Aumentos tarifarios comedidos en servicios públicos para evitar la inflación
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha diseñado una hoja de ruta para los aumentos de tarifas de los servicios públicos que regirán a partir del 1 de febrero. Estos ajustes estarán en consonancia con el objetivo de reducir la presión sobre los precios y seguir apoyando la disminución de la inflación.
Ajustes tarifarios limitados para mantener la inflación bajo control
La estrategia del Gobierno se basa en la aprobación de ajustes tarifarios acotados, que oscilarán entre el 1% y el 2,5% en las facturas de los servicios de luz, gas y agua y cloacas.
En el caso del transporte público, el Gobierno pretende prolongar el congelamiento de las tarifas, vigente desde agosto de 2022, durante un mes más.
AySA: aumento del 1% en los servicios de agua y cloacas
La primera señal de la continuidad de la política tarifaria condicionada a las expectativas de inflación se conoció a través de la resolución 11 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó un aumento del 1% a partir del próximo sábado para los servicios prestados por AySA.
Esta medida se justifica por la disminución de los índices de precios en los meses anteriores, lo que ha permitido a AySA mantener el equilibrio en las condiciones de servicio.
Ajustes en las facturas de gas
Para el servicio de gas natural, el aumento propuesto para las distribuidoras y transportadoras privadas rondaría el 1,5%.
En el marco de este aumento, se celebrará una audiencia pública el 6 de febrero para analizar la revisión quinquenal de tarifas de transporte y distribución de gas.
Ajustes en las facturas de electricidad
En cuanto al servicio eléctrico, el aumento en las facturas no superaría el 2,5% para Edenor y Edesur.
Del mismo modo que con las gasíferas, se convocarán audiencias públicas para delinear y aprobar las revisiones tarifarias quinquenales de las distribuidoras metropolitanas y las transportistas eléctricas.
Objetivo: mantener la inflación por debajo del 2% mensual
La política tarifaria del Gobierno prioriza la reducción de la inflación a un nivel inferior al 2% mensual.
Los ajustes limitados establecidos para los servicios públicos contribuirán a la normalización de la economía y permitirán a los usuarios seguir sus consumos y facturaciones sin comprometer los estándares de calidad y eficiencia de los servicios.
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