Caso Ayuso: el novio de la presidenta declara por fraude fiscal millonario
Alberto González Amador, pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, deberá comparecer ante la justicia el próximo lunes para responder por su presunta implicación en un caso de fraude fiscal. Pese a los intentos por silenciar el asunto, las pesquisas han desvelado un entramado de corrupción que salpica a las más altas esferas del poder.
El Origen del Megafraude
El caso salió a la luz en marzo de 2023, cuando el medio digital 'eldiario.es' publicó un informe que acusaba a Amador de defraudar a Hacienda más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 mediante una intrincada trama de facturas falsas y sociedades pantalla. La Fiscalía Provincial de Madrid inició una investigación y presentó una denuncia formal el 5 de marzo, basándose en un informe de la Agencia Tributaria que exponía las irregularidades detectadas.
El Mecanismo del Fraude
El informe de la Agencia Tributaria señalaba que Amador había incurrido en dos delitos de fraude fiscal en el Impuesto de Sociedades, por un importe de 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021. Además, también se le imputaba falsedad documental por presentar facturas falsas emitidas por empresas externas con el objetivo de reducir los beneficios declarados por sus sociedades.
Sociedades Pantalla y Beneficios Ocultos
Las empresas investigadas, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medio Ambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, son propiedad exclusiva de Alberto González Amador y han sido claves en el presunto fraude. La segunda de ellas, adquirida a finales de 2020, habría sido utilizada como una sociedad pantalla para desviar parte de los cuantiosos beneficios obtenidos durante la pandemia.
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Falsificación de Facturas
La Agencia Tributaria ha detectado 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman un total de 1,7 millones de euros. Estas facturas, presentadas por varias sociedades, tenían como objetivo desgravar gastos no realizados, reducir los beneficios declarados y evadir el pago de impuestos por un importe que asciende a aproximadamente 350.000 euros.
La Respuesta de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid ha intentado restar importancia a las acusaciones, llegando incluso a acusar a los medios de comunicación de estar politizando el asunto. Sin embargo, las pruebas aportadas por la Agencia Tributaria y la Fiscalía han puesto en entredicho la credibilidad de estas declaraciones y han abierto una profunda crisis política que afecta directamente a la imagen de la presidenta regional.
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