Bullrich denuncia al juez Gallardo por interferencia en seguridad y favoritismo gremial.
La reciente denuncia del Gobierno Nacional contra el juez Roberto Andrés Gallardo ha desatado una fuerte polémica en el ámbito jurídico y político argentino. La acusación de “mal desempeño” se centra en una medida cautelar que limita la intervención de las fuerzas federales en la custodia de una marcha de jubilados, generando interrogantes sobre la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las competencias federales y la posible influencia política en decisiones judiciales. Este artículo analiza en profundidad los detalles de la denuncia, los argumentos esgrimidos por ambas partes y las posibles consecuencias de este enfrentamiento institucional.
Denuncia Gubernamental: Acusaciones de Mal Desempeño y Parcialidad
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, formalizó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, argumentando que el juez Gallardo actuó “sin competencia ni jurisdicción” al dictar la medida cautelar. La acusación principal radica en que el magistrado habría habilitado días y horarios inhábiles para emitir la resolución, sin que existiera una urgencia real que justificara tal proceder. Además, se señala que el Ministerio Público Fiscal se había opuesto a la intervención judicial, considerando que no existía un caso concreto y que la solicitud carecía de legitimación activa.
La denuncia enfatiza la presunta “clara intencionalidad política” detrás de la decisión de Gallardo, alegando que esta vulnera la Ley de Seguridad Interior (N.º 24.059) y afecta el ejercicio legítimo de funciones asignadas al Poder Ejecutivo por la Constitución Nacional. Se argumenta que la resolución judicial representa una intromisión directa en competencias federales, al ordenar a las fuerzas federales abstenerse de intervenir, incluso ante posibles amenazas al orden público. Esta restricción, según el gobierno, compromete la capacidad del Estado Nacional para garantizar la seguridad en el marco de movilizaciones sociales.
Un aspecto particularmente delicado de la denuncia se refiere a la posible práctica de “forum shopping”, una maniobra judicial que consiste en elegir el juzgado más favorable ideológicamente para obtener un fallo deseado. Se detalla que la presentación del amparo fue realizada estratégicamente un viernes por la tarde, con el objetivo de que el expediente cayera en manos de Gallardo y este habilitara días inhábiles, evitando así que fuera sorteado a otro juez.
El Amparo y los Actores Involucrados: CGT, UTEP y UEJN
La medida cautelar que originó la denuncia fue dictada a raíz de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), liderada por Juan Grabois, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por Julio Piumato. Maia Volcovinsky, gremialista, fue la encargada de presentar la solicitud judicial, buscando explícitamente que las fuerzas federales no intervinieran en la próxima marcha.
Los amparistas argumentaron que la intervención de las fuerzas federales podría generar un clima de hostilidad y represión, afectando el derecho a la protesta pacífica. Sostuvieron que la seguridad de la marcha es responsabilidad exclusiva de la Policía de la Ciudad y que la presencia de fuerzas federales podría ser percibida como una provocación o una amenaza. La UTEP, en particular, ha sido crítica con la gestión de Bullrich en materia de seguridad, acusándola de implementar políticas represivas contra las protestas sociales.
La CGT, por su parte, ha defendido la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de seguridad y ha cuestionado la injerencia del gobierno nacional en asuntos locales. La UEJN, a través de su secretario general, Julio Piumato, ha expresado su preocupación por la posible criminalización de las protestas sociales y ha abogado por el respeto a los derechos de los trabajadores.
La Resolución Judicial: Restricciones a las Fuerzas Federales y Autonomía Porteña
La resolución firmada por el juez Gallardo ordena explícitamente a las fuerzas federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria– abstenerse de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que respecta a la seguridad pública. Además, dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional retire su accionar de las inmediaciones del Congreso Nacional durante la movilización, argumentando que se trata de una “controversia administrativa local”.
Esta disposición ha sido interpretada por el gobierno nacional como una violación de la Ley de Seguridad Interior y una afectación a las competencias federales. Se argumenta que las cuestiones vinculadas al accionar de las fuerzas federales deben ser tratadas exclusivamente en el fuero federal y que la resolución de Gallardo restringe indebidamente el rol del Estado Nacional en garantizar la seguridad. El gobierno advierte que no intervenir ante posibles amenazas al orden público implicaría declinar las misiones y funciones de seguridad asignadas constitucionalmente.
Por otro lado, los defensores de la resolución judicial sostienen que el juez Gallardo actuó en defensa de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en protección del derecho a la protesta pacífica. Argumentan que la intervención de las fuerzas federales podría generar un clima de tensión y violencia, afectando la libertad de expresión y el derecho a la reunión. Se destaca que la Policía de la Ciudad es competente para garantizar la seguridad en el marco de la movilización y que la presencia de fuerzas federales sería innecesaria e incluso contraproducente.
El Rol del Ministerio Público Fiscal y la Falta de Sustento Jurídico
El Ministerio Público Fiscal se había opuesto expresamente a la intervención judicial, argumentando que no existía un caso concreto que justificara la medida cautelar. Se señaló que la solicitud de amparo carecía de legitimación activa y jurisdicción, y que la cuestión ya había sido rechazada previamente por falta de fundamentos. La oposición del Ministerio Público Fiscal refuerza los argumentos del gobierno nacional, que denuncia una actuación parcial e ideológica por parte del juez Gallardo.
La denuncia oficial advierte que la afirmación de Gallardo de que se trata de una “controversia administrativa local” carece de sustento jurídico, ya que las cuestiones vinculadas al accionar de fuerzas federales deben ser tratadas exclusivamente en el fuero federal. Se argumenta que la resolución judicial vulnera los principios de competencia y jurisdicción, y que el juez Gallardo se extralimitó en sus funciones al dictar una medida que afecta competencias federales.
Posibles Consecuencias: Sumario Investigativo y Juicio Político
El texto entregado al Consejo de la Magistratura porteño solicita la apertura de un sumario investigativo para determinar si existió mal desempeño por parte del magistrado. En caso de comprobarse las irregularidades, Gallardo podría enfrentar sanciones disciplinarias, que van desde una amonestación hasta la suspensión o la destitución. Además, se plantea la posibilidad de un eventual juicio político, que podría ser impulsado por la oposición en el Congreso Nacional.
La denuncia gubernamental ha generado un fuerte debate sobre la independencia judicial y la separación de poderes. La oposición ha acusado al gobierno nacional de intentar intimidar a los jueces y de perseguir a aquellos que no se alinean con sus políticas. Se argumenta que la denuncia contra Gallardo es una forma de presión política y que busca deslegitimar al Poder Judicial. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre el gobierno nacional y la justicia, y sobre la necesidad de garantizar la independencia y la imparcialidad de los jueces.
“La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad.”
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