Bullrich acusa a Macri de aliarte con el kirchnerismo y frustrar nombramientos judiciales de Milei.
La reciente votación en el Senado argentino, que rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema, ha desatado una crisis política de gran magnitud. Más allá de las implicaciones judiciales, el episodio ha expuesto profundas fisuras dentro de la coalición gobernante, liderada por Javier Milei, y ha revelado una inesperada alianza entre el oficialismo y el kirchnerismo, con Mauricio Macri en el centro de la tormenta. Este artículo analiza en detalle los acontecimientos, las acusaciones cruzadas, las consecuencias institucionales y las implicaciones futuras de esta fractura política.
La Crisis de la Corte Suprema: Un Contexto de Tensiones
La designación de jueces para la Corte Suprema siempre ha sido un tema delicado en la política argentina, pero la situación se ha vuelto particularmente compleja bajo el gobierno de Javier Milei. Su estrategia de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto, sorteando el proceso de acuerdo en el Senado, generó una fuerte oposición desde el principio. Milei argumentó que necesitaba jueces afines a su visión para impulsar sus reformas, mientras que la oposición denunció un intento de controlar el Poder Judicial. La Corte Suprema, ya debilitada por conflictos internos y acusaciones de parcialidad, se convirtió en el epicentro de una batalla por el control del Estado.
El proceso de negociación se extendió por nueve meses, con múltiples intentos de llegar a un acuerdo que satisficiera a todas las partes. Sin embargo, las diferencias irreconciliables y la falta de voluntad política para ceder terminaron por frustrar las negociaciones. La decisión de Milei de avanzar con la designación por decreto fue vista como una provocación por parte de la oposición, que respondió con un voto unánime en contra en el Senado. Este rechazo no solo representa un revés para el gobierno, sino que también plantea serias dudas sobre la legitimidad de la designación de García-Mansilla, quien ya había jurado como ministro.
Las Acusaciones de Patricia Bullrich: "Se Juntó con el Kirchnerismo"
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudó en señalar directamente a Mauricio Macri como el principal responsable del fracaso de la designación de los jueces. En declaraciones a La Nación+, Bullrich acusó a Macri de actuar por "bronca" y de haber facilitado el rechazo de los candidatos al unirse con el kirchnerismo. Sus palabras fueron contundentes: "Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei. Me dio lástima. Fue una vendetta total y absoluta de una persona que actúa por impulso y no por inteligencia". Estas acusaciones han generado una fuerte tensión dentro del PRO, el partido fundado por Macri, y han profundizado la grieta entre los diferentes sectores de la coalición gobernante.
La acusación de Bullrich sugiere que Macri estaría resentido con Milei por diversas razones, incluyendo diferencias en el rumbo del gobierno y conflictos electorales en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos analistas sugieren que Macri podría estar buscando posicionarse como un líder alternativo dentro del PRO, desafiando la autoridad de Milei. La decisión de votar en contra de los pliegos podría ser una forma de enviar un mensaje claro al gobierno y de demostrar su capacidad para influir en la política nacional.
La Estrategia de Milei y el Rechazo en el Senado
La estrategia de Javier Milei de designar a los jueces por decreto fue una apuesta arriesgada que finalmente no dio resultado. Si bien el decreto tenía como objetivo agilizar el proceso de designación y evitar la obstrucción de la oposición, también generó dudas sobre su legalidad y legitimidad. La Constitución argentina establece que las designaciones de jueces para la Corte Suprema deben ser aprobadas por el Senado, y el decreto de Milei buscaba sortear este requisito. La oposición argumentó que esta medida violaba la Constitución y que socavaba la independencia del Poder Judicial.
En la sesión del Senado, parte del PRO, junto con Unión por la Patria y legisladores de la UCR, votaron en contra de las designaciones, dejando en jaque la estrategia del gobierno. Este voto unánime en contra demuestra la magnitud de la oposición a la política judicial de Milei y la falta de apoyo dentro de su propia coalición. El rechazo de los pliegos ha dejado al gobierno en una situación de incertidumbre institucional y ha puesto en tela de juicio su capacidad para implementar sus reformas.
Consecuencias Institucionales y el Futuro de García-Mansilla
El rechazo de los pliegos ha generado una serie de consecuencias institucionales complejas. Ariel Lijo nunca asumió su cargo porque la Corte no aceptó su licencia, lo que significa que su designación fue nula desde el principio. Manuel García-Mansilla, por su parte, sí juró como ministro, pero su continuidad está en duda. El kirchnerismo presiona para que García-Mansilla deje el cargo, argumentando que no obtuvo los dos tercios necesarios en el Senado para ser confirmado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sostiene que la designación por decreto es válida hasta el 30 de noviembre de 2025.
Esta disputa legal plantea interrogantes sobre la validez de las decisiones tomadas por García-Mansilla como ministro de la Corte Suprema. Si su designación es considerada inválida, todas sus resoluciones podrían ser impugnadas. La situación ha generado un clima de incertidumbre jurídica y ha puesto en riesgo la estabilidad del Poder Judicial. El gobierno se enfrenta ahora al desafío de encontrar una solución que garantice la legalidad y la legitimidad de la Corte Suprema.
La Postura de Ricardo Lorenzetti y la Legitimidad del Proceso
El juez Ricardo Lorenzetti, reconocido por su experiencia en temas constitucionales, se pronunció sobre la decisión del Senado, considerándola legítima y cuestionando la designación por decreto. Lorenzetti afirmó: "Yo nunca aceptaría ser designado por decreto". Su declaración refuerza la crítica a la estrategia de Milei y subraya la importancia de respetar los procedimientos constitucionales en la designación de jueces. La postura de Lorenzetti, un referente del Poder Judicial, añade peso a la controversia y pone en evidencia la falta de consenso en torno a la política judicial del gobierno.
La legitimidad del proceso de designación de jueces es fundamental para garantizar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. La designación por decreto, al sortear el proceso de acuerdo en el Senado, socava esta legitimidad y genera desconfianza en la justicia. La crisis actual de la Corte Suprema pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de designación de jueces y de establecer mecanismos que garanticen la transparencia y la participación de todas las partes involucradas.
La Ley Antimafia en Rosario y el Plan Bandera
En paralelo a la crisis política en torno a la Corte Suprema, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en Rosario la implementación intensiva de la nueva Ley Antimafia. Esta legislación busca responsabilizar a todos los miembros de una organización criminal, sin importar su rol dentro de la estructura. Bullrich afirmó: "El que las hace, las paga". La aplicación de la Ley Antimafia en Rosario, una ciudad azotada por la violencia criminal, representa un intento del gobierno por combatir el crimen organizado y restaurar la seguridad ciudadana.
Asimismo, Bullrich aseguró que el Plan Bandera de despliegue de fuerzas federales seguirá vigente hasta garantizar la pacificación total de las zonas afectadas por el crimen organizado. Según la ministra, la estrategia ya logró una reducción del 70% en homicidios el año pasado y del 30% en lo que va de 2025. Estos resultados, si se confirman, podrían ser un argumento a favor de la política de seguridad del gobierno. Sin embargo, la efectividad de la Ley Antimafia y del Plan Bandera dependerá de su implementación efectiva y de la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y las provinciales.
El Apoyo de Nicolás Mayoraz y la Reforma Constitucional en Santa Fe
En el marco de las elecciones constitucionales de Santa Fe, el diputado Nicolás Mayoraz respaldó las políticas de Milei y Bullrich, afirmando que buscan reformar la constitución provincial para eliminar el garantismo judicial impulsado por gobiernos anteriores. Mayoraz sostuvo: "Necesitamos una constitución que termine con el garantismo que establecieron los kirchneristas y socialistas". Esta declaración refleja la intención del gobierno de modificar las leyes y las instituciones para facilitar la persecución penal y combatir el crimen organizado.
La reforma constitucional en Santa Fe podría ser un paso importante en la implementación de la política de seguridad del gobierno. Sin embargo, la reforma también podría generar controversia y oposición por parte de los defensores de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. El debate sobre el garantismo judicial es complejo y requiere un análisis cuidadoso de los costos y beneficios de cada opción.
Patricia Bullrich "Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei. Me dio lástima. Fue una vendetta total y absoluta de una persona que actúa por impulso y no por inteligencia"
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