AySA: Superávit Histórico Impulsa su Privatización y Reforma del Estado
Durante casi dos décadas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) fue sinónimo de déficit y asistencia estatal. En 2024, la empresa estatal ha desafiado esa narrativa, registrando un superávit operativo de $48.288 millones (a precios constantes), un hito sin precedentes desde su reestatización en 2007. Este logro, impulsado por un significativo ajuste tarifario y una optimización de la gestión, no solo representa una mejora financiera, sino que también allana el camino para un proceso de privatización que el gobierno nacional considera crucial para el futuro de la empresa. Este artículo analiza en profundidad los factores que contribuyeron a este cambio radical, las implicaciones de la privatización y el plan de transformación que AySA está implementando.
El Giro Financiero: De Déficit Crónico a Superávit Operativo
El cambio más notable en la situación financiera de AySA es, sin duda, el paso de un déficit crónico a un superávit operativo. Durante años, la empresa dependió de inyecciones de capital del Estado para cubrir sus costos operativos. En 2024, esta dependencia ha quedado atrás. El superávit de $48.288 millones demuestra que AySA no solo puede cubrir sus gastos, sino que también generar excedentes. Este resultado positivo es el resultado directo de una combinación de factores, siendo el principal un aumento del 317% en las tarifas durante el año.
Este incremento tarifario, aunque controvertido, fue esencial para mejorar la rentabilidad de la empresa. Además de las tarifas, la regularización de deudas y la reducción de la morosidad de los usuarios también contribuyeron a aumentar los ingresos. Los ingresos totales pasaron de $519.378 millones en 2023 a $907.353 millones en 2024, un aumento significativo que refleja el impacto de estas medidas. Sin embargo, el aumento de ingresos no fue el único factor determinante.
Paralelamente al aumento de los ingresos, AySA implementó medidas para reducir sus gastos operativos. Estos gastos se redujeron de $690.063 millones a $638.116 millones, lo que demuestra un esfuerzo por optimizar la gestión y eliminar ineficiencias. Esta reducción de costos, combinada con el aumento de los ingresos, permitió una mejora notable en la utilidad bruta, que se triplicó, pasando de $145.796 millones en 2023 a $446.104 millones en 2024. El resultado neto también experimentó un giro contundente, pasando de una pérdida de $382.859 millones a una ganancia de $48.288 millones.
El Ajuste Tarifario: Un Catalizador Necesario
El aumento del 317% en las tarifas fue, sin duda, la medida más impactante y la que generó mayor debate. Si bien es cierto que este incremento afectó el bolsillo de los usuarios, fue considerado esencial por el gobierno y la administración de AySA para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa. La estructura tarifaria anterior no permitía cubrir los costos operativos, lo que obligaba al Estado a subsidiar la empresa de manera constante. Este esquema era insostenible a largo plazo y ponía en riesgo la calidad del servicio.
El ajuste tarifario no solo buscaba cubrir los costos operativos, sino también financiar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura del servicio. AySA necesita invertir en la modernización de sus plantas de tratamiento, la reparación de redes de distribución y la expansión de la red para llegar a más hogares. Estas inversiones son fundamentales para garantizar un suministro de agua potable seguro y confiable, así como para mejorar la calidad del saneamiento. El aumento de las tarifas, por lo tanto, se justificó como una medida necesaria para asegurar el futuro de AySA y la calidad del servicio.
Además del aumento de las tarifas, AySA implementó planes de regularización de deudas y medidas para reducir la morosidad de los usuarios. Estos planes permitieron recuperar una parte importante de los ingresos que se habían perdido debido a la falta de pago. La reducción de la morosidad también contribuyó a mejorar la rentabilidad de la empresa y a reducir la necesidad de subsidios estatales. La combinación de estas medidas permitió a AySA revertir su situación financiera y alcanzar un superávit operativo.
La Privación en el Horizonte: Estrategia y Objetivos del Gobierno
El superávit operativo de AySA ha fortalecido la posición del gobierno en su plan de privatización parcial de la empresa. La administración argumenta que la apertura al capital privado es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de AySA y de mejorar la calidad del servicio. La privatización, según el gobierno, permitirá a la empresa acceder a nuevas fuentes de financiamiento, adoptar tecnologías más eficientes y mejorar su gestión. Además, se espera que la privatización genere competencia en el sector y reduzca la burocracia.
El plan de privatización contempla la venta parcial de la empresa, con una estrategia mixta que incluye la oferta de acciones en la Bolsa y una licitación pública. El Estado nacional, que actualmente posee el 90% del paquete accionario, conservará una participación mayoritaria en la empresa. El 10% restante pertenece a los empleados, y este porcentaje no será incluido en el proceso de venta. Además, los activos físicos de la empresa (terrenos, maquinarias, vehículos) seguirán siendo propiedad estatal. Esta estructura busca garantizar que el Estado mantenga el control de AySA y que la empresa continúe cumpliendo con su función social.
El gobierno espera que la privatización atraiga a inversores estratégicos que puedan aportar capital, tecnología y experiencia en la gestión de empresas de servicios públicos. Se busca que estos inversores estén comprometidos con la mejora de la calidad del servicio y con la expansión de la cobertura. La privatización también se enmarca en un Plan de Optimización y Transformación del Modelo de Gestión, iniciado en 2024 y dividido en tres fases, que busca modernizar la empresa y prepararla para la competencia.
El Plan de Optimización y Transformación: Tres Fases Clave
El Plan de Optimización y Transformación del Modelo de Gestión de AySA es un componente fundamental de la estrategia de privatización. Este plan se divide en tres fases, cada una con objetivos específicos y acciones concretas. La primera fase se centra en la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de costos. Se busca optimizar los procesos internos, eliminar duplicidades y mejorar la gestión de los recursos. Esta fase también incluye la implementación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de las plantas de tratamiento y de las redes de distribución.
La segunda fase se enfoca en la expansión de la cobertura del servicio y la mejora de la calidad del agua potable y del saneamiento. Se planean inversiones en la construcción de nuevas plantas de tratamiento, la reparación de redes de distribución y la expansión de la red para llegar a más hogares. Esta fase también incluye la implementación de programas de control de calidad para garantizar que el agua potable cumpla con los estándares de seguridad y salud. La tercera fase se centra en la preparación de la empresa para la privatización, incluyendo la reestructuración financiera y la adecuación a las normas contables internacionales.
Este esquema permitió a la empresa funcionar sin aportes del Tesoro, una situación inédita desde su reestatización. El plan de transformación busca convertir a AySA en una empresa más eficiente, rentable y competitiva, capaz de atraer inversiones privadas y de ofrecer un servicio de alta calidad a sus usuarios. La implementación exitosa de este plan es crucial para garantizar el éxito de la privatización y para asegurar el futuro de AySA.
AySA en el Contexto de la Ley Bases y la Reducción del Estado
La privatización de AySA se enmarca en un contexto más amplio de reducción del Estado y de implementación de la Ley Bases, que busca promover la inversión privada y la eficiencia en la economía. AySA es una de las empresas habilitadas para su privatización parcial, junto con Belgrano Cargas, SOFSE y Corredores Viales. El proceso también contempla la venta total de Enarsa e Intercargo. El gobierno argumenta que la privatización de estas empresas permitirá liberar recursos públicos que podrán ser destinados a otras áreas prioritarias, como la educación y la salud.
La Ley Bases busca reducir el tamaño del Estado y promover la participación del sector privado en la economía. Se considera que la privatización de empresas estatales puede generar mayor eficiencia, innovación y competencia. Además, se espera que la privatización atraiga inversiones extranjeras y contribuya al crecimiento económico. El gobierno también argumenta que la privatización es una forma de blindar a las empresas estatales contra la politización y la corrupción. Al incorporar inversores privados, se busca garantizar que la gestión de las empresas se base en criterios técnicos y económicos, y no en consideraciones políticas.
El gobierno ha reiterado su compromiso de garantizar que AySA no vuelva a ser estatizada. Incorporar inversores privados se considera una forma de blindarla institucionalmente y de asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La privatización de AySA es un paso importante en la implementación de la Ley Bases y en el proceso de reducción del Estado. Se espera que esta medida tenga un impacto positivo en la economía y en la calidad del servicio.
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