Avances en Discapacidad: Encuentro Provincial Busca Mejorar Atención Integral y Reglamentar Ley 3820
La reciente participación de Mauro Peralta, Director de Adultos Mayores y Discapacidad, en el Primer Encuentro de Discapacidad en Puerto San Julián, Santa Cruz, marca un hito en la búsqueda de una atención integral y coordinada para las personas con discapacidad en la provincia. Este encuentro, que congregó a autoridades provinciales y representantes de municipios y comisiones de fomento, se centró en la conformación del Programa de Atención Integral de Discapacidad (PAIDIS) y en la necesidad de avanzar en la reglamentación de la Ley Provincial 3820. El evento no solo sirvió como plataforma para el intercambio de experiencias y la detección de necesidades, sino también como un llamado a la acción para fortalecer las políticas públicas y garantizar los derechos de una población vulnerable. Este artículo explorará en detalle los temas abordados en el encuentro, los desafíos identificados y las perspectivas futuras para la inclusión de las personas con discapacidad en Santa Cruz.
- El Programa de Atención Integral de Discapacidad (PAIDIS): Un Nuevo Enfoque
- El Certificado Único de Discapacidad (CUD): Facilitando el Acceso a los Derechos
- La Necesidad de un Consejo Provincial de Discapacidad
- Fortalecimiento Institucional y la Importancia de la Interacción Local
- La Ley Provincial 3820: Un Marco Legal Pendiente de Reglamentación
- Aunar Criterios y Responder a las Necesidades de la Comunidad
El Programa de Atención Integral de Discapacidad (PAIDIS): Un Nuevo Enfoque
La conformación del PAIDIS representa un cambio paradigmático en la forma en que se aborda la discapacidad en la provincia de Santa Cruz. Anteriormente, las políticas y programas se desarrollaban de manera fragmentada, lo que dificultaba la coordinación y la eficiencia en la prestación de servicios. El PAIDIS busca integrar todos los recursos y acciones en un marco único, que garantice una atención integral y personalizada a cada persona con discapacidad. Esto implica no solo la provisión de asistencia económica y social, sino también el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda y la participación plena en la vida comunitaria. La integralidad del programa se basa en la idea de que la discapacidad no es un problema individual, sino un asunto social que requiere la intervención de múltiples actores y la articulación de diferentes políticas públicas.
El PAIDIS se fundamenta en el modelo de derechos humanos de la discapacidad, que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, con la misma dignidad y valor que cualquier otra persona. Este modelo implica un cambio de perspectiva, pasando de una visión asistencialista y paternalista a una visión de empoderamiento y autonomía. El objetivo no es "curar" o "rehabilitar" a las personas con discapacidad, sino garantizarles las condiciones necesarias para que puedan desarrollar su potencial y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. El programa se propone, por lo tanto, eliminar las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, ya sean barreras físicas, comunicacionales, actitudinales o legales.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD): Facilitando el Acceso a los Derechos
Un elemento central en la implementación del PAIDIS es la correcta gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este certificado es el instrumento que permite a las personas con discapacidad acceder a los beneficios y servicios que les corresponden por ley. La disertación de Luis Bustillos, Leticia Gorritti y la Licenciada Mariel Sánchez sobre el trabajo de la junta evaluadora del CUD fue fundamental para comprender los desafíos y las oportunidades en este ámbito. La junta evaluadora es responsable de determinar el grado de discapacidad de cada persona, basándose en criterios médicos y sociales objetivos. Este proceso debe ser transparente, imparcial y respetuoso de la dignidad de la persona evaluada.
La importancia del CUD radica en que simplifica los trámites burocráticos y evita la duplicación de evaluaciones. Anteriormente, las personas con discapacidad debían someterse a múltiples evaluaciones para acceder a diferentes beneficios, lo que generaba demoras, costos y frustración. Con el CUD, una única evaluación es suficiente para acreditar la discapacidad y acceder a todos los derechos que le corresponden a la persona. Sin embargo, es fundamental que el proceso de evaluación sea accesible a todas las personas con discapacidad, independientemente de su lugar de residencia o de su condición socioeconómica. Esto implica la necesidad de contar con juntas evaluadoras en todas las localidades de la provincia y de garantizar la capacitación continua de los profesionales que integran estas juntas.
La Necesidad de un Consejo Provincial de Discapacidad
La futura creación del Consejo Provincial de Discapacidad es otro paso importante en el fortalecimiento institucional del PAIDIS. Este consejo estará integrado por representantes del gobierno provincial, de las organizaciones de personas con discapacidad y de otros actores relevantes. Su función principal será asesorar al gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de discapacidad, así como monitorear el cumplimiento de la Ley Provincial 3820 y del PAIDIS. El consejo servirá como un espacio de diálogo y concertación entre los diferentes actores involucrados, lo que permitirá construir políticas más inclusivas y efectivas.
La participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el consejo es fundamental para garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población. Estas organizaciones tienen un conocimiento profundo de las problemáticas que enfrentan las personas con discapacidad y pueden aportar valiosas perspectivas y propuestas. El consejo también deberá promover la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que les afectan, garantizando su derecho a ser escuchadas y a influir en las políticas públicas. La creación del consejo representa, por lo tanto, un avance significativo en la promoción de la autonomía y la autodeterminación de las personas con discapacidad.
Fortalecimiento Institucional y la Importancia de la Interacción Local
El encuentro en Puerto San Julián puso de manifiesto la importancia de fortalecer las capacidades de las áreas locales para atender las necesidades de las personas con discapacidad. La masiva convocatoria de municipios y comisiones de fomento demuestra el interés de las autoridades comunales en mejorar la calidad de vida de sus habitantes con discapacidad. El espacio de intercambio y aportes permitió detectar las demandas y necesidades específicas de cada localidad, lo que facilitará la elaboración de planes de acción personalizados. Es fundamental que las áreas locales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para implementar el PAIDIS y garantizar el acceso a los servicios.
El fortalecimiento institucional implica no solo la capacitación de los funcionarios públicos, sino también la creación de redes de apoyo y la articulación con las organizaciones de la sociedad civil. Es importante que las áreas locales trabajen en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, las escuelas, los centros de salud y otros actores relevantes para brindar una atención integral y coordinada. La interacción local es clave para identificar las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida comunitaria y para diseñar estrategias para superarlas. El encuentro en Puerto San Julián sentó las bases para una mayor colaboración entre el gobierno provincial y las autoridades locales en materia de discapacidad.
La Ley Provincial 3820: Un Marco Legal Pendiente de Reglamentación
La Ley Provincial 3820, sancionada en 2018, establece los derechos de las personas con discapacidad en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, esta ley aún no ha sido reglamentada, lo que impide su plena aplicación. La reglamentación es fundamental para definir los mecanismos de implementación de la ley, así como los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. La solicitud del Poder Legislativo para avanzar en la reglamentación de la ley fue uno de los principales resultados del encuentro en Puerto San Julián. La reglamentación debe ser elaborada en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, para garantizar que responda a sus necesidades y expectativas.
La reglamentación de la Ley Provincial 3820 es un paso fundamental para garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina en 2008. Esta convención establece los estándares internacionales en materia de discapacidad y exige a los estados adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. La reglamentación de la ley debe estar en consonancia con los principios y disposiciones de la convención, así como con la legislación nacional en materia de discapacidad. La pronta reglamentación de la Ley Provincial 3820 es, por lo tanto, una prioridad para el gobierno provincial.
Aunar Criterios y Responder a las Necesidades de la Comunidad
Las declaraciones de Mauro Peralta a su regreso del encuentro resaltan la importancia de unificar criterios y responder a las necesidades de la comunidad. La diversidad de enfoques y prácticas en las diferentes localidades de la provincia puede generar confusión y dificultar la prestación de servicios. El encuentro en Puerto San Julián permitió aunar los criterios y las ideas que se vienen trabajando en cuanto al abordaje en territorio, lo que facilitará la implementación del PAIDIS y garantizará una atención más homogénea y eficiente. La unificación de criterios es fundamental para evitar la duplicación de esfuerzos y para optimizar el uso de los recursos.
La respuesta a las necesidades de la comunidad debe ser el eje central de todas las políticas públicas en materia de discapacidad. Es fundamental escuchar a las personas con discapacidad y a sus familias, y tener en cuenta sus opiniones y sugerencias al diseñar e implementar programas y servicios. El encuentro en Puerto San Julián demostró que existe un compromiso por parte de las autoridades provinciales y locales para atender las necesidades de la población con discapacidad. Sin embargo, es necesario traducir este compromiso en acciones concretas y en la asignación de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
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