Cementerio de Patrulleros: La Crisis Policial en Buenos Aires y el Despilfarro de Kicillof
La imagen es desoladora: un cementerio de vehículos policiales, un testimonio silencioso del fracaso en la gestión de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. Más de 4.000 patrulleros abandonados, corroídos por el tiempo y la falta de mantenimiento, se amontonan en un predio de Tolosa, a escasos kilómetros de La Plata. Este depósito, lejos de ser un simple problema logístico, es un símbolo de la crisis de confianza en las fuerzas de seguridad y una acusación directa a la administración del gobernador Axel Kicillof. La inversión millonaria en nuevas unidades parece diluirse en un ciclo vicioso de adquisición, deterioro y abandono, dejando a la policía provincial con recursos limitados para combatir la creciente inseguridad. Este artículo explorará en profundidad las causas de este fenómeno, las consecuencias para la seguridad ciudadana y las posibles soluciones a un problema que se ha convertido en una constante en la vida de los bonaerenses.
- El Cementerio Automotor de Tolosa: Un Diagnóstico de la Crisis
- La Falta de Mantenimiento y la Escasez de Repuestos: El Corazón del Problema
- Causas Judiciales y Trámites Burocráticos: Un Laberinto Administrativo
- Presuntos Sobreprecios y Denuncias de Corrupción: La Sombra de la Irregularidad
- El Valor de la Chatarra y la Oportunidad Perdida
El Cementerio Automotor de Tolosa: Un Diagnóstico de la Crisis
El predio de diez hectáreas, ubicado junto a las vías del ferrocarril Roca, es un claro reflejo de la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos. Los vehículos, muchos de ellos con apenas 36 meses de antigüedad, presentan diversos grados de deterioro: choques, fallas mecánicas, falta de repuestos y, en muchos casos, simplemente el abandono. La situación ha llevado a que la Bonaerense sea descrita, por fuentes oficiales, como una “máquina de destrozar automóviles”. La alta demanda de uso, con patrulleros recorriendo entre 10.000 y 14.000 kilómetros mensuales para cubrir las 1.050 cuadrículas del Gran Buenos Aires, es un factor que contribuye al rápido desgaste de las unidades. Sin embargo, la falta de un programa de mantenimiento preventivo y la escasez de repuestos agravan el problema, condenando a muchos vehículos a una muerte prematura.
La acumulación de patrulleros inutilizados no es un fenómeno reciente. Entre 2019 y 2023, la provincia dio de baja y compactó 3.569 vehículos, mientras que se incorporaron 5.030 nuevos. Las cifras de adquisición muestran fluctuaciones significativas, con un pico de 2.972 unidades en 2021 y una caída drástica a 553 en 2022. Bajo la gestión del exministro Sergio Berni, la renovación de la flota fue irregular, y la situación no ha mejorado sustancialmente con el actual ministro Javier Alonso, a pesar de las recientes adquisiciones. La falta de planificación a largo plazo y la burocracia excesiva impiden que los recursos se utilicen de manera eficiente, perpetuando el ciclo de deterioro y abandono.
La Falta de Mantenimiento y la Escasez de Repuestos: El Corazón del Problema
A pesar de contar con 38 talleres propios, la capacidad de recuperación de los patrulleros es mínima. Los galpones, aunque cuentan con personal, carecen de los repuestos necesarios para realizar las reparaciones. Un comisario del conurbano relató la espera de tres meses por tres baterías en 2024, un ejemplo claro de la lentitud y la ineficiencia del sistema. Una vez que un vehículo queda radiado, es prácticamente imposible que vuelva a circular, lo que contribuye a la acumulación de unidades en el cementerio de Tolosa. La falta de un inventario adecuado de repuestos y la dificultad para acceder a ellos generan demoras que se traducen en la pérdida de unidades operativas y, en última instancia, en una menor capacidad para combatir el delito.
La situación se agrava con la falta de grabado de autopartes y la ausencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Un exfuncionario de Seguridad señaló que el 90% de los patrulleros no superaría la inspección técnica, debido a la falta de las obleas y a los fallos mecánicos. El grabado, obligatorio por ley, no se realiza en la mayoría de los casos, lo que facilita el robo de autopartes y dificulta la identificación de los vehículos. La combinación de estos factores crea un círculo vicioso de deterioro y abandono, que socava la capacidad de la policía para garantizar la seguridad ciudadana.
Causas Judiciales y Trámites Burocráticos: Un Laberinto Administrativo
De los 4.000 vehículos acumulados en Tolosa, 1.820 se encuentran en proceso de baja, mientras que los restantes 2.200 no pueden ser compactados debido a problemas administrativos. Estos vehículos provienen de causas judiciales o fueron incautados sin que se completara el traspaso de dominio, lo que impide que la provincia pueda disponer de ellos. El laberinto burocrático y la lentitud de la justicia obstaculizan la gestión de estos vehículos, prolongando su abandono y ocupando espacio en el cementerio automotor. La falta de coordinación entre los diferentes organismos del Estado y la complejidad de los trámites administrativos contribuyen a la ineficiencia del sistema.
La falta de planificación operativa también afecta el reciclaje de autopartes. Según operarios del predio, las unidades suelen llegar sin ópticas ni paragolpes, las piezas que se dañan con mayor frecuencia en los accidentes. Además, el blindaje parcial o total de los patrulleros impide reutilizar muchas piezas, lo que dificulta el intercambio de repuestos y aumenta los costos de reparación. La falta de una estrategia integral para la gestión de los vehículos policiales perpetúa el ciclo de deterioro y abandono, y limita la capacidad de la provincia para optimizar sus recursos.
Presuntos Sobreprecios y Denuncias de Corrupción: La Sombra de la Irregularidad
Uno de los aspectos más polémicos de la gestión de la flota policial se vincula con presuntos sobreprecios en la compra de vehículos. El diputado provincial Luciano Bugallo denunció ante la justicia al gobernador Kicillof y al ministro Alonso por la compra directa de 12 Fiat Cronos 1.3 GSE a un precio de $56.416.566,26 cada uno, más del doble del valor de mercado. La causa, radicada en la fiscalía de Juan Condomí Alcorta en los tribunales de La Plata, avanza a paso lento, lo que genera sospechas sobre la transparencia de la gestión. La denuncia de Bugallo pone de manifiesto la necesidad de una mayor supervisión en la contratación pública y de una investigación exhaustiva de las irregularidades.
A pesar de la inversión millonaria en nuevos patrulleros, que supera los US$10 millones hasta el primer trimestre de 2025, la provincia sigue sin poder garantizar la presencia efectiva de la policía en las calles. Entre 800 y 1.200 unidades terminan desguazadas en Tolosa cada año, mientras el delito y el miedo ganan terreno. La falta de una gestión eficiente de los recursos y la sospecha de corrupción socavan la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de seguridad y dificultan la lucha contra la delincuencia.
El Valor de la Chatarra y la Oportunidad Perdida
La chatarra acumulada en el cementerio de Tolosa podría tener un valor de entre $14.000 y $18.000 millones si se la estimara a precios de mercado como piezas para “resteras” (empresas especializadas en restos vehiculares). Sin embargo, ese monto es puramente hipotético, ya que la complejidad de los trámites administrativos y la falta de una estrategia clara impiden convertir la chatarra en recursos económicos. La oportunidad de generar ingresos a partir de la venta de la chatarra se pierde debido a la ineficiencia del sistema y a la falta de voluntad política para abordar el problema.
La situación del cementerio automotor de Tolosa es un claro ejemplo de la necesidad de una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. La inversión en nuevos patrulleros debe ir acompañada de un programa de mantenimiento preventivo, una gestión adecuada de los repuestos y una simplificación de los trámites administrativos. Además, es fundamental investigar las denuncias de corrupción y garantizar la transparencia en la contratación pública. Solo así se podrá revertir la situación actual y garantizar la seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires.
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