Brisa Páez: Brutalidad en la Armada y el Revival Represivo del Mileismo

El caso de Brisa Páez, la joven de 21 años que sufrió graves lesiones tras una brutal agresión durante un entrenamiento “antidisturbios” en la Armada Argentina, ha desatado una profunda conmoción y ha puesto en el centro del debate el accionar de las Fuerzas Armadas bajo la nueva administración. Más allá de la violencia específica del incidente, el caso se erige como un preocupante termómetro del giro represivo que, según diversas fuentes, el gobierno de Javier Milei estaría imprimiendo a las instituciones militares. La orden explícita a los marineros voluntarios de ocultar la verdad sobre los golpes recibidos –“Si alguien les pregunta qué les pasó, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa”– revela una cultura de encubrimiento y una preocupante escalada en la utilización de métodos coercitivos. Este artículo explorará en profundidad los detalles del caso, el contexto político y social que lo rodea, las implicaciones legales y los posibles indicios de un retroceso en los derechos humanos y las garantías constitucionales.

El Brutal Entrenamiento y la Agresión a Brisa Páez

El incidente que desencadenó la crisis ocurrió el 4 de abril en la Facultad de la Armada, ubicada en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Brisa Páez, junto a una decena de jóvenes marineros voluntarios, participaba de un ejercicio de entrenamiento diseñado para simular enfrentamientos en disturbios civiles. Sin embargo, lo que debió ser una práctica controlada se transformó en una sesión de brutalidad, donde los instructores, según testimonios recabados por la jueza Sandra Arroyo Salgado, recurrieron a golpes y agresiones físicas indiscriminadas. La patada voladora que recibió Brisa Páez fue el punto culminante de esta violencia, provocándole graves lesiones internas y convulsiones que la mantienen internada en el Hospital Militar Central. Los testimonios de otros participantes revelan que la agresión no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de abuso y maltrato. La orden de mentir sobre el origen de las lesiones, dada por los superiores, evidencia un intento deliberado de ocultar la verdad y proteger a los responsables.

La gravedad de la situación se agudiza al conocerse que uno de los jóvenes que declaró ante la jueza fue liberado al comprobarse que él mismo había sido víctima del entrenamiento violento. Presentaba golpes y dificultades para caminar, lo que confirma la naturaleza abusiva de la práctica. Este detalle subraya la magnitud de la agresión y la vulnerabilidad de los jóvenes reclutas, sometidos a una presión y un control absoluto por parte de sus superiores. La declaración de Brisa Páez, realizada desde el hospital, ratificó la brutalidad a la que ella y sus compañeros fueron sometidos, aportando detalles cruciales para la investigación.

La Investigación Judicial y los Imputados

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, rechazó los pedidos de excarcelación de siete miembros de la Armada, incluyendo a los instructores responsables de la actividad y a un superior jerárquico. Esta decisión judicial demuestra la solidez de las pruebas presentadas y la gravedad de los cargos que enfrentan los imputados. La investigación se centra en determinar quién ordenó la realización de este tipo de prácticas violentas y si existió una directiva superior que avalara el uso de métodos coercitivos. La falta de claridad sobre la autoría intelectual del hecho plantea interrogantes sobre la cadena de mando y la responsabilidad de los altos oficiales de la Armada. La jueza Arroyo Salgado ha solicitado ampliar la investigación para determinar si este tipo de entrenamiento violento se ha repetido en otras ocasiones y si existen otros casos de abuso y maltrato en las Fuerzas Armadas.

Los cargos que enfrentan los imputados incluyen lesiones graves, abuso de autoridad y falsedad ideológica, debido a la orden de mentir sobre el origen de las lesiones. La defensa de los acusados ha intentado minimizar la gravedad de los hechos, argumentando que se trató de un ejercicio de entrenamiento que se salió de control. Sin embargo, los testimonios de los jóvenes reclutas y las pruebas recabadas por la jueza Arroyo Salgado contradicen esta versión, demostrando que la violencia fue sistemática y deliberada. El caso ha generado una fuerte presión mediática y social, exigiendo justicia para Brisa Páez y sus compañeros, y una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes.

El Contexto Político y el “Revival” Represivo

El caso de Brisa Páez se inscribe en un contexto político marcado por el ascenso de Javier Milei a la presidencia y su discurso de “mano dura” contra la inseguridad y el orden público. Desde que asumió el cargo, el gobierno ha implementado una serie de medidas que han generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil. Entre estas medidas se destacan la flexibilización de las reglas de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, la promoción de una cultura de impunidad y la exaltación de los símbolos y valores de la dictadura militar. La designación de funcionarios con vínculos con el pasado represivo y la revisión de los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas han alimentado el temor a un retroceso en los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Diversos analistas políticos y observadores sociales han advertido sobre un posible “revival” represivo, impulsado por el gobierno de Milei y sus aliados. Este fenómeno se caracterizaría por un aumento de la violencia estatal, la criminalización de la protesta social y la persecución de opositores políticos. El caso de Brisa Páez, en este sentido, se considera un indicador alarmante de esta tendencia, demostrando que las Fuerzas Armadas están dispuestas a recurrir a métodos coercitivos y abusivos para reprimir cualquier forma de disidencia. La orden de ocultar la verdad sobre los golpes recibidos por los marineros voluntarios es un claro ejemplo de esta cultura de encubrimiento y de la falta de respeto por los derechos humanos.

Implicaciones Legales y Derechos Humanos

El caso de Brisa Páez plantea serias implicaciones legales y en materia de derechos humanos. La agresión sufrida por la joven constituye una violación de su integridad física y psicológica, y un atentado contra su derecho a la vida y a la salud. La orden de mentir sobre el origen de las lesiones es una violación de su derecho a la libertad de expresión y a la verdad. Además, el caso pone en evidencia la falta de mecanismos de control y supervisión en las Fuerzas Armadas, lo que permite que se produzcan abusos y violaciones de derechos humanos. La impunidad de los responsables de estos hechos es un problema estructural que debe ser abordado con urgencia.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado el caso ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, solicitando una investigación independiente y la adopción de medidas para prevenir la repetición de estos hechos. Estas organizaciones han expresado su preocupación por el contexto político y social en el que se produjo la agresión, y han advertido sobre el riesgo de un retroceso en los avances logrados en materia de derechos humanos en Argentina. La defensa de los derechos humanos y el respeto por la dignidad de las personas son pilares fundamentales de un Estado de Derecho, y deben ser protegidos y garantizados por todas las instituciones del Estado.

El Rol de la Universidad de la Defensa Nacional

La Facultad de la Armada, donde ocurrió la agresión a Brisa Páez, forma parte de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), una institución encargada de la formación y capacitación de los oficiales de las Fuerzas Armadas. El caso ha puesto en tela de juicio el rol de la UNDEF y la calidad de la enseñanza que se imparte en sus diferentes facultades. Se cuestiona si la UNDEF está cumpliendo con su misión de formar oficiales respetuosos de los derechos humanos y comprometidos con la defensa de la Constitución Nacional. La falta de control y supervisión en las prácticas de entrenamiento, y la permisividad ante el uso de métodos violentos, son aspectos que deben ser investigados y corregidos.

La UNDEF debe revisar sus protocolos de actuación y fortalecer los mecanismos de control interno para prevenir la repetición de hechos como el que sufrió Brisa Páez. Es fundamental que la formación de los oficiales incluya una sólida formación en derechos humanos, ética y responsabilidad social. Además, se debe promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones de las Fuerzas Armadas. La UNDEF tiene la responsabilidad de garantizar que sus egresados sean profesionales competentes y comprometidos con la defensa de los valores democráticos y el respeto por los derechos humanos.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/819116-una-voluntaria-de-la-armada-sufrio-una-grave-lesion-en-la-ca