Cese del Fiscal General: ¿Puede Feijóo Forzar la Destitución de García Ortiz?

La reciente solicitud del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para el cese del Fiscal General del Estado, ha abierto un debate jurídico y político de gran envergadura. La controversia surge en un contexto delicado, marcado por el procesamiento del propio Fiscal General y las acusaciones de parcialidad. Este artículo analiza en profundidad las posibilidades legales de destituir a García Ortiz, las limitaciones que enfrenta el Gobierno, y las implicaciones de esta situación inédita para el sistema judicial español. La pregunta central es si el procesamiento de un Fiscal General constituye un motivo suficiente para su cese, o si prevalece la presunción de inocencia y la independencia del Ministerio Fiscal.

El Contexto Político y la Solicitud de Feijóo

La ofensiva de Feijóo contra el Fiscal General se produce en un momento de alta tensión política, con acusaciones cruzadas entre el PP y el PSOE. El líder popular ha denunciado una supuesta injerencia del Gobierno en la justicia y ha calificado la situación de García Ortiz como "inédita en democracia". Su argumento principal es que no puede ser quien persigue delitos quien presuntamente los ha cometido, refiriéndose al procesamiento del Fiscal General por presuntas irregularidades en la investigación de la denuncia contra Pablo Ruiz, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La petición de cese ha generado una fuerte reacción en el Congreso de los Diputados y ha puesto en el centro del debate la independencia del Ministerio Fiscal y la separación de poderes.

La intervención de Feijóo se centró en cuestionar la legitimidad del Fiscal General para continuar en el cargo mientras enfrenta un proceso judicial. El líder del PP acusó al Gobierno de proteger a García Ortiz y de encerrarse en un "búnker de los autócratas". Además, criticó la respuesta del ministro de Transportes, quien sugirió que el Tribunal Supremo trabaja para el Gobierno, lo que interpretó como una prueba de la falta de independencia judicial. La solicitud de cese se basa en la idea de que la credibilidad del sistema judicial se ve comprometida si el Fiscal General es percibido como parcial o sospechoso.

Las Competencias del Gobierno para el Cese del Fiscal General

La legislación española establece un marco legal muy específico para el cese del Fiscal General del Estado. Las competencias del Gobierno al respecto están "cogidas con pinzas", como señalan fuentes del Ministerio de Justicia. El cese no puede ser arbitrario ni motivado únicamente por razones políticas. Debe existir una causa legalmente establecida que justifique la destitución. Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, las causas de cese son limitadas y específicas: petición propia del Fiscal General, incompatibilidades o prohibiciones legales, incapacidad o enfermedad que impida el ejercicio del cargo, incumplimiento grave o reiterado de funciones, o cese del Gobierno que lo nombró.

El Ministerio de Justicia ha manifestado que el procesamiento del Fiscal General no constituye, por sí solo, un motivo suficiente para su cese. Argumentan que el incumplimiento debe ser "efectivo" y que, en este caso, García Ortiz ha perseguido el delito y ha contado la verdad. La presunción de inocencia juega un papel fundamental en este análisis, ya que el procesamiento implica que el incumplimiento no ha sido probado judicialmente. El Gobierno se enfrenta a un dilema legal y político: si cede a las presiones del PP y destituye al Fiscal General, podría ser acusado de vulnerar la independencia judicial y la presunción de inocencia. Si, por el contrario, mantiene a García Ortiz en el cargo, podría ser acusado de proteger a un funcionario procesado.

El Incumplimiento Grave de Funciones: ¿Un Motivo Válido?

La clave para determinar si el Gobierno puede cesar al Fiscal General reside en la interpretación del concepto de "incumplimiento grave de funciones". La pregunta es si el procesamiento por presuntas irregularidades en una investigación constituye un incumplimiento lo suficientemente grave como para justificar la destitución. Las fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que no, ya que el incumplimiento no ha sido probado y prevalece la presunción de inocencia. Sin embargo, el PP insiste en que el Fiscal General ha actuado de forma negligente o dolosa, lo que podría considerarse un incumplimiento grave.

La dificultad radica en que no existe una jurisprudencia clara sobre este tema. Nunca antes un Fiscal General había sido procesado mientras estaba en el cargo, por lo que no hay precedentes que sirvan de guía. La decisión final dependerá de la interpretación que haga el Gobierno de la ley y de la valoración de las pruebas presentadas en el proceso judicial. Además, el Gobierno debe tener en cuenta las implicaciones políticas de su decisión, ya que cualquier medida que tome será objeto de controversia y críticas.

La Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal y su Impacto Futuro

La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2028, introduce cambios significativos en la forma en que se nombra y se destituye al Fiscal General. A partir de esa fecha, la responsabilidad del nombramiento recaerá en el Consejo General del Poder Judicial, lo que reforzará la autonomía del Ministerio Fiscal. Esta reforma busca evitar la politización del cargo y garantizar la independencia del Fiscal General. Sin embargo, no afecta a la situación actual de García Ortiz, ya que la reforma se aplicará a los nombramientos futuros.

La reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal también establece nuevos mecanismos para garantizar la rendición de cuentas del Fiscal General. Se prevé la creación de un comité de control parlamentario que supervisará la actuación del Ministerio Fiscal y podrá solicitar información y comparecencias. Esta medida busca aumentar la transparencia y la responsabilidad del Fiscal General ante la sociedad. La reforma es un paso importante para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la independencia del poder judicial.

El Escenario Post-Proceso Judicial: Posibles Consecuencias

En caso de que el proceso judicial contra García Ortiz concluya con una condena, el escenario cambiaría radicalmente. En ese caso, el Consejo de Ministros podría determinar el incumplimiento de alguno de los pretextos mencionados anteriormente, como el incumplimiento grave de funciones. La condena judicial sería una prueba irrefutable de que el Fiscal General ha cometido un delito y, por lo tanto, ha incumplido sus funciones de forma grave. Sin embargo, incluso en este caso, el Gobierno debe actuar con cautela y respetar los derechos del Fiscal General.

La destitución de un Fiscal General condenado por un delito podría generar una crisis institucional y poner en tela de juicio la credibilidad del sistema judicial. Por lo tanto, el Gobierno debe sopesar cuidadosamente las consecuencias de su decisión y actuar de forma transparente y responsable. Además, debe garantizar que el proceso de destitución se ajuste estrictamente a la ley y respete los derechos del Fiscal General. La situación actual es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones entre el poder judicial y el poder político, y de la importancia de garantizar la independencia del Ministerio Fiscal.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/puede-gobierno-cesar-fiscal-general-pide-feijoo.html