medida implica una simplificación de sus procesos internos y una reducción de la carga administrativa. Al eliminar la necesidad de coordinar con los veedores y de gestionar sus solicitudes de acceso a la información, se espera que los funcionarios aduaneros puedan concentrarse en sus tareas principales de control y fiscalización. No obstante, la ARCA deberá redoblar sus esfuerzos para garantizar la transparencia y la integridad del proceso aduanero, ya que la eliminación del sistema de veeduría podría generar sospechas sobre la imparcialidad de sus decisiones.
Para las cámaras empresariales, la derogación de las resoluciones generales implica la pérdida de un canal de participación en el proceso aduanero. Estas organizaciones argumentan que la veeduría era una herramienta importante para defender los intereses de sus asociados y para garantizar el cumplimiento de las normas. Sin embargo, el gobierno sostiene que las cámaras empresariales pueden seguir participando en el diálogo con la ARCA y en la formulación de propuestas para mejorar el sistema aduanero, pero sin tener acceso directo a las inspecciones de mercadería.
Críticas y Argumentos a Favor de la Medida
La derogación de las resoluciones generales ha generado críticas por parte de algunos sectores empresariales y de la oposición política. Los críticos argumentan que la medida debilita los mecanismos de control y aumenta el riesgo de corrupción en el proceso aduanero. Sostienen que la participación de los veedores era una garantía de transparencia y que su eliminación podría favorecer a empresas con conexiones políticas o a aquellas dispuestas a pagar sobornos. Además, algunos críticos advierten que la medida podría afectar la competitividad de las empresas argentinas, al aumentar la incertidumbre y la desconfianza en el sistema aduanero.
En contraposición, el gobierno defiende la medida argumentando que el sistema de veeduría era ineficiente, costoso y susceptible de ser utilizado para fines indebidos. Sturzenegger ha enfatizado que la eliminación de la veeduría es parte de una política más amplia de desregulación y simplificación administrativa, destinada a mejorar el clima de negocios y a atraer inversiones. El gobierno también argumenta que la ARCA cuenta con mecanismos internos de control y fiscalización que garantizan la transparencia y la integridad del proceso aduanero, y que la participación de los veedores no era esencial para prevenir la corrupción.
El titular de ARCA, Juan Alberto Pazo, ha explicado que la medida forma parte de un proceso de revisión normativa exhaustivo, en línea con la política de eficiencia y simplificación administrativa impulsada por el Ejecutivo. Pazo ha asegurado que la ARCA está comprometida con la transparencia y la integridad del proceso aduanero, y que la eliminación del sistema de veeduría no afectará la calidad del control y la fiscalización.
El Contexto de la Política de Desregulación del Gobierno
La derogación de las resoluciones generales se inscribe en el marco de una política de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el gobierno actual. Esta política se basa en la idea de que la excesiva regulación burocrática dificulta el desarrollo económico, desalienta la inversión y fomenta la corrupción. El gobierno ha argumentado que la simplificación de los trámites y la reducción de la burocracia son esenciales para mejorar el clima de negocios y para atraer inversiones extranjeras.
En los últimos meses, el gobierno ha implementado una serie de medidas de desregulación en diversos sectores de la economía, incluyendo el comercio exterior, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Estas medidas han sido recibidas con reacciones encontradas por parte de los distintos actores involucrados. Algunos sectores empresariales han elogiado las medidas como un paso importante para mejorar la competitividad y para fomentar el crecimiento económico. Otros sectores han expresado preocupación por los posibles efectos negativos de la desregulación en la protección de los derechos de los trabajadores, la defensa del medio ambiente y la garantía de la calidad de los servicios.
La política de desregulación del gobierno ha sido criticada por la oposición política, que argumenta que las medidas son regresivas y que favorecen a los intereses de las grandes empresas en detrimento de los pequeños y medianos empresarios. La oposición también ha advertido que la desregulación podría generar un aumento de la desigualdad social y una precarización de las condiciones laborales.
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