Calamar y Desregulación: Debate por el Rol del Estado en la Pesca Argentina
La reciente flexibilización regulatoria en el sector pesquero argentino, específicamente en el reproceso del calamar, ha desatado una controversia que trasciende los intereses sectoriales y se adentra en un debate fundamental sobre el rol del Estado en la economía. La Disposición 363/25 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, que relaja los controles sobre el reproceso en tierra, ha sido recibida con entusiasmo por el sector empresarial, que la ve como un respiro para la previsibilidad y la autonomía en la toma de decisiones. Sin embargo, los gremios manufactureros advierten sobre un posible impacto negativo en el empleo, reabriendo la discusión sobre los límites de la intervención estatal y la búsqueda de un equilibrio entre la eficiencia económica y la protección del trabajo.
El Conflicto de Intereses: Empresarios vs. Sindicatos
La divergencia de opiniones entre empresarios y sindicatos refleja dos visiones antagónicas sobre el desarrollo económico. Los empresarios argumentan que la regulación excesiva obstaculiza la competitividad y la capacidad de adaptación a los mercados internacionales. Sostienen que forzar el reproceso del calamar en tierra, especialmente de las capturas de tallas menores, es económicamente inviable y distorsiona la lógica productiva. Prefieren exportar el producto en su estado natural, aprovechando la demanda global, particularmente como insumo para la pesca con palangre, lo que asegura rentabilidad y continuidad operativa. Esta postura se basa en la premisa de que la eficiencia y la libertad de elección son los motores del crecimiento económico.
Por otro lado, los sindicatos temen que la flexibilización regulatoria conduzca a la pérdida de empleos en la industria de reproceso. Argumentan que la obligación de agregar valor al producto nacional es fundamental para generar empleo y promover el desarrollo industrial. Consideran que la desregulación favorece a los exportadores en detrimento de los trabajadores y de la economía interna. Esta visión se sustenta en la idea de que el Estado tiene un rol activo en la protección del empleo y en la promoción de la industrialización.
La Visión Liberal del Gobierno: Desregulación y Eficiencia
La postura del gobierno, representada por un alto funcionario del área económica, se alinea con una visión liberal del desarrollo. Este funcionario defiende la desregulación como un mecanismo para liberar el potencial productivo de las empresas y promover la eficiencia económica. Critica lo que considera una "concepción anacrónica" del rol del Estado y del mercado, que ignora los principios elementales de la economía moderna. En su opinión, el valor agregado no puede imponerse por decreto ni sostenerse mediante pérdidas sistemáticas en la cadena industrial.
El funcionario enfatiza que la creación de valor surge de la eficiencia, la competitividad y la libertad de elección, no de la coerción administrativa ni de regulaciones "absurdas" que inducen a generar valor a costa de la rentabilidad del sector empresarial. Considera que la intervención estatal excesiva distorsiona la lógica productiva y perjudica la capacidad de las empresas para competir en el mercado global. Esta visión se basa en la creencia de que el mercado es el mejor asignador de recursos y que el Estado debe limitarse a crear un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico.
El Calamar como Caso de Estudio: Lógica Económica y Comercio Global
El caso del calamar ilustra la complejidad del debate sobre la intervención estatal. Las primeras capturas de cada temporada suelen corresponder a tallas menores (S y SS), cuyo reproceso resulta técnicamente complejo y económicamente inviable. Forzar su transformación en el mercado interno, cuando la demanda internacional exige el producto en su formato natural, implica desconocer la lógica del comercio global y el principio de eficiencia económica. Los precios en el mercado exterior validan la estrategia de exportar el producto tal como es capturado, asegurando rentabilidad, continuidad operativa y generación de divisas.
La insistencia en agregar valor a un producto que no lo justifica económicamente puede llevar a la quiebra de las empresas y a la pérdida de empleos. Los especialistas coinciden en que integrar etapas productivas sin rentabilidad erosiona la base misma de la actividad que se intenta proteger. En este sentido, la flexibilización regulatoria busca permitir a las empresas tomar decisiones basadas en criterios económicos racionales, en lugar de verse obligadas a cumplir con regulaciones que no tienen sentido desde el punto de vista del mercado.
Un Nuevo Paradigma Productivo: Competitividad y Adaptación
El nuevo marco regulatorio se enmarca en una visión liberal del desarrollo que busca limitar la intromisión estatal en las decisiones estratégicas de las empresas. Sus defensores argumentan que no se trata de desatender el empleo, sino de comprender que solo empresas viables pueden sostener trabajo genuino. La competitividad, insisten, no se decreta: se construye con libertad, innovación y adaptación a la demanda. El desafío radica en fomentar un entorno productivo donde el valor agregado emerja naturalmente, a partir de la necesidad del comprador, haciendo viable la inversión, la tecnología y la cooperación público-privada enfocada con perfil exportador.
En este nuevo paradigma, el Estado debería concentrarse en diseñar políticas macroeconómicas y tributarias que aseguren un entorno favorable para que las empresas puedan decidir sus formas de trabajo, buscando rentabilidad sustentable y desarrollo productivo. Se reconoce a la empresa como la célula esencial del desarrollo, el empleo y la generación de divisas. La acumulación persistente de pérdidas, por el contrario, conduce inevitablemente a la quiebra, con consecuencias negativas para toda la sociedad.
La Adaptabilidad como Clave para la Supervivencia
La advertencia sobre la necesidad de adaptación cobra especial relevancia en un contexto globalizado y en constante cambio. La industria argentina, y en particular la pesquera, debe aspirar a ser libre, eficiente y globalmente integrada, en lugar de quedar prisionera de los "viejos reflejos del intervencionismo sindical". La flexibilidad regulatoria se presenta como una herramienta para facilitar la adaptación a las nuevas condiciones del mercado y para promover la competitividad de las empresas.
La desregulación no implica la ausencia de control estatal, sino un cambio en el enfoque. El Estado debe actuar como un facilitador, creando un marco regulatorio claro y predecible que incentive la inversión y la innovación. También debe fortalecer los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y laborales, pero sin obstaculizar la actividad productiva. La clave está en encontrar un equilibrio entre la protección de los intereses públicos y la promoción del crecimiento económico.
La discusión sobre la flexibilización regulatoria en el sector pesquero argentino es un reflejo de un debate más amplio sobre el rol del Estado en la economía. La búsqueda de un modelo de desarrollo que combine eficiencia económica, protección del empleo y sostenibilidad ambiental es un desafío complejo que requiere un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores involucrados.
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