Canarias y Gobierno Central Acuerdan Acoger a 827 Menores Migrantes: Solución al Conflicto Legal y Presión Asi stencial
La crisis migratoria en las Islas Canarias, particularmente en lo que respecta a la llegada de menores no acompañados, ha alcanzado un punto crítico que ha forzado una intervención sin precedentes del Gobierno central. Tras meses de tensiones y un requerimiento formal del Tribunal Supremo, se ha llegado a un acuerdo histórico: el Estado se hará cargo de 827 menores solicitantes de asilo que actualmente se encuentran bajo la tutela de la comunidad autónoma. Este pacto no solo representa un alivio inmediato para Canarias, que se ha visto desbordada por la afluencia de migrantes, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión de la migración en España y la necesidad de una distribución más equitativa de la responsabilidad.
El Punto de Inflexión: La Resolución del Tribunal Supremo
La situación se complicó significativamente cuando el Tribunal Supremo emitió una orden vinculante exigiendo al Estado la asunción de la responsabilidad sobre los menores no acompañados. El alto tribunal argumentó que la capacidad de acogida de Canarias estaba saturada y que la prolongada espera para la asignación de plazas de protección internacional vulneraba los derechos de los menores. Inicialmente, el Gobierno central se mostró reticente, alegando limitaciones presupuestarias y organizativas. Sin embargo, ante la amenaza de medidas coercitivas, se vio obligado a negociar con las autoridades canarias. El requerimiento del Supremo, reiterado el 5 de junio, marcó un punto de inflexión, obligando a ambas administraciones a buscar una solución coordinada.
La presión judicial no fue el único factor determinante. La creciente preocupación por la situación humanitaria de los menores, muchos de los cuales se encontraban en condiciones precarias en los centros de acogida canarios, también influyó en la decisión del Gobierno. Organizaciones no gubernamentales y defensores de los derechos humanos denunciaron la falta de recursos y la sobrecarga del sistema de protección a la infancia en las islas, lo que generó una fuerte presión pública. La combinación de estos factores obligó al Estado a reconsiderar su postura y a aceptar la necesidad de una intervención más activa.
Los Detalles del Acuerdo: Un Alivio para Canarias
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Canarias implica la transferencia de 827 menores solicitantes de asilo al Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional gestionado por el Ministerio de Migraciones. Este traslado se realizará de forma gradual y coordinada, teniendo en cuenta las necesidades individuales de cada menor. Se ha establecido un Comité Interadministrativo de colaboración que se reunirá semanalmente para evaluar cada expediente y determinar la plaza de acogida más adecuada en el territorio español. La primera reunión de este comité está programada para el 1 de julio.
La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha calificado el acuerdo de "muy positivo", destacando el compromiso de ambas administraciones de anteponer el interés superior del menor. Se estudiará cada expediente de forma individualizada para garantizar que se asignen los recursos y el apoyo necesarios a cada menor, teniendo en cuenta su situación personal y sus proyectos migratorios. El acuerdo también contempla la creación de un mecanismo de coordinación para depurar las bases de datos de ambas administraciones y resolver las discrepancias existentes.
El Proceso de Evaluación y Asignación de Plazas
El proceso de evaluación y asignación de plazas se llevará a cabo de forma rigurosa y transparente. El Comité Interadministrativo analizará cada expediente, teniendo en cuenta factores como la edad del menor, su origen, su situación familiar, sus necesidades específicas y sus preferencias. Se buscará la plaza de acogida más adecuada en el territorio español, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la capacidad de las diferentes comunidades autónomas para ofrecer una atención integral a los menores. Excepcionalmente, se permitirá que algunos menores permanezcan en Canarias si se considera que es lo más beneficioso para su desarrollo.
Para agilizar el proceso, ambas administraciones se han comprometido a tener disponibles los expedientes de los menores "en cuanto el Estado nos diga adónde y en qué dispositivo transitorio". Se ha reconocido la necesidad de evitar que Canarias siga soportando sola la presión migratoria, como ha venido ocurriendo en los últimos años. La directora general de Canarias ha denunciado que en algunos momentos se ha sentido "incluso abandonada", pero ha expresado su satisfacción por haber logrado dejar claro que no se le puede pedir más a la comunidad autónoma.
Desafíos Pendientes y el Futuro de la Gestión Migratoria
A pesar del acuerdo alcanzado, aún quedan desafíos importantes por resolver. La gestión de la migración en España sigue siendo un tema complejo y controvertido, que requiere una respuesta integral y coordinada. La modificación de la ley de extranjería, que se debate actualmente en el Congreso, podría tener un impacto significativo en la distribución de la responsabilidad entre las diferentes comunidades autónomas. Es fundamental garantizar que la nueva ley tenga en cuenta las necesidades específicas de los menores no acompañados y que se establezcan mecanismos efectivos para proteger sus derechos.
El acuerdo entre el Gobierno central y Canarias representa un paso importante en la dirección correcta, pero no es una solución definitiva. Es necesario seguir trabajando para mejorar el sistema de acogida y protección a la infancia, aumentar los recursos disponibles y garantizar una distribución más equitativa de la responsabilidad. La colaboración entre las diferentes administraciones, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil es esencial para abordar este desafío de forma eficaz y humana. La situación de los menores no acompañados es un reflejo de las desigualdades y los conflictos que existen en el mundo, y exige una respuesta solidaria y comprometida por parte de todos.
La transparencia en la gestión de los recursos y la rendición de cuentas son también aspectos cruciales. Es importante que la sociedad civil pueda acceder a la información relevante sobre la situación de los menores no acompañados y que se puedan evaluar los resultados de las políticas implementadas. La participación de las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos en el proceso de toma de decisiones es fundamental para garantizar que se tengan en cuenta las perspectivas de los más vulnerables. La protección de los derechos de los menores no acompañados es una responsabilidad compartida que exige el compromiso de todos.
La Perspectiva Canaria: Una Demanda Histórica
Para Canarias, este acuerdo representa la culminación de una demanda histórica. Durante años, la comunidad autónoma ha reclamado una mayor implicación del Estado en la gestión de la migración, argumentando que la ubicación geográfica de las islas las convierte en una puerta de entrada privilegiada para los flujos migratorios irregulares. La sobrecarga del sistema de acogida canario ha generado tensiones sociales y políticas, y ha puesto en riesgo la calidad de la atención que se presta a los menores no acompañados. El acuerdo alcanzado con el Gobierno central supone un alivio inmediato para Canarias, pero también abre la puerta a una mayor colaboración y a una distribución más equitativa de la responsabilidad.
La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias ha garantizado que la comunidad autónoma seguirá luchando "por el derecho que tienen estos menores a esa plaza de asilo", independientemente del reparto que pueda producirse por la modificación de la ley de extranjería. Se ha dejado claro que Canarias no puede seguir soportando sola esta presión, y que se necesita una respuesta coordinada y solidaria por parte de todas las administraciones. El futuro de la gestión migratoria en España dependerá de la capacidad de las diferentes partes para trabajar juntas y encontrar soluciones sostenibles que protejan los derechos de los migrantes y garanticen la cohesión social.
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